EN EL PAÍS
Mejoraría la utilización de los fondos
El Gobierno busca evitar que los recursos que no sean ejecutados este año por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) terminen en el Fondo Común, por lo cual enviará una iniciativa de ley al Congreso para que puedan reasignarse en 2017.
El Gobierno busca evitar que los recursos que no sean ejecutados este año por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) terminen en el Fondo Común, por lo cual enviará una iniciativa de ley al Congreso para que puedan reasignarse en 2017.
La propuesta surgió en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), cuyos integrantes consideran necesario garantizar que los Q800 millones o Q1 mil millones que se prevé podrían quedarse sin utilizar en 2016 se usen en el próximo ejercicio fiscal.
Continuidad
De acuerdo con el presidente Jimmy Morales, con la medida se aseguraría que los proyectos en favor de la población no se detengan, lo cual fue bien visto por gobernadores, alcaldes y representantes de la sociedad civil, quienes participaron en la quinta reunión del ente colegiado.
Edwin Escobar, titular de la Asociación Nacional de Municipalidades, valoró la determinación que se expuso en esa materia, pues, según dijo, “gestiones anteriores no mostraron interés por resolver la problemática que se generaba cuando las obras quedaban inconclusas por falta de financiamiento”, mientras que la delegada de las organizaciones de mujeres, Alba Benilda Batres, agradeció al mandatario por escuchar el clamor popular en estos temas.
Legislativo
Debido a que lo planteado implicaría una ampliación presupuestaria, el asunto tendría que ser analizado a profundidad y discutido en la Comisión de Finanzas del Legislativo y en la instancia de jefes de bloque, expresó la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia. La congresista manifestó que para el efecto es necesario evaluar la eficiencia con la que han actuado los Codede. En ello coincidió Escobar, quien opinó que el manejo de los recursos debe ser fiscalizado por las autoridades y la ciudadanía.
“La rendición de cuentas es un elemento indispensable para la democracia”, expresó el presidente Bernardo Arévalo durante la presentación de avances y desafíos en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El mandatario aseguró que este es un gobierno de puertas abiertas, anticorrupción y fomenta la fiscalización.
Arévalo resaltó que cualquier ciudadano debería poder solicitar cuentas al Ejecutivo acerca de las decisiones que toma, saber cómo invierte los recursos en el que todos contribuyen y que los funcionarios públicos estén obligados a informar a quien lo solicite.
El Presidente mencionó que la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2008, ha permitido avances importantes, pero reconoció que queda mucho por hacer para consolidar una cultura de transparencia.
“Tenemos tecnología, ahora, que nos permite publicar y consultar con relativa facilidad, y más gente puede ahora, en teoría, acceden a la información pública y utilizarla de forma eficiente”, dijo el jefe de Estado.
“Estamos transformando una cultura para avanzar en la transparencia, en donde el principio es que nada de lo que sea público debe estar oculto”, añadió.
Eddie Cux, comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico, dijo que este es un derecho fundamental y que han pasado 16 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y, a pesar de los retos y desafíos, este derecho ha trascendido.
“Hemos sido testigos de que periodistas, investigadores y sociedad civil han podido acceder a información sobre los procesos de la gestión pública, obtenido datos que dan soporte a las acciones que se han realizado contra la corruptela”, señaló.
Julio Flores, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, señaló que marcos legales como este contribuyen a fortalecer las instituciones.
En el acto, el representante de la Unesco, Patricio Zambrano, resaltó la necesidad de que el acceso a la información no sea solo un derecho formal, sino una herramienta activa que fomente una participación ciudadana más robusta dentro de las instituciones públicas.
Una jornada extraordinaria para la emisión del documento de identificación internacional llevó a cabo ayer en sus siete sedes el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), con el objetivo de atender a las personas que debido al cumplimiento de su jornada laboral no pueden realizar las gestiones en los días y horarios hábiles. Las autoridades esperaban atender más de 3 mil solicitudes en cada oficina.
Este día, la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debatirá las impugnaciones y amparos presentados contra el listado de 26 candidatos entregado la semana pasada al Congreso.
El encuentro, el séptimo del ciclo, se celebrará en el campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL).
Hasta el momento, no se ha revelado cuántas oposiciones ha recibido dicha instancia; sin embargo, el secretario del ente, José Roberto Hernández, confirmó que la postulante Dasma Guillén Flores interpuso un amparo al no ser incluida en la nómina final.
No aceptan objeciones
Por otro lado, la Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones rechazó, el sábado 28 de septiembre, cuatro objeciones contra la lista de 312 candidatos a magistrados. No obstante, dos amparos vigentes podrían retrasar el proceso de votación en el Parlamento.
La postuladora desestimó los recursos argumentando que no se detectaron irregularidades en la fase de selección de los aspirantes a las magistraturas enviada al Legislativo.
