Cuando se dice fuera de Guatemala que nuestro Presidente –Presidente de Guatemala– se encuentra denunciado por el delito de financiamiento electoral ilícito –delito que habría perpetrado durante la campaña electoral que le llevó a la Presidencia, tiene que pensarse– esto es inevitable, que el dinero de su campaña podría provenir del narcotráfico.
Esta relación, inevitable, del financiamiento electoral ilícito con el narcotráfico no es sino la natural consecuencia de que la entidad internacional que constituimos para perseguir y desarticular a los grupos y aparatos clandestinos de seguridad que pudieran existir entre nosotros y perseguir los delitos por estos perpetrados (la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) había ya afirmado, anteriormente, que el 25 % del financiamiento electoral de nuestras organizaciones políticas proviene del narcotráfico, y otro tanto tiene que pensarse, también, de los empresarios denunciados –empresarios guatemaltecos, empresarios de Guatemala– narcotraficantes que serían o lavadores de dinero proveniente del narcotráfico, dinero sucio con el que ilícitamente habrían financiado la campaña.
En el mejor de los casos, si no de financiamiento electoral ilícito proveniente del narcotráfico, se piensa en dinero proveniente de la defraudación del patrimonio del Estado, de secuestros, de extorsiones, de mordidas o coimas o, en fin, de cualquier otro delito, tal la percepción que no es sino la lógica consecuencia de relacionar el financiamiento electoral ilícito denunciado con la información vertida, anteriormente, sobre las campañas electorales que se dan en Guatemala, “financiadas hasta en un 50 % por dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos…”
Claro que se puede explicar, pero no es fácil hacerlo (ninguna posición tan incómoda como aquella que le obliga a uno a dar explicaciones) que el financiamiento electoral ilícito al que se refiere la denuncia presentada no tiene nada que ver con narcotráfico, defraudación del patrimonio del Estado o con cualquier otro delito.
Siendo totalmente ajeno este financiamiento electoral ilícito denunciado a dinero sucio de cualquier tipo –dinero de ilícita procedencia– y que la comprensible confusión se debe a que en Guatemala se da el mismo nombre y se pena de igual forma, ¡increíble pero cierto!
El financiamiento electoral que se realice con dinero proveniente del narcotráfico o de cualquier otro delito (12 años de prisión inconmutables), que el financiamiento que se hace con dinero limpio, dinero de lícita procedencia (la pena, los mismos 12 años de prisión inconmutables) si la organización que lo recibe –sea cual sea la causa– no lo registra e –incluso tal lo que ocurre en el caso de la denuncia presentada– ni siquiera lo haya recibido.
Claro que puede explicarse, pero no es fácil –máxime cuando la falsa percepción se encuentra ya fijada– inalterable –como lógica consecuencia de la información servida– “impresionante porcentaje del financiamiento electoral en Guatemala –50 % proviene del narcotráfico y de otros delitos– difícil de explicar, decía, que la denuncia no tiene nada que ver con ese tipo de dinero sucio, siendo el “gravísimo delito” que se denuncia como perpetrado por el Presidente de Guatemala y por empresarios guatemaltecos –empresarios de Guatemala– que estos financiaron –directamente– a los fiscales de mesas electorales –a través de la empresa que contrataron para hacerlo– para que estos fiscalizaran que las votaciones se realizaran correctamente y que se diera un correcto conteo de los votos y que el Presidente no registró en los libros de su organización política el ingreso de este dinero, dinero que no tenía por qué registrar puesto que nunca lo recibió (los pagos fueron hechos directamente por los empresarios a los fiscales de mesa) ni lo recibió su organización política.
Continuará
