EN EL PAÍS
Plan apunta al fortalecimiento de la seguridad democrática
Estrategia prioriza mejoras para la PNC, construcción de cárcel para penas graves y protección de fronteras.
En un esfuerzo por consolidar un entorno seguro y justo para todos los ciudadanos, el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, ha delineado sus prioridades en el eje Seguridad Democrática.
Siguiendo el plan del Ejecutivo, se prevé una inversión significativa en el fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de combatir la delincuencia de manera contundente y asegurar la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía.
Parte central de esta iniciativa es el abordaje estratégico de delitos con alto impacto, como las extorsiones. Para ello, se proyectan resultados a corto y mediano plazo.
12 mil policías contempla incorporar a la Policía el Organismo Ejecutivo.
La inversión está dirigida a reforzar el marco institucional de la seguridad pública. Esto implica un robustecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), la profesionalización de los servicios de inteligencia, el control efectivo de los centros penitenciarios y un enfoque reforzado en la vigilancia de fronteras marítimas, aéreas y terrestres para enfrentar el crimen transnacional.
Entre las estrategias para la prevención y seguridad ciudadana en los próximos cuatro años, se destaca la desarticulación de bandas delictivas mediante el uso eficiente de la inteligencia civil y la investigación criminal.
La edificación de una nueva cárcel para penas graves, con una inversión de Q1.1 millardos, es una apuesta clave para eliminar el control de las prisiones. Este modelo de gestión penitenciaria, más seguro y actualizado, apunta a aislar a reos peligrosos y redefinir la política penitenciaria.
El compromiso de recuperar las calles para la ciudadanía se reflejará en el apoyo a la PNC, con la adición de 12 mil nuevos elementos y la implementación de un plan integral de policía comunitaria que trabaje de la mano con la población. Además, se realizará una inversión de Q1.2 millardos para la construcción y mejora de las instalaciones de la PNC.
Al menos cuatro mil docentes y personal técnico administrativo, así como maestros de formación física serán contratados para reforzar la educación media durante 2025, informó ayer la ministra de Educación, Anabella
Giracca, quien acompañó al presidente Bernardo Arévalo durante su TikTok semanal.
Giracca explicó que la cartera Formativa publicó ayer en el Diario de Centro América la convocatoria para reclutar a educadores de los niveles de básico y diversificado.
Los interesados deberán ingresar un único expediente con documentos que acrediten su especialidad. Los profesores podrán optar hasta 30 períodos laborales y quienes no logren completar su carga horaria, participar en futuras convocatorias.
Los requisitos incluyen certificados académicos y constancias laborales. Los maestros asignados deberán entregar la documentación necesaria en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio.
“Con este proceso se espera mejorar la cobertura y calidad del sistema educativo, especialmente en el nivel medio, donde no se había contratado docentes en los últimos 10 años”, puntualizó la funcionaria.
EN EL PAÍS
Fortalecen educación con programas escolares
Se entregaron útiles y fondos de gratuidad desde el primer día de clases
Con el propósito de que los niños cuenten con las herramientas y materiales necesarios para su aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha entregado con puntualidad los fondos para los programas Gratuidad de la Educación, Útiles Escolares y Valija Didáctica.
De enero al 31 de agosto del presente año se han invertido 553 millones de quetzales en los tres planes que garantizan que los alumnos reciban el pan del saber sin dificultad.
335 millones de quetzales en útiles escolares
El viceministro técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, indicó que desde el primer día de clases los estudiantes recibieron los insumos para su formación.
“Si los estudiantes cuentan con los materiales necesarios y los docentes con los recursos básicos para su trabajo, las oportunidades de aprendizaje mejoran. Son condiciones que ayudan a que la orientación se imparta de mejor manera”, aseguró Cabrera.
Desembolsos para útiles
Según el funcionario, este año se duplicó el aporte destinado para la compra de útiles escolares, al entregar un primer desembolso a finales de enero y un segundo en agosto, con una inversión de 335 millones de quetzales, en beneficio de 3.1 millones de estudiantes, de 34 mil establecimientos.
50 millones de quetzales en Valija Didáctica
Agregó que estos insumos se compran localmente, a fin de responder con mayor precisión a las necesidades de cada escuela, ya que la acreditación se hace a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), como ocurre con los demás programas.
En cuanto a los avances en las estrategias para el mejoramiento de los recursos educativos, resaltan 33 mil 799 planteles beneficiados con el programa de Gratuidad de la Educación, con una inversión de 168 millones de quetzales. Este dinero permite obtener distintos recursos utilizados en el aula, así como productos de limpieza.
Por otro lado, Valija Didáctica benefició a 119 mil 687 docentes de 30 mil 170 centros de todo el país, al erogar 50 millones de quetzales, con lo que se atienden las necesidades específicas de los maestros.
El viceministro técnico de Educación explicó que incrementar el presupuesto para estos programas sería adecuado, pero depende de la capacidad económica de la cartera, y es algo que se quiere implementar antes de que concluya el actual Gobierno.
553 millones de quetzales para tres programas
El año pasado se invirtieron 164.9 millones para el programade Gratuidad, 178.9 millones en el de Útiles y 53.8 millones en Valija Didáctica, lo que suma 397.6 millones de quetzales en los tres proyectos, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Es decir, en el presente período se ha erogado 39 por ciento más que en 2023.
Por su parte, María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que en estos programas se invierten millones de quetzales, por lo que es necesario evaluar si realmente le llega a los niños y a los profesores.
Además, es pertinente establecer qué es lo que realmente están comprando las OPF, si es lo que se necesita y si llega a tiempo.
EN EL PAÍS
Piden compromiso en el rescate de la justicia
Aumentan exigencias para que el proceso de elección de magistrados sea transparente y se designe a profesionales probos
Gustavo Villagrán y Luis Carrillo Redacción
La votación para integrar la nómina de aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA) comienza hoy, en una sesión pública en la Universidad Rafael Landívar, en medio de exigencias y demandas de diferentes sectores sociales que piden transparencia en las nominaciones.
Los listados de aspirantes a CA y Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben ser entregados el lunes 23 de septiembre al Congreso de la República, que tendrá la tarea de designar a los magistrados titulares y suplentes para los próximos cinco años, “pero deben ser profesionales probos y sin señalamientos de que defienden a corruptos”, señalaron entidades como el Grupo de Estudiantes Interuniversitarios de Derecho.
Esta instancia llamó a la ciudadanía a defender y exigir un sistema de justicia honorable, íntegro e independiente y rechazó que personajes vinculados con actores corruptos y que criminalizan a defensores de derechos humanos sigan en la carrera por lograr una magistratura.
Independientes
En esa misma línea, Omar Carrera y Nancy Gómez, del Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, coincidieron en que es imposible ignorar que Guatemala necesita Cortes honorables e independientes.
Por ello, “causa malestar que en los listados de ambas comisiones estén incluidos candidatos cuya trayectoria es perjudicial para el sistema de justicia”, enfatizó Gómez.
“Las comunidades religiosas confían en que en las nóminas que lleguen al Congreso no figuren abogados, jueces y funcionarios que han sido señalados por estar involucrados en actos de corrupción, porque han violento derechos humanos o favorecido la impunidad, y muchos de ellos, incluso con sanciones internacionales”, detallaron los dirigentes.
La Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas rechazó que los comisionados hayan calificado con punteos que mantiene en la carrera a aspirantes como Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por carecer de idoneidad.
El Foro de Organizaciones No Gubernamentales también demandó un proceso transparente e idóneo que permita la elección de profesionales honorables, con capacidad y probos, “para salir de la crisis judicial en la que hemos estado inmersos como sociedad desde hace muchos años”. La entidad agregó que no deben ser electos personajes señalados como defensores de corruptos, proimpunidad y ligados a grupos mafiosos, cuyas acciones son antidemocráticas.
En manos del Congreso
Todas las organizaciones coincidieron en exigir a los diputados que sean conscientes a la hora de elegir a los nuevos magistrados, pues en sus manos tienen el rescate de la justicia, como exigen los ciudadanos.
El presidente Bernardo Arévalo pidió a los comisionados actuar de forma independiente y señaló que este proceso de elección de Cortes es “fundamental” en medio del momento que vive Guatemala.
Entre 2019 y 2024, las Cortes estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mostró el amaño del proceso de elección.
Todo quedó paralizado hasta 2023, cuando tomaron posesión los actuales togados que culminan el período que debió empezar hace cinco años.
Podría haber complicaciones
El proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA) del período 2024-2029 podría enfrentar complicaciones, debido a una serie de amparos interpuestos por diversos aspirantes que busca revertir su exclusión.
Estos recursos legales amenazan con retrasar el trabajo de las comisiones de postulación, encargadas de presentar los listados finales de candidatos antes del próximo lunes 23 de septiembre.
Raúl Arévalo, presidente de la Comisión de Postulación de Apelaciones, señaló esta semana que la elaboración de la nómina de candidatos podría sufrir un atraso por las acciones interpuestas contra el ente postulador.
Hasta el martes, la comisión había sido notificada de 25 amparos, tres de los cuales han sido resueltos a favor de los aspirantes, lo que obligó a la reincorporación de los abogados Olga Lucrecia Morales Aragón, Claudia Cáceres Arriaza y Oscar Enoc Ruiz Barillas, quienes originalmente habían quedado fuera por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Por el contrario, la postuladora para la CSJ ha recibido solo tres amparos, ninguno de los cuales ha sido dado a lugar hasta el momento, lo que permite que el proceso avance sin mayores contratiempos en ese frente.
El abogado Edgar Ortiz comentó que la situación era previsible, ya que los amparos son una herramienta utilizada para tratar de forzar retrasos en la selección. “Esto ha hecho que los comisionados sean muy cautelosos al calificar y aceptar tachas”, afirmó. Subrayó que a pesar de las dificultades, el proceso ha continuado su curso de manera fluida.
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), sostuvo que, si bien los amparos han afectado parcialmente el desarrollo de la selección, no representan un riesgo significativo. “Son acciones legales muy específicas y no han puesto en cuestión el proceso en su totalidad”, explicó López, quien destacó el formalismo con el que han trabajado las comisiones, lo que ha permitido que el proceso avance dentro de los plazos previstos.
