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OPINIÓN

Monopolio de la seguridad social

Los recurrentes casos de corrupción que se conocen en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contribuyen en gran medida al descrédito de la administración pública en general, y en particular, a la aversión que la mayoría de la gente siente por la institución cuya finalidad es aplicar en beneficio de la población, “un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima”, según su Ley Orgánica.

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Los recurrentes casos de corrupción que se conocen en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contribuyen en gran medida al descrédito de la administración pública en general, y en particular, a la aversión que la mayoría de la gente siente por la institución cuya finalidad es aplicar en beneficio de la población, “un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima”, según su Ley Orgánica.

Conforme los escándalos por malos manejos salen a luz, suben de tono y de volumen los reclamos porque los servicios del IGSS se privaticen o que la seguridad social se desmonopolice. Esto me parece una simplificación de lo que el mecanismo de protección significa para un Estado en función de los intereses del mercado y del sálvese quien pueda pagar.

La seguridad social es definida por organizaciones especializadas como un conjunto de medidas que la comunidad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad, el desempleo, entre otras. Se trata de una creación basada en el principio de solidaridad, que si bien en Guatemala ofrece prestaciones en salud y pecuniarias, tiene una filosofía más profunda, la garantía del cuidado.

En un país como Guatemala, en el que priman la pobreza y la inequidad, una entidad como el IGSS es estrictamente necesaria. Es un gran valor de la institucionalidad nacional y no debe caerse en la trampa o en la pereza de analizarlo a la ligera, debido a su complejidad. El Estado, las instituciones públicas y las empresas adeudan al Instituto Q35 mil millones. Esto, aunado a los malos manejos, ha llevado a que los servicios de salud sean precarios y los dinerarios reducidos, pero aún así, su costo es mucho menor para la población beneficiaria en comparación con el ámbito privado.

El régimen debe ser perfeccionado y su administración rescatada. Lo que se debe exigir a sus autoridades, comenzando por la Junta Directiva, es un plan de fortalecimiento, transparencia, rendición de cuentas y divulgación activa de información como ejes principales para evitar el patrimonialismo y las relaciones espurias entre el IGSS y otros estamentos, que los han conducido a condiciones lamentables. 

Eddie Fernández
Magister en Políticas Públicas, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista profesional, diplomado por el Tecnológico de Monterrey en Periodismo para el Desarrollo.

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EDITORIALES

Un mejor camino hacia occidente

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En poco tiempo habrá nuevo camino, aseguran las autoridades cuando hablan del paso por la cabecera departamental de Chimaltenango, que ha resultado ser una prueba de paciencia para los conductores y un calvario para quienes viajan en transporte colectivo o de carga.

Después de salvar obstáculos administrativos, presupuestarios y climáticos, el paso por Chimaltenango será expedito con el libramiento que evitará atravesar la población, lo cual redundará beneficiosamente en el comercio y turismo que viaja hacia el occidente del país.

Un tramo de más de 15 kilómetros circundará a la población de esa cabecera, conectando al municipio de El Tejar con el de Zaragoza, con una vía libre de dos carriles por vía, lo cual permitirá que el flujo de aproximadamente 30 mil vehículos diarios pasen en cuestión de minutos de un punto al otro, reduciendo de este modo el tiempo de paso de hasta 2 horas.

La libertad de locomoción es más que el permiso de ir de un lado a otro: también es contar con las posibilidades y medios de transportarse, y para ello se necesita de una buena infraestructura que apoye esa libertad de llevar o traer mercadería, personas, o bien para llevar servicios.

El Gobierno del presidente Jimmy Morales, por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), ha hecho una inversión de poco más de 450 millones de quetzales en este tramo carretero, con el propósito de eliminar el atolladero en Chimaltenango que, hasta la fecha, retrasa la comunicación vial con el occidente.

Por su parte, las autoridades de turismo han manifestado su beneplácito por que esta vía sea de tránsito fluido, pues en aquella zona del país existen puntos turísticos de gran importancia como el lago de Atitlán y la ciudad neoclásica de Quetzaltenango, a donde acuden turistas internacionales atraidos por su cultura, tradiciones, paisajes y artesanías.

Esta nueva parte del camino que conduce hacia la frontera con México ahorrará, según cálculos del CIV, unas 45 mil horas diarias a los pilotos que van del centro del país hacia el occidente.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Esfuerzos por la niñez y la adolescencia

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El cuidado, atención y resguardo de los niños, niñas y adolescentes (NNA) es un eje transversal en todos los programas de gobierno, pero hay instituciones especializadas en temas referentes a los menores que dedican recursos materiales, humanos y designaciones presupuestarias, como el caso de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

El año pasado se atendió a 469 NNA (de entre 0 a 14 años) con discapacidad para su inclusión social, y en el Centro de Capacitación Ocupacional se preparó a 82 adolescentes en oficios de cocina, panadería, conserjería, manualidades y carpintería.

Por su parte, la Dirección de Primera Infancia de la SBS cuenta con 41 Centros de Atención Integral (CAI) para infantes de entre 8 meses a 6 años, a quienes se atiende y educa mientras su padres trabajan. En 2018 se atendió a 4 mil 243 niños y niñas, que recibieron en total más de 2 millones de raciones de alimentos nutritivos.

Para los menores que han sido víctimas de violencia sexual se creó un hogar refugio especial, que acoje a infantes desde los 7 años de edad hasta madres solteras de 18 años, con el propósito de resguardar su integridad física, mental y emocional.

De acuerdo de un informe presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia (UNICEF), las tendencias actuales indican que el número de jóvenes de entre 10 a 19 años de edad aumentará a más de 1,300 millones para el año 2030, lo que representa un aumento de 8%, y se hace necesario atender a estos futuros ciudadanos con una educación de calidad.

El gobierno trabaja para que los niños y adolescentes reciban educación desde la preprimaria hasta el diversificado, que estén sanos y se prevengan enfermedades por medio de la vacunación a tiempo. También se preocupa por su alimentación, y por ello ha desarrollado programas con la participación de padres de familia para la selección, elaboración y servicio de comidas escolares. El gobierno también se esfuerza por brindarles seguridad.

En las zonas de alto riesgo para niños y adolescentes se desarrolla el programa Casa Joven, que da protección y atención a NNA y genera espacios juveniles seguros en su comunidad, para que se eduquen y desarrollen sus destrezas y habilidades.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Todo listo para que gane el mejor

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El banderazo de salida para la contienda electoral ya se dio. Y para esta oportunidad hay reglas nuevas que deberán ser observadas por los partidos políticos que apuestan por ganar puestos de elección popular, ya que tendrán poco tiempo y poco espacio para hacer ver los colores de sus banderas acompañadas de sus promesas para mejorar este país.

Un total de 27 organizaciones políticas cuentan con la personería jurídica para participar en estas elecciones, en las que se definirá quiénes serán las próximas autoridades en la Presidencia de la República, las curules del Congreso, del Parlamento Centroamericano y en las corporaciones muncipales de todo el país.

Dos metas deberán ser conquistadas: la primera se cumple el 16 de junio, con la primera vuelta electoral, en la que quedará claro quiénes serán los ganadores en la elección para diputados, alcaldes y corporaciones municipales; pero para la elección de Presidente y Vicepresidente hay una fecha más: si no se da la mayoría absoluta, los contendientes deberán prepararse para la recta final que está programa para el 11 de agosto.

De la nuevas reglas a observar en esta contienda cabe señalar el tema de los gastos de campaña. Cada organización política podrá disponer de un tope de gastos, que debe ser de Q29,649,285.74. Y los ingresos para alcanzar esa cifra, o menos, serán fiscalizados por el TSE.

La propaganda también tendrá un límite de tiempo para su desarrollo. Todas las campañas proselitistas deberán programarse para iniciar el 18 de marzo y terminar el 14 de junio y, además, se tienen prohibiciones para las pintas y colocación de materiales propagandísticos que afecten el ornato de caminos, pueblos y ciudades.

El mayor porcentaje de electores se ubica entre las edades de 26 y 30 años, que suma 1 millón 122 mil 748 y significa el 15 por ciento del padrón electoral, que contrasta con el grupo de entre 66 y 70 años, que suma 301,011 electores y representan el 4 por ciento del padrón electoral.

Poco menos de 9 millones de guatematecos tendrá la oportunidad de elegir autoridades para los próximos 4 años, incluyendo, esta vez, a los connacionales radicados en Estados Unidos que se hayan empadronado antes de la fecha de cierre que marca el TSE. Todos listos para la fiesta cívica.

Redacción DCA
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Gobierno de Guatemala

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