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EDITORIALES

País requiere gobernadores probos, capaces y visionarios

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La posición del presidente Bernardo Arévalo es contundente: “No se aceptarán las ternas que no llenen las calidades”. De esta forma, el mandatario atajó cualquier posibilidad de que se vaya a nombrar a un gobernador que no llene los requisitos de decencia y capacidad que requieren los cargos. La advertencia del jefe de Estado surge después de conocer las denuncias de intromisiones políticas y la ausencia de transparencia con las que se han decidido algunas nominaciones.

Las quejas contra los procesos surgieron en el marco de la primera reunión preparatoria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) realizada ayer, la cual continuará hoy con la presencia del dignatario, quien lidera el encuentro. Las voces opuestas vienen, principalmente, de representantes de la sociedad civil, quienes denuncian opacidad en el trámite e interés de llevar a personas cercanas a la administración anterior.

La figura del gobernador departamental tiene una incidencia determinante en la ejecución de proyectos de desarrollo en el interior del país, razón por la cual deben satisfacer calidades ineludibles como competencia, visión y decencia en el manejo de los fondos públicos. En el pre Conadur se acordó proponer un presupuesto de 3 mil 444 millones de quetzales para 2025, cifra levemente superior a los 3 mil 392 millones programados para este año.

El monto autorizado para 2024 permitirá la ejecución de 2 mil 607 obras que contribuirán con el desarrollo integral de las comunidades. En la cita de hoy, se prevé que continúen los pronunciamientos contra los finalistas, inconformidades que se plantearán directamente a Arévalo. Sin duda, el tema se ha convertido en la manzana de la discordia, aunque los encargados del Organismo Ejecutivo lo tienen claro: ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción.

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Las mafias hicieron de la corrupción una política de Estado

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Amparados en la impunidad que aún los protege, dado el control que mantienen en las instancias encargadas de la persecución y el castigo penal, los cárteles del crimen que medraron durante el gobierno anterior crearon mecanismos que les permitieron asaltar el erario con un descaro tal que avergonzaría al más despiadado de los corruptos.

La más reciente denuncia presentada por el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), sucedió ayer, cuando la encargada de dicha cartera, Jazmín de la Vega, informó sobre querellas elevadas ante el Ministerio Público (MP), las cuales se relacionan con 14 escuelas Bicentenario, proyecto emblema de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

El detalle de esta nueva corruptela advierte que, trágicamente, las nuevas autoridades no terminan de limpiar las gavetas y, por el contrario, las ratas siguen apareciendo convertidas en negocios sucios. “Estos establecimientos representan un hito en la evolución de la enseñanza en Guatemala”, promovían estos indecentes, quienes vieron en las necesidades de los guatemaltecos la oportunidad para enriquecerse ilícitamente.

De los 14 centros ofrecidos, cuyos valores oscilan entre los 31 millones 457 mil y los 46 millones 819 mil quetzales, 11 registran avances por debajo de los montos trasladados. La información recopilada por el Micivi evidencia los arreglos realizados para que la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, recibiera todos los negocios.

Para ello, Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), exigieron, en las bases para los contratos, que el material a emplearse en los establecimientos fuera Lego PVC, cuyo único proveedor es la compañía citada.

En fin, qué se puede esperar de un desgobierno que fue capaz de aprovecharse de la salud
de los compatriotas, para saquear las finanzas públicas mediante la compra anómala de
vacunas Sputnik.

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El fracaso nacional en el manejo de la basura

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El vertedero a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) pinta de cuerpo entero el fracaso que, como país, hemos tenido en el tratamiento de los desechos sólidos. La desidia con que ministerios y municipalidades han enfrentado el tema nos
tiene en una crisis ambiental, que obliga a suspender el sagrado derecho de los niños a estudiar.

De esa cuenta, hoy, el Organismo Ejecutivo que dirigen el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera deberá resolver un problema que sus antecesores y los responsables de los gobiernos locales anteriores fueron incapaces de visualizar y, menos aún, resolver.

La decisión del Consejo de Ministros de declarar el estado de calamidad, que permita hacer frente a los 44 incendios activos en el todo el territorio nacional, en especial, el del vertedero de Amsa, es apenas el inicio de un proceso que, más que recursos, requiere voluntad política y determinación.

Dicha medida, necesaria por la dimensión de los fuegos y la terrible contaminación que generan, forzosamente, debe incluir la decisión de cerrar el depósito que administra la Autoridad del lago, y obligar a las comunas que se encarguen del manejo y tratamiento de los residuos, responsabilidades que en otras naciones son vistas como oportunidades de desarrollo e ingresos económicos.

Las largas que los gobiernos anteriores dieron a la situación han vuelto inmanejable el asunto y una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento. Como antecedente, conviene anotar que el relleno de Amsa se creó en 1999 para atender a nueve municipios.

En 2007, 13 jurisdicciones trasladaban sus desperdicios, lo que provocó que se exigiera el cierre en cinco años plazo. En 2024, 34 territorios trasladan su basura, por la incapacidad de los alcaldes para atender sus necesidades.

Cerrar los ojos ante este problema sería un graso error, máxime cuando se conoce el
camino a seguir, el cual pasa, insistimos, por voluntad política para cumplir y hacer cumplir lo que establece la Ley.

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Operativos que recobran la confianza ciudadana

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El despliegue de agentes realizado ayer por el Ministerio de Gobernación (Mingob), en busca de criminales que atentan contra la seguridad, dejó resultados que conviene analizar, por las implicaciones que tendrán para la buena convivencia de los compatriotas.

Lo primero que se debe destacar es el mensaje claro y contundente que se traslada a la población y a los delincuentes.

La captura de por lo menos 10 motosicarios y nueve extorsionistas advierte la firme determinación del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera de combatir la impunidad y apresar a quienes se acostumbraron a delinquir a sabiendas de que no serían perseguidos y, menos aún, castigados.

Además, los arrestos e indicios hallados acercarán las investigaciones a los jefes y cómplices que integran las bandas que asaltan, a plena luz del día, a conductores que se trasladan a sus actividades laborales, académicas o familiares, pero que, lamentablemente, son despojados de sus bienes por estos parásitos.

En su Plan de Gobierno 2024-2028, el Organismo Ejecutivo advierte que invertirá en el fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de que sean más contundentes en el combate de la delincuencia y tengan una mayor efectividad en la protección de los derechos ciudadanos.

De hecho, el 15 de marzo recién pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) graduó a 2 mil 431 agentes, que fueron trasladados inmediatamente a delegaciones de todo el país.

Adicionalmente, el referido plan advierte la determinación de las autoridades de apostar por la profesionalización de los servicios de inteligencia, así como para retomar el control del Sistema Penitenciario.

Estas dos estrategias facilitaron, entre finales de enero y mediados de febrero de 2024, la captura de 96 extorsionistas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, quienes eran un obstáculo para el crecimiento integral de guatemaltecos, quienes aportan al desarrollo inclusivo de esta nación.

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