Medida urgente ante la emergencia

El Gobierno está en alerta por las lluvias, que han dejado destrucción en la infraestructura vial y muerte, como consecuencia del temporal, comparable con la tormenta Agatha, la cual azotó el país en 2010.

Según un reporte presentado ayer al presidente Jimmy Morales por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), 13 de los 22 departamentos están en riesgo, en especial los de la Costa Sur, el altiplano y oriente.

De acuerdo con el informe, 320 mil 507 personas se encuentran en vulnerabilidad, 3 carreteras han sido destruidas y 115 están afectadas. Hay 15 puentes colapsados y 24 dañados. Además, 609 escuelas han sufrido alguna afectación, mientras que 4 mil 152 viviendas han tenido daños entre leves, moderados y severos, y hay 310 en riesgo.

Es importante destacar que, a pesar de lo intenso de este invierno, las medidas de prevención han dado como resultado que las muertes no superen las 26, si comparamos las tragedias de años anteriores.

Una de las preocupaciones de las autoridades, además de que la población esté en peligro, es el colapso de tramos carreteros, que impide el traslado del comercio, y la población demanda la reparación inmediata de los caminos.

Sin embargo, la administración se ve incapacitada en ejecutar los recursos para hacer frente al asunto, debido a las leyes que obligan a realizar licitaciones para recuperar las rutas, lo que retrasa la reconstrucción.

Por ello, una de las salidas para atender esta emergencia es decretar un estado de calamidad, medida que se está evaluando desde el fin de semana, pues va en la línea de proteger la vida de los
guatemaltecos.

El mandatario anunció que se buscarán las opciones basadas en norma para adquirir bienes y servicios que permitan reparar la infraestructura, y se ha invitado a la Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de Cuentas para que acompañen el proceso.

Desde julio, el Gobierno intentó decretar el estado de calamidad para enfrentar la emergencia de entonces, pero el Congreso desaprobó esa iniciativa. Ahora es el momento de consensuar la medida, a todas luces necesaria para garantizar el bien común, con fiscalización y auditoría social.

Redacción DCA