El retraso en la aprobación de la iniciativa 6593, ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, coloca al país en una situación cada vez más cercana a ser incluida en la lista gris de no cooperantes contra el blanqueo de capitales.
El Congreso había agendado el martes autorizarla por artículos y redacción final, el último paso en el Pleno para convertirla en norma, donde conocerían el dictamen y las casi 40 enmiendas planteadas por diversos diputados, de las cuales unas 12 eran de fondo y el resto de forma.
No obstante, a pesar de que Samuel Pérez solicitó conocerla como prioridad ante la posibilidad de que primero fuera discutida la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para que el mandatario pueda destituir al fiscal general. Ello ocasionó que varios parlamentarios se retiraran del hemiciclo e impidió discutir la propuesta antilavado.
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que mientras más se demore la entrada en vigencia de esta legislación, se corre el riesgo de entrar en una lista gris, lo que comprometería el sistema financiero nacional a estar sujeto a mayores verificaciones y cobros de comisiones.
Los bancos internacionales se volverían más reticentes a mantener relaciones con sus pares guatemaltecos, debido al gasto extra en la supervisión de la naturaleza de las operaciones locales, cuyos costos serían trasladados al usuario mediante altas comisiones, cartas de crédito más caras y demoras en pagos, indicó.
Con respecto a las calificaciones de riesgo país, Rubén Morales, exministro de Economía, destacó que estas agencias pueden asignar una tendencia negativa a las notas, lo que a mediano plazo provocaría un aumento en las tasas de interés para préstamos, tanto de gobierno como a empresas.
Imagen internacional
Maúl advirtió de que en el contexto actual, la situación es crítica debido a que el gobierno de Estados Unidos promueve una agenda de combate al narcotráfico y terrorismo como líneas estratégicas.
Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explicó que la falta de aprobación compromete la certeza jurídica frente la comunidad externa, lo cual puede influir en potenciales inversores.
“Cualquier retraso adicional en la aprobación de la ley tiene un efecto negativo directo en la imagen global de Guatemala”, afirmó.
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