COLUMNAS
Ordenarse a sí misma, la Justicia
Varios fallos «inconstitucionales» se acatan, pero lo comprometen y le han hecho agujeros al Estado de derecho.
La sentencia que declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo del entonces presidente, Jorge Serrano, refrendado este por el Ministro de Gobernación, Francisco Perdomo, y que pretendía –ni más, ni menos– subvertir el Orden Constitucional se trata de una sentencia legítima pero tan sólo en cuanto al fondo puesto que no lo fue en la forma de gestarse.
La citada sentencia, en efecto, fue dictada sin que nadie lo pidiera y no existe norma alguna que permita que tribunal alguno conozca de una inconstitucionalidad “de oficio” (sin que nadie se lo pida) so pena de que, en caso contrario, se convierta el tribunal en juez y parte.
El fallo es acertado en lo que se refiere al fondo puesto que, en efecto, el Acuerdo contradecía la Constitución de la República pero errado en cuanto al procedimiento que fue usado para hacerlo: Dictar sentencia sin que nadie lo pidiera.
Si fue conocida “de oficio” aquella inconstitucionalidad ¿Por qué no se conocen, de oficio, también todas las inconstitucionalidades en que se incurre?
Aquel fallo, afortunado y desafortunado–conforme lo expuesto– constituye el primer agujero que se hizo –insalvable agujero– al Estado de derecho.
La misma Corte, sin que tampoco nadie lo pidiera, emitió dos autos para aclarar y ampliar su sentencia y para colmo de colmos, en uno de sus considerandos (no en parte resolutiva alguna) sin haberle citado, oído y vencido en juicio ¡Increíble, pero cierto¡) excluyó de la sucesión presidencial a quien, constitucionalmente, le correspondía, el Vicepresidente Gustavo
Espina.
Imposible como lo es tapar el sol con un dedo, Oscar Clemente Marroquín llegó a reconocerme en una visita que le hice en La Hora que aquella exclusión, de esa manera (en un considerando) se trató de “una ligereza”, a lo que me permití responderle que a lo que hoy se llama «ligereza» –tarde o temprano– se le dará su verdadero nombre; prevaricato.
Años después vino a pronunciarse la tristemente célebre sentencia en el caso de la tragedia de Xamán dándole la Corte de Constitucionalidad carta de naturaleza a los tribunales civiles para que estos conocieron –incompetentes para hacerlo– de los delitos cometidos por integrantes del Ejército, resolución proferida en contra de norma constitucional expresa –aún vigente– que manda que tales delitos se conozcan por tribunales militares.
El argumento usado por la CC para justificar su «inconstitucional» disposición fue que la Constitución se estaría refiriendo a los delitos «propiamente» militares y no a todos los delitos, distingo que la Constitución no hace, siendo aún más grave este distingo por cuanto que se intentó la reforma de la Constitución para darle ese sentido pero, en Consulta Popular, fue rechazada la reforma por el pueblo.
Podemos coincidir en la necesidad de que los tribunales militares se limiten a conocer de delitos propiamente militares pero, en lo que no podemos coincidir, es en que -sin que se haya producido reforma alguna– e, incluso, habiéndosela rechazado en Consulta Popular –haya venido– la Corte de Constitucionalidad a disponer lo que la Constitución no dice.
(continuará)
María Chinchilla, Graciela Quan, Elisa Martínez Contreras, María Vilanova son solo algunos de los nombres y rostros de las lideresas de la Revolución del 44. Se debe reconocer que la base que sostuvo el movimiento revolucionario, en su fase previa y en años posteriores se integró por un cúmulo de mujeres jóvenes.
La “manifestación silenciosa” del 25 de junio de 1944 fue llevada a cabo por 300 mujeres vestidas de negro que se oponían a la suspensión de garantías constitucionales por Jorge Ubico y exigían su renuncia de la Presidencia; la respuesta fue la orden de disparar contra ellas, resultando muchas heridas y el asesinato de María Chinchilla.
La Revolución continúa viva en las mujeres; en el 53 por ciento de mujeres que integra la población estudiantil.
Se reconoce la valentía de estas jóvenes de organizarse a discutir sobre la importancia de recuperar la democracia, incluso desde la época de represión; además de colocar en la discusión pública las demandas específicas de las mujeres y llevar a cabo acciones para la mejora de sus condiciones de vida.
Gracias a esta colectividad, se obtuvieron avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres.
La Constitución de 1945 reconoció a mujeres como ciudadanas y el derecho al voto, pero solo para la mujer letrada. En 1965 se reconoció el derecho al voto de forma universal y el derecho de las mujeres a ser electas, lo cual prevalece en nuestra Constitución.
A partir de la Revolución de Octubre, se destacaron mujeres como dirigentes, oradoras y lideresas de manifestaciones, desfiles, mítines y eventos políticos. Se hizo mucho más visible la participación de las mujeres en la esfera pública: en la academia, la política, organización sindical, asociaciones y movimientos campesinos y no solo en la esfera “doméstica”, en la cual nos han querido encajonar. históricamente.
La Revolución continúa viva en las mujeres: en el 53 por ciento de mujeres que integra la población estudiantil de la universidad pública; en Sonia Gutierrez, resistiendo como única mujer indígena de la presente legislatura; en las jóvenes xinkas, mayas y garífunas que reivindican su identidad y preservan la cultura, resistiendo ante la discriminación y el racismo; en las mujeres que prestan un servicio público y ocupan puestos de autoridad con honradez; en las que sostienen la economía; en las que denuncian las violencias, resistiendo ante el miedo.
En la colectividad de mujeres que continúan organizándose en este camino que nos queda por recorrer, hasta que en la primavera florezcamos todas en igualdad de dignidad y derechos. ¡Hasta que la Revolución seamos todas!
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
[email protected]
Dialogamos y reflexionamos sobre uno de los mayores tesoros que poseemos como nación ¡la diversidad biológica! Nuestro país tiene la oportunidad de alcanzar un importante avance en materia de conservación y gestión del patrimonio natural, con el incremento del techo presupuestario para el año 2025 para el Conap. Esto representará un paso significativo para fortalecer los esfuerzos por proteger la diversidad biológica y las áreas protegidas.
Por ello, el Conap impulsa espacios de convergencia que permiten una discusión abierta y colaborativa entre actores clave, como líderes comunitarios, autoridades municipales, autoridades indígenas, expertos, investigadores, profesionales en materia ambiental, directivos de oenegés, iniciativa privada, funcionarios públicos, ciudadanos interesados en la protección y conservación de la riqueza natural, además diputados considerando el papel que desempeñan como tomadores de decisiones en la asignación y aprobación del presupuesto general de la Nación.
¡El Patrimonio natural del país brinda una oportunidad de desarrollo sostenible a la presente y futuras generaciones!
A nivel nacional y regional se realizan diálogos para abordar de manera integral, cuatro temáticas prioritarias: Aportes de la Diversidad Biológica a la Sociedad Guatemalteca; Turismo Sostenible en el Sigap; Modelos de Gestión Compartida y Participación Social en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) y la importancia del financiamiento y presupuesto institucional; para lo cual Conap tiene el apoyo de ponentes expertos.
En los últimos años la riqueza natural enfrenta graves amenazas como la deforestación, la sobreexplotación de recursos, el tráfico de vida silvestre, la contaminación de cuerpos de agua, tala ilegal, usurpaciones, incendios forestales, el cambio climático, entre otras, esto está ocasionando la pérdida de especies y el deterioro de valiosos ecosistemas, poniendo en peligro la biodiversidad y la capacidad para sobrevivir y lograr el desarrollo de la sociedad.
El Conap ha desempeñado un papel esencial y a través del Sigap ha logrado establecer y gestionar una red de áreas protegidas que representa más del 32 por ciento del territorio nacional, lo que ha requerido de un esfuerzo extraordinario para salvaguardar la biodiversidad en su estado natural. Asimismo, la participación de la población en las iniciativas que tienen por objeto la conservación y restauración de la diversidad.
Por lo que se trabaja para fortalecer las capacidades institucionales y buscar mecanismos que aseguren los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su noble misión. Además, redobla esfuerzos para establecer alianzas entre el sector público y privado, con organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestas a trabajar de la mano, ya que de esta forma se implementarán acciones integrales. Proteger la biodiversidad de Guatemala no es una opción, es una necesidad, ya que de ella depende no solo el equilibrio ecológico del país, sino también el desarrollo económico y la calidad de vida de todos sus habitantes.
El Conap es la entidad del Estado de Guatemala encargada de propiciar e impulsar la conservación de áreas protegidas y la diversidad biológica, planifica, coordina e implementa las políticas y modelos de conservación necesarios, también trabaja junto a actores clave, contribuyendo así con el desarrollo sostenible del patrimonio natural y calidad de vida de la nación.
Ingeniero Byron Gaitán
Gerente General de Zolic
A lo largo de la historia, las Zonas Libres de Comercio (ZLC) han sido fundamentales para la economía global, permitiendo a países y empresas acceder a mercados más amplios, reducir costos y promover el desarrollo económico. Estas áreas ofrecen ventajas fiscales y arancelarias, contribuyendo a la integración económica y al comercio internacional.
El concepto de Zonas Libres de Comercio (ZLC) tiene raíces antiguas, comenzando con los puertos francos en la Roma antigua, donde el comercio se realizaba sin impuestos. Estos puertos impulsaron la economía del imperio.
Durante la Edad Media, ciudades italianas como Venecia y Génova establecieron sistemas comerciales similares, convirtiéndose en centros económicos clave que atraían a comerciantes de todo el mundo, con Venecia destacando por su ubicación estratégica entre Europa y Asia.
”Casos emblemáticos como los de Singapur y Hong Kong demostraron cómo estas áreas podían convertirse en motores de crecimiento económico“.
Fue en el siglo XX cuando las zonas francas se formalizaron y expandieron a nivel global. Casos emblemáticos como los de Singapur y Hong Kong demostraron cómo estas áreas podían convertirse en motores de crecimiento económico.
Singapur se transformó en un hub comercial internacional, atrayendo inversión extranjera y consolidándose como uno de los puertos más activos del mundo. Hong Kong, gracias a sus políticas de libre comercio y régimen de impuestos bajos, se consolidó como un centro financiero.
La creación de Zonas Libres de Comercio (ZLC) busca atraer inversión extranjera directa, especialmente en países en vías de desarrollo. Este régimen promueve la creación de empleo, el crecimiento de infraestructura y la modernización tecnológica. En América Latina, países como Panamá, Costa Rica, México y Uruguay han avanzado gracias a estas áreas especiales. Panamá ha aprovechado su Canal para atraer empresas logísticas, mientras que México ha desarrollado su industria manufacturera en zonas fronterizas.
Las Zonas Libres de Comercio han sido clave para el desarrollo económico mundial. Si bien este modelo presenta desafíos, los beneficios en términos de inversión, empleo y modernización tecnológica son significativos para aquellos países que lo implementan estratégicamente. El equilibrio radica en combinar los incentivos fiscales con políticas que también fortalezcan a las comunidades y robustezcan la economía nacional en su conjunto.
