Alejandro Balsells Conde
En nuestro país algunos sectores, de manera constante, reclaman defender la Constitución para unos temas, pero esos mismos sectores los vemos negar la propia Constitución en otros. En días recientes, incluso en un evento público se sostuvo cómo los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos, sino simplemente servicios estatales.
Negar, en pleno siglo 21, la adopción del constitucionalismo social, surgido en el mundo junto al desenlace de la Primera Guerra Mundial y con la Constitución mexicana como punta de lanza, constituye un desatino.
Contar con una Constitución con 40 años de promulgación y 12 presidentes electos bajo su rigor es un hito histórico.
El constitucionalismo social es resultado de la necesaria legitimación del liberalismo clásico, sobre todo cuando las relaciones obrero patronales y familiares sufrían por la ausencia de regulaciones legales. “El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social” y “el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”, señalan los artículos 101 y 118 constitucionales; en consecuencia, todos los sectores formales del país deberíamos trabajar en la procuración del ideal, puesto que todos los derechos humanos son, en cuanto a su alcance y entendimiento, progresivos.
Contar con una Constitución con 40 años de promulgación y 12 presidentes electos bajo su rigor es un hito histórico para un país caracterizado por cuartelazos, sublevaciones, revoluciones y movimientos frustrados como aquel malogrado unionismo de 1920 y la presidencia de don Carlos Herrera Luna, quien al proponer modernizar el régimen político y jurídico fue depuesto por un general.
Si bien, comentar sobre reformas constitucionales es fundamental, llevar al país rumbo a épocas superadas por la humanidad, negando la esencia de los propios derechos humanos, resulta contraproducente cuando es colosal el desafío de construir un Estado Constitucional de Derecho.
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