EDITORIALES
No solo fueron corruptos, sino también pervertidos
El Ministerio de Comunicaciones se ha pervertido concluyó el nuevo jefe de dicha cartera, Félix Alvarado, tras ser presentado el lunes 20 de mayo por el Presidente de la República como integrante del Gabinete de Gobierno.
Sus palabras cobran sentido hoy, cuando se conoce la supuesta red de prostitución creada por las anteriores autoridades, la cual es investigada por órdenes del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera, previo a presentar la denuncia ante el Ministerio Público (MP), un ente que, por cierto, se ve forzado a actuar ante la magnitud de las fechorías perpetradas por quienes han gozado de impunidad e indulgencia judicial.
La historia pareciera haber salido de la mente brillante de uno de los grandes novelistas latinoamericanos, pero no, lastimosamente, no. De acuerdo con lo que se conoce, la trama habría sido producida por las mafias que gobernaron durante los períodos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, las que, inconformes con los millonarios saqueos cometidos, hicieron de los despachos verdaderos lupanares financiados con fondos públicos.
El caso, que ha provocado indignación y sonrojo entre los buenos guatemaltecos, refleja la inmoralidad de un sistema que, ahora se ve, fue construido para conseguir fortunas y saciar los instintos más bajos de quienes ahora son los principales opositores para el impulso de instituciones decentes, probas y eficientes.
Desde esta tribuna y con toda la claridad y fuerza posibles, se exige que el MP llegue al fondo del asunto, sin importar si sus pesquisas se pasan llevando a quienes se creen o sienten intocables. Es difícil pensar que, bajo las órdenes de Consuelo Porras, el ente encargado de investigar procese a los depravados que idearon esta manera de “diversión”, aunque el caso no desaparecerá de la mente de los ciudadanos, los que velarán porque algún día se haga justicia.
En fin, está visto que quienes dirigieron el Organismo Ejecutivo años atrás eran, además de corruptos, unos cínicos pervertidos.
Es evidente que Guatemala dejó de ser el país en el que nadie confiaba y al que la mayoría despreciaba por la indecencia con que se manejaba la cosa pública y lo impresentable de sus representantes en casi todos los organismos del Estado.
Sin embargo, esa imagen injusta, porque no representa a la mayoría de sus ciudadanos, empezó a cambiar desde que el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, llegó al poder. Hoy, esta nación no solo se ha ganado el respeto y el apoyo internacional, sino el reconocimiento de que cuenta con un Gobierno ocupado en solucionar los problemas que afectan a los sectores más necesitados, en particular, indígenas, mujeres, niños y ancianos.
Estos avances son resultado de una política exterior criteriosa, ha obtenido la atención de
líderes mundiales, muchos de los cuales se han entrevistado con el presidente Arévalo, a quien le trasladan su aval en la lucha contra la corruptela, la defensa de la democracia y el impulso de un Estado de derecho que implica depurar las cortes y el Ministerio Público (MP), evidentes aliados del pacto entre ladronzuelos de cuello blanco y conciencia negra.
Ante esta nueva corriente de pensamientos y acciones, no extraña que empresas internacionales manifiesten su interés de asentarse en estas tierras y colaborar con el desarrollo sostenible e integral que merecen los guatemaltecos.
En resumen y como parte de la Estrategia Nacional para Atracción de Inversión Extranjera Directa, dada a conocer por la ministra de Economía, Gabriela García, 54 compañías, de 22 países, consideran crear 54 proyectos durante los próximos cuatro años. Lo anterior representaría que en 2028 ingresen 2 mil 707 millones de dólares (unos 21 mil millones de quetzales), con lo que casi se duplicarían los 1 mil 500 millones de dólares que se captaron, en promedio, en años pasados.
Tener una política exterior que produzca resultados inmediatos, tanto en lo político como en lo comercial, ha sido la meta de todas las administraciones; sin embargo, no basta con querer, puesto que hay que generar confianza y credibilidad.
Las conclusiones que se obtienen tras las consultas realizadas a expertos en derecho y analistas políticos deben preocupar a los guatemaltecos, porque implican que el Ministerio Público (MP) promueve un plan que busca generar temor entre sus opositores, en especial contra aquellos que demandan que se
investiguen los casos de supuesta corruptela cometida en el período de Alejandro Giammattei.
Los términos empleados por las personas a las que se entrevistó evidencian la intranquilidad que se está generando, dada la persistencia del ente investigador de concentrar sus esfuerzos en quienes considera sus rivales de ocasión.
En síntesis, los analistas utilizan palabras como amedrentar, intimidación y perseguir, para ponerle nombre a las acciones del MP y se recuerda que, en su momento, fiscales a las órdenes de Consuelo Porras intentaron revertir los resultados de los comicios presidenciales, lo que conllevaba pasar sobre la voluntad popular y generar ingobernabilidad.
En esta ofensiva se han abierto procesos a defensores de los derechos humanos y periodistas, sin olvidar a dirigentes del partido Semilla, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Aunque el llamado a la cordura y al respeto del Estado de derecho es imprescindible, también es cierta la posibilidad de que la exhortativa vuelva a caer en saco roto, dado que la citada funcionaria y sus subalternos tratan de autoprotegerse y evitar una eventual cita con la justicia.
En este sentido, conviene resaltar la segunda coincidencia que surgió después de las consultas con los expertos, la cual señala la necesidad de que el Congreso de la República conozca y, eventualmente, avale la reforma a la Ley Orgánica del MP propuesta por el jefe de Estado, la cual abriría el camino para el retiro de Porras.
De lo contrario, advierten los mismos entrevistados, los diputados, funcionarios, empresarios y ciudadanos en general corren el peligro de convertirse en presas de una institución que, al parecer, perdió el control y la sensatez.
La siguiente comparación permite dimensionar la diferencia entre las actuales autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y las anteriores: de 2020 a 2023 se remozaron 9 mil 308 establecimientos (fuente: Sistema de Asignación y Dotación de Recursos), mientras que en los primeros cinco meses de 2024 ya se mejoraron 4 mil (42 por ciento) y se proyecta que en el transcurso del año se alcancen otras 6 mil para sumar 10 mil; es decir, más que en los cuatros años de la administración anterior.
Conviene decir que renovar los centros, un paso importante en la dignificación de maestros y alumnos, es apenas una parte de la estrategia del Organismo Ejecutivo que concibe la enseñanza como el camino para formar ciudadanos conscientes y capaces, como se consigna en el Plan de Gobierno.
De esa cuenta, el cambio impone construir un Pacto Nacional por la Educación, que involucre a todos los sectores, privados y estatales, que convierta al Mineduc en el órgano responsable de trazar un proyecto académico inclusivo, que venza las deficiencias de cobertura, en especial en primera infancia y nivel medio, así como que optimice la calidad de los conocimientos que se imparten.
Además, se avanza en recuperar la institucionalidad de la cartera, lo que implica autonomía absoluta en los asuntos administrativos y financieros y, sobre todo, en la construcción de procesos que prioricen la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Un despacho abierto y sensible, pero fuerte en la toma de decisiones de beneficio colectivo y renuente a complacer intereses particulares o de grupos que se creen dueños y señores de esta dependencia.
Reconstruir el sistema llevará tiempo y requerirá constancia. Lo primero se solventa con planificación certera y ambiciosa, con metas y objetivos claros. Persistir es una característica que comparten el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros y secretarios, quienes empeñaron su palabra en heredar un país que haga de la enseñanza el camino hacia la prosperidad individual y colectiva.
