El trabajo coordinado entre Gobierno e iniciativa privada en la lucha contra el ingreso ilícito de mercancías ha permitido controlar estructuras criminales que golpean a empresarios que laboran honradamente y, por consiguiente, afectan la productividad y la generación de empleos.

Esa alianza, integrada en los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), permitió que entre 2020 (cuando las instancias fueron creadas) y 2023 se evitara la entrada de contrabando valorado en Q135 millones.

Dichos centros también refuerzan las políticas gubernamentales que buscan persuadir y evitar la migración irregular, fenómeno que ha crecido en el ámbito mundial, dado los réditos que deja la explotación de quienes ilusionados por alcanzar otros espacios de superación caen en manos de forajidos que han hecho de estas operaciones su forma de vida.

Pero volviendo al tema de los esfuerzos para evitar la introducción de productos que no cumplen con el pago de impuestos, conviene recordar que los PCI están estratégicamente ubicados y aplican mecanismos de supervisión que imposibilitan el trasiego de artículos que compiten de manera desleal frente a compañías debidamente establecidas.

Los contundentes resultados en la materia también envían mensajes claros a quienes consideran invertir en el país, pues advierten de que en Guatemala se respeta el Estado de Derecho y las reglas comerciales que rigen en todas las partes.

En este punto conviene advertir que estos planes de Estado responden a la Política General de Gobierno 2020-2024, la que en sus ejes 1 y 3 orienta el camino al impulso de la Economía, Competitividad y Prosperidad y a la consolidación de una nación de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, elementos indispensables para alcanzar la prosperidad integral de los guatemaltecos y un destino que sea apetecido por capitalistas nacionales y extranjeros.

Editor DCA

El país recibió ayer otra buena noticia en materia macroeconómica, luego de que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente nos visitó, rindió su informe en el cual constata y reconfirma la envidiable situación que atraviesa el país en esta materia.

Los expertos, quienes recorren el mundo revisando y analizando la situación de las naciones que lo integran, fueron concluyentes en sus calificaciones, las que se decantaron por las variables observadas. En este punto vale mencionar que el Fondo, integrado por 190 miembros, se ocupa de promover la cooperación monetaria universal, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio, promover el empleo y el crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza.

De esa cuenta, la evaluación realizada no solo representa otra alta recomendación en materia financiera, sino que certifica que el Estado ofrece condiciones óptimas para la inversión y la prosperidad empresarial, éxitos que se traducen en empleos y oportunidades de crecimiento individual y colectivo.

Entre los comentarios emitidos por los especialistas resaltan algunos que son la envidia de naciones latinoamericanas. Por ejemplo, se advierte que se ha controlado la inflación y se confirma que la variable cerrará en 5 por ciento en 2023, tal y como se había proyectado. Conviene decir que el porcentaje es valioso, en especial cuando se compara con la situación de la región y del Caribe.

Además, dicha institución destaca el dinamismo de las remesas internacionales y valora la cantidad de créditos que el sector bancario traslada a la iniciativa privada, porque han permitido conservar la fortaleza del consumo, ingrediente esencial para robustecer la transformación económica que impulsa y dirige el Presidente de la República.

En fin, las delegaciones de organismos financieros y de calificadoras de riesgo han coincidido en reconocer que, en materia macroeconómica, Guatemala ha dado muchas lecciones.

Editor DCA

Desde ayer, Guatemala es sede del encuentro entre autoridades de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, que busca compartir experiencias exitosas y analizar los desafíos que implica la reinserción de los privados de libertad en la sociedad.

El evento es organizado por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) y tiene el respaldo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de Estados Unidos.

Tal y como lo informaron las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), el cónclave ofrece la oportunidad para el intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de mejorar y fortalecer los sistemas carcelarios de la región y promover la rehabilitación integral de los detenidos. La temática que se abordará evidencia la trascendencia de la reunión, así como la calidad de los panelistas.

La prevención del delito, educación y salud física y mental de los presos, así como acceso al empleo y vivienda, una vez salgan libres, es parte de la agenda de trabajo. Además, se compartirán investigaciones, proyectos probados y desafíos enfrentados, que servirán de base para la generación de propuestas para desarrollar políticas públicas, regionales y particulares.

Conviene destacar el papel fundamental que jugará el país en esta cita, sobre todo por los avances que ha registrado en el control de los presidios, en los que no solo no se reportan las fechorías de antaño, sino que se han convertido en centros de disciplina, formación y oportunidad de superación.

“Hemos avanzado en el desarrollo de procesos y en la preparación de equipos multidisciplinarios para que la gestión sea exitosa”, adelantó el director de la DGSP, quien sabe que nuestra nación tiene mucho que aportar y probar.

Editor DCA