EN EL PAÍS
Preocupa mecanismo de blindaje para magistrados de la CC
El abogado y experto en derecho constitucional Edgar Ortiz calificó de grave y preocupante la publicación hecha ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que se reportó un incremento significativo de amenazas reales y tangibles contra la integridad de sus magistrados, lo que conllevó a la alta instancia a implementar un mecanismo de blindaje institucional supuestamente para minimizar el riesgo de sus integrantes.
La decisión fue publicada ayer en el Diario de Centro América mediante la Resolución 01-2024, en la cual la CC confirmó que toda la información relacionada con la seguridad de las autoridades será declarada bajo reserva por siete años.
La protección incluye la reserva de datos sobre los esquemas de seguridad de los togados, la identificación del personal de seguridad, la descripción del tipo de armamento y la asignación de
vehículos a los funcionarios.
Transparencia
Ortiz enfatizó la necesidad de transparencia y comunicación hacia la población. “Desde la Presidencia de la Corte o del Pleno se debería dar información a la población de lo que está ocurriendo, porque en todo caso es grave que los magistrados estén amenazados”, comentó.
Además, recomendó realizar las denuncias correspondientes y coordinar con instituciones como el Ministerio de Gobernación para garantizar la protección de los funcionarios.
Los cinco magistrados constitucionales, Néster Vásquez, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus gozan del privilegio de seguridad personal, tienen asignados guardaespaldas y vehículo blindado. De ellos, solo Lemus tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el pasado 13 de enero.
EFE
Decenas de autoridades indígenas de toda Guatemala se manifestaron este viernes en la sede de las comisiones de postulación que se encuentran eligiendo a los nuevos magistrados del Supremo y salas de Apelaciones, para exigir un proceso transparente y que se descarte a los candidatos que están acusados de corrupción.
“Este es un proceso muy importante pero ha sido viciado desde el inicio, lo han retrasado y luego no aceptaron las tachas contra candidatos acusados de corrupción, es muy lamentable porque es notable la falta de honorabilidad y transparencia”, indicó a EFE Feliciana Herrera, representante del pueblo maya Ixil.
Las autoridades indígenas viajaron a la Ciudad de Guatemala para exigir a las comisiones de postulación que selecciones a candidatos idóneos para los altos cargos y que carezcan de tachas.
El proceso de elección de magistrados del Supremo es responsabilidad de una comisión, que está integrada por cinco magistrados actuales, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang).
Esta comisión recibió los expedientes de quienes se postulan para los cargos y los califica según sus capacidades e idoneidad para conformar una lista de 26 candidatos de los cuales 13 serán nombrados como magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia por los diputados del Congreso.
Este fin de semana es determinante porque la lista de candidatos para salas de Apelaciones debe ser integrada antes del domingo.
El proceso ha sido criticado porque fiscales y jueces acusados de criminalizar a actores anticorrupción y socavar casos de alto impacto han recibido calificaciones altas y continúan con aspiraciones de integrar cortes.
Bajo el actual funcionamiento de las cortes, decenas de periodistas, jueces y fiscales que llevaban casos de alto impacto los ha investiga la Justicia, algunos enviados a prisión y otros obligados a exiliarse.
El periodista José Rubén Zamora fue apresado en julio de 2022 luego de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei, y ahora el juez Jimmy Bremer, acusado de retardar el proceso contra Zamora, busca su elección como magistrado de sala.
El pasado martes, el presidente Bernardo Arévalo pidió a las Comisiones de Postulación actuar con transparencia y aseguró que el país está en un “momento crítico” y el resultado de esta elección será determinante.
La Estrategia de Mejoramiento de los Aprendizajes (EMA), creada el 27 de diciembre de 2023 por el anterior gobierno, para los estudiantes de primaria y media de los centros educativos públicos fue derogada por medio del Acuerdo Ministerial 2863-2024, del Ministerio de Educación (Mineduc), publicado hoy en el Diario Oficial.
“Como respuesta a los resultados de la evaluación Aprende+, que se preparó y ejecutó para que los docentes realizaran un diagnóstico de los estudiantes al momento de retornar a las aulas después de la pandemia de Covid-19”, se creó la EMA y “al no tener efectos prácticos y legales su propósito se considera prudente” darla de baja, se indica en uno de los considerandos de la publicación de la cartera educativa.
De esa cuenta, “los procedimientos, instructivos, guías, acciones, lineamientos o directrices emitidas (en el marco de la EMA) quedan sin efecto”, remarca el aludido acuerdo.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha aprobado un total de 2 mil 232 residencias temporales y mil 300 residencias permanentes entre el 3 de enero y el 19 de septiembre de este año.
El estatus migratorio ordinario por residencia temporal permite a una persona extranjera su permanencia regular en el país por un plazo determinado, el cual podrá prorrogarse. Sin embargo, si se desea ampliar la estadía en Guatemala por más de cinco años, deberá aplicar a una residencia permanente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Migración, salvo para los residentes temporales como estudiantes, quienes pueden prorrogar su residencia temporal por todo el tiempo que duren sus estudios.
Por otro lado, el estatus migratorio por residente permanente se refiere a las personas que, además de cumplir con otros requisitos legales, desean adquirir domicilio en Guatemala, lo cual está establecido en el reglamento correspondiente.
Residencias Temporales
Entre las residencias temporales otorgadas se destacan las siguientes:
– Trabajadores migrantes: 738 residencias
– Ministros de culto o religiosos: 680 residencias
– Estudiantes: 320 residencias
– Refugiados o asilados políticos: 154 residencias
– Intelectuales, investigadores y científicos: 43 residencias
– Deportistas: 5 residencias
– Inversionistas: 2 residencias
Además, se gestionaron 290 prórrogas de residencia temporal.
Residencias Permanentes
La institución también aprobó 1,300 residencias permanentes,
– Familiares dentro de los grados de ley, de persona guatemalteca con otra nacionalidad: 652 residencias
– Nacidos en otros países de Centroamérica tras haber sido residentes temporales por un año: 189 residencias
– Personas extranjeras que fueron residentes temporales por cinco años o más: 118 residencias
– Por matrimonio o unión de hecho con guatemaltecos: 288 residencias
– Rentistas o pensionados: 53 residencias
Los formularios para estos trámites están disponibles en https://igm.gob.gt/formularios-tramites-de-extranjeria/
Para más información sobre los servicios de Extranjería, puede ingresar a igm.gob.gt o seguir las redes sociales institucionales como @MigracionGuate.
