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Precariedad caracteriza servicios de salud en Ixcán
El gobierno de Bernardo Arévalo trabaja en resolver los problemas heredados por sus antecesores y reflejados en condiciones deplorables y escasez de recursos.
En la remota área de Ixcán, Quiché, la salud de la población se debate entre la precariedad y la urgencia. Lo que en papeles es un Centro de Salud Tipo A, reconocido como Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi), hoy opera como un hospital nacional de facto que sirve, en condiciones deplorables, a aproximadamente 120 mil personas.
Ubicado dentro de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala, este centro ha estado funcionando los últimos 22 años en instalaciones no aptas para la atención hospitalaria, pese a que en 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina inició la construcción del Hospital de Ixcán, al cual se le otorgó el nombre de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, obra que quedó a medias por falta de pago a la empresa ejecutora.
Desde la carencia de espacios adecuados hasta la escasez de insumos y equipamiento médico, las deficiencias son evidentes en cada rincón del Caimi.
Las áreas que deberían ser estériles tienen ventanas rotas que dejan entrar polvo y suciedad, mientras que los pisos agrietados y con agujeros se convierten en espacios para la acumulación de sangre y otros fluidos corporales.
El moho se cierne en las paredes y techos, evidenciando la falta de mantenimiento y la constante presencia de humedad, como constató el Diario de Centro América.
A pesar de atender un promedio de 80 pacientes diarios y hasta 16 partos en un día, el lugar carece de camas suficientes. Las áreas de Ginecología, Maternidad y posparto se ven especialmente afectadas, con solo 14 espacios disponibles para una demanda abrumadora, por lo que han tenido que habilitar un corredor para pospartos, donde las pacientes y sus recién nacidos permanecen prácticamente a la intemperie.
En días de alta afluencia, los lechos se comparten entre enfermos, con hasta dos personas alojadas en un solo espacio.
Esta situación no solo compromete su privacidad y bienestar, sino aumenta el riesgo de infecciones cruzadas y complicaciones médicas. Esto y otros factores han incrementado, en los últimos 10 años, los decesos del 8 al 17 por ciento.
Quirófano y áreas críticas
El quirófano, una vez almacén de armamento militar, no cumple con estándares mínimos de higiene y seguridad para cirugías. Las paredes manchadas por el óxido y el reciente desprendimiento de revestimientos del techo son una muestra de las preocupantes condiciones.
El área de neonatología tampoco está exenta de problemas, con una sola incubadora y dos módulos térmicos para el cuidado de hasta seis bebés prematuros, ubicados en el mismo espacio donde se realizan partos y se atienden posoperatorios de cesáreas.
La escasez de fármacos, insumos y equipamiento médico agrava aún más la situación. Con niveles de abastecimiento por debajo del 80 por ciento para las necesidades de una atención respetable, los pacientes enfrentan dificultades para recibir tratamientos convenientes y oportunos.
Otros desafíos
Para aquellos que necesitan atención especializada, el camino hacia hospitales adecuados implica viajar largas distancias. Los centros de atención más cercanos se encuentran hasta tres horas de
camino en vehículo.
El director del centro, Erwin Tot, explicó que la situación es un llamado urgente para actuar. “La población de aquí merece acceso a una atención médica digna y segura, y es responsabilidad de las autoridades garantizarla”, afirmó.
Tot resaltó que se necesitan inversiones significativas en infraestructura, recursos humanos y equipamiento médico. “Más allá de las promesas políticas, se requiere de un compromiso genuino y sostenido, que asegure que ningún paciente sea abandonado debido a la falta de atención adecuada”, agregó.
Visita y posible solución
Ana Luisa Olmedo, portavoz del Ministerio de Salud, explicó que el Viceministerio de Atención Primaria realizó una evaluación del servicio. “Sabemos las condiciones en las que están y al ministerio le preocupa y se enfoca en resolverla”, informó Olmedo.
Por solicitud del alcalde municipal, Roberto Sub, la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) coordinó a inicios de abril una visita de campo para constatar las condiciones en las que se encuentra el Caimi. “Está por colapsar, y las personas no pueden seguir recibiendo atención en ese lugar”, explicó en una entrevista la comisionada Alida Arana Vicente.
Añadió que en esa ocasión se acordó con las autoridades municipales y del MSPAS que el Caimi podría trasladarse, en mayo próximo, a unas nuevas instalaciones propiedad de la comuna, para lo cual la municipalidad y la cartera salubrista tendrán que concretar un acuerdo interinstitucional en el corto plazo.
Promesas incumplidas y obra abandonada
El Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) en Ixcán, Quiché, carece de instalaciones adecuadas, mientras a menos de siete kilómetros yace abandonada la construcción del Hospital Nacional Roxana Baldetti, desde hace más de una década.
Prometido como un faro de desarrollo para la región, el nosocomio, cuya primera piedra fue colocada en abril de 2014 por la entonces vicepresidenta, se ha convertido en una prueba más de la corruptela.
La empresa contratada, Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales (Sercco), recibió un contrato por 79 millones 630 mil quetzales. Aunque se pagó un anticipo de 15 millones 926 mil quetzales en 2013, la obra nunca se completó, dejando una deuda pendiente y una comunidad desatendida.
A pesar de los intentos recientes de supervisión por parte del Ministerio de Salud y de la Copresam, el acceso al sitio ha sido denegado por guardianes contratados por Sercco.
Mientras tanto, el monte crece sobre estructuras de hierro oxidadas, recordando a la comunidad que las promesas incumplidas tienen un costo humano.
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Se rompe quorum al ingreso de titular del Mingob
Falla primer intento por interpelar a los ministros de Gobernación, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.
Al filo del mediodía y justo cuando el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se preparaba para ser interpelado por la diputada Sandra Jovel, de Valor, el quorum que se había mantenido en el Congreso durante casi cuarenta minutos se rompió.
Poco antes, cuando se sometió a votación la solicitud del funcionario de utilizar audiovisuales que sirvieran de apoyo para responder, había en el Hemiciclo 92 legisladores y luego, cuando se le pidió que ingresara, ese número empezó a bajar hasta llegar a 74, cifra insuficiente para continuar con la sesión extraordinaria.
“Ustedes, que cubren el Congreso, saben mejor que yo los juegos parlamentarios y ahí no tengo yo mayor comentario”, expresó Jiménez cuando se aprestaba a abandonar el Palacio Legislativo.
Las declaraciones las dio desde un podio en el Salón Pasos Perdidos al que llegó con dificultad, debido a la cantidad de periodistas que buscaban entrevistarlo, para ser consultado sobre ese hecho.
El quorum solo alcanzó para alterar el orden del día y juramentar a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Francisco Marroquín y Mariano Gálvez, Arturo Saravia y Luis Ruano, respetivamente, quienes se incorporan a las comisiones de Postulación para cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones.
Empezó con retraso
La sesión extraordinaria estaba programada para las 10:00, pero empezó una hora y 10 minutos tarde. Durante ese tiempo, Jiménez esperó en una sala el inicio del interrogatorio.
“Seguimos trabajando y trasladamos el despacho ministerial al espacio que no se nos ha concedido para estar presentes”, remarcó el titular de la cartera del Interior, tras señalar que estará atento al nuevo llamado para rendir cuentas de su gestión.
Cuando él hablaba con los medios de comunicación, el canciller Carlos Martínez, quien también esperaba ser interpelado, abandonó el Congreso de la República.
Ausentes
De acuerdo con dicho órgano del Estado, a la sesión extraordinaria no se presentaron 52 diputados de los cuales 42, que representan el 80.7 por ciento del total, fueron de Vamos (14), UNE (12), Cabal (8) y Viva (8).
El resto fue independientes (2) y de Elefante, Todos, VOS, Creo, Bien y Nosotros, con uno por bloque.
A pesar de que se anunció una manifestación ciudadana en rechazo al actuar del Legislativo, esta no se concretó. Sin embargo, desde antes de la sesión extraordinaria se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para brindar seguridad al recinto parlamentario, diputados y
personal que labora allí.
En voz de expertos
El analista político Renzo Rosal dijo que no se pudo iniciar con la rendición de cuentas de Jiménez “porque hay varios diputados que se dan cuenta de que quienes están buscando la interpelación, no tienen fundamento; es decir, no hay materia para ello y sí propósitos espurios y políticos particulares que no se justifican”.
Fernando Bon, director ejecutivo de Alianza por un Congreso Eficiente, manifestó que el
quorum se alcanzó inicialmente porque se quería juramentar a los dos integrantes que faltaban en las postuladoras.
Recordó que ellos han sido críticos con las interpelaciones. “En los últimos años se han usado como un medio de presión al Ejecutivo”, agregó.
Los ciudadanos deben exigir que se respete la labor, independencia y seguridad de los integrantes de las comisiones de Postulación de candidatos a magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, así como el cese de la criminalización, indicaron líderes de la sociedad civil y projusticia.
“Estas instancias están siendo objeto de presiones por parte de estructuras paralelas que desean que continúe la impunidad en el país”, expresó Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
“Pedimos a los guatemaltecos estar atentos al desarrollo de estas elecciones de magistrados, por la importancia de la justicia independiente a la paz, democracia y gobernanza”, expresó Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y extogada de la CSJ.
Los activistas, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, recordaron que no es ningún secreto que las postuladoras y algunos decanos han recibido amenazas.
Las estructuras paralelas continúan con presiones contra quienes han destacado por su independencia, dijo Juan Pablo Muñoz, coordinador de Alianza por las Reformas.
Por su parte, la abogada María Eugenia Solís dijo que los procesos de elección pueden ser afectados por el uso excesivo de amparos y ocasionar retrasos como en 2019.
Entre otras entidades que se pronunciaron están Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija´, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Movimiento por la Democracia, Movimiento Projusticia, Otra Guatemala Ya y Red de No Violencia contra la Mujer.
Juramentan a decanos
Las comisiones de Postulación ya están completas, pues el Congreso juramentó ayer a los decanos de Derecho de las universidades Mariano Gálvez (UMG) y Francisco Marroquín (UFM), Luis Ruano y Arturo Saravia, respectivamente.
La ausencia de ambos impedía las sesiones de las postuladoras. “Trabajaremos con independencia y con el compromiso de postular a los mejore perfiles”, dijo Ruano, quien confirmó que el Ministerio Público los investiga.
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Exigen que cesen persecuciones arbitrarias
Organizaciones internacionales se pronuncian ante deterioro de la democracia en el país.
Foto: cortesía CIDH
Hacer un llamado al Estado de Guatemala, principalmente al Ministerio Público (MP), para que cesen de inmediato las persecuciones arbitrarias, así como que se inste a la Corte de Constitucionalidad (CC) a garantizar la elección de magistrados de cortes de manera imparcial e independiente, son parte de los planteamientos que entidades internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos hicieran, por medio de un comunicado, a la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, que realiza una visita, atendiendo una invitación del Gobierno.
En el pronunciamiento, las instancias, entre las que resaltan el Centro de la Justicia por el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), Impunity Watch, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés) y el Centro de Movilización Christar (CMCUS, en inglés), señalaron que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, continúa encubriendo grandes casos de corrupción cometidos por gobiernos pasados.
También, que Porras persigue a defensores humanitarios, periodistas, fiscales, exoperadores de justicia y a quienes integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en represalia por su trabajo anticorrupción.
Como consecuencia de la criminalización, debieron salir al exilio, tienen procesos penales activos en su contra o en riesgo de criminalización, señalaron.
Se recordó que la última en salir de Guatemala fue la exfiscal Virginia Laparra. Lizandro Acuña, experto del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comentó que la Fiscalía, que por mandado constitucional es el ente investigador, con autonomía e independencia, debe basarse en sus principios que le obligan a una persecución penal objetiva en la que prevalezca el debido proceso y respeto a las garantías fundamentales.
Por su parte, el constitucionalista Edgar Ortiz expresó que el pronunciamiento de las instancias subraya el estado precario de la justicia en el país y el hecho innegable de que la persecución a ciertos opositores ha sido la regla en estos años.
Señales que envían el MP, CSJ y CC
- MP pide informes a cuerpos electorales
- Fiscalía persigue a magistrados del TSE
- Constante suspensión de audiencias de periodista Jose Rubén Zamora y exfiscal Stuardo Campo
- Exilio de exfiscal Virginia Laparra condenada dos veces
- Sin avance solicitud de antejuicio contra Fiscal General
- Resoluciones que favorecen a destituidos de cargos por no ser idóneos, como el caso Bantrab
- Investigación a decanos que integran comisiones de postulación
- Averiguaciones contra secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, Santiago Palomo
