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Los intereses escritos enel acta de Independencia

La decisión de separarse de España respondió al interés de las élites por resguardar su poder y mantener el control sobre la población que pervive

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Han pasado 204 años desde que 13 personas firmaron el Acta de Independencia del país. Cada septiembre, la fecha se llena de antorchas, comida típica, desfiles, tradiciones e incluso referencias al futbol. Pero más allá de las celebraciones, resulta fundamental redescubrir el documento que marcó un antes y un después en la historia nacional, y preguntarnos: ¿qué se dijo?, ¿por qué se dijo? y, sobre todo, ¿cómo se dijo?
Las respuestas revelan mucho sobre los ideales con los que se fundó el país: a quién se excluyó de la narrativa, con qué plumas se escribió la historia, qué efectos tuvo y sigue teniendo en la nación, y, en última instancia, qué significó realmente la independencia para quienes la concibieron hace dos siglos.

¿Por qué se dijo?

El 15 de septiembre de 1821 los representantes de la Capitanía General de Guatemala se reunieron para firmar el Acta de Independencia. En su introducción se resalta el deseo creciente de emancipación en las colonias americanas, motivado por distintos factores, entre ellos la derogación de la Constitución de Cádiz de 1812, promulgada en plena guerra de independencia contra Napoleón. Este texto establecía la soberanía nacional, la separación de poderes, derechos igualitarios para los pueblos conquistados, principios liberales que más tarde inspirarían a las constituciones de las antiguas colonias españolas.

También influyeron las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que sirvieron como referentes a los movimientos independentistas de la región istmeña.

El acta menciona de manera expresa “diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán i Tuxtla, en que comunican haber proclamado i jurado dicha independencia i escitan a que se haga lo mismo en esta ciudad”.
Otros antecedentes importantes fueron el levantamiento de San Salvador del 5 de noviembre de 1811, encabezado por los sacerdotes José Matías Delgado y Nicolás Aguilar, las acciones en Nicaragua y la Conjuración de Belén, así como varias revueltas entre 1814 y 1821, incluyendo la del 24 de enero de 1814 en San Salvador, que fracasó con la captura de sus organizadores y la ejecución de Santiago de Celis.

Las plumas que redactaron el acta

Los firmantes no formaban un bloque uniforme de patriotas. Como explica la historiadora Anarella Vélez, había quienes querían mantener la relación con España, quienes veían la independencia como un paso hacia la anexión al Virreinato de Nueva España, y los criollos salvadoreños que buscaban sacudirse la hegemonía económica guatemalteca. Mientras, en las calles, el pueblo presionaba con gritos y presencia masiva.

Semanas antes, el 16 de agosto, las familias más influyentes —Aycinena, Molina y Barrundia— ya se habían reunido para anticiparse a cualquier levantamiento popular. El historiador José Ventura recuerda “no les convenía que fuera el pueblo, por lo que algunos de ellos terminaron redactando y firmando el Acta de Independencia semanas antes”. Así, el documento nació marcado por intereses de élite, más preocupados por asegurar su control que por romper con el orden colonial.

Lo que se dijo

El acta comienza reconociendo el deseo del pueblo de separarse del gobierno español, evidenciado tanto por escritos como por manifestaciones públicas, como los oficios de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, y los gritos de la población frente al Real de la Ciudad de Guatemala.

Se señala que, para garantizar un proceso ordenado y evitar desórdenes, se decidió proclamar oficialmente la independencia y se convocó a todas las provincias a elegir diputados que se reunieran en la capital. Este Congreso tendría la responsabilidad de definir la independencia y, en caso de aprobarla, establecer la forma de gobierno y la ley fundamental del nuevo Estado.
También se establecieron criterios para la elección de los diputados: su número debía ser proporcional a la población de “uno por cada 15 mil individuos”, e incluía explícitamente “a los originarios de África”. Las elecciones se organizarían a través de las juntas electorales existentes. Además, se fijaron plazos para que los representantes se reunieran en la capital, mientras las autoridades actuales continuarían ejerciendo sus funciones según la ley, lo que aseguraba la continuidad del Gobierno hasta que el Congreso tomara decisiones definitivas.

Se creó una junta provisional para asesorar al jefe político, Gabino GaInza, en asuntos gubernativos y económicos relevantes, garantizando que la administración siguiera funcionando sin interrupciones. El documento también subraya la importancia de la religión católica y la unidad social, instando a los líderes religiosos a fomentar la fraternidad y la concordia entre la población y a evitar conflictos durante la transición hacia un nuevo gobierno.

Se dispuso la publicación de un manifiesto que informara sobre los sentimientos del pueblo y las decisiones de las autoridades, y se estableció que todas las corporaciones, funcionarios y ciudadanos debían prestar juramento de fidelidad al nuevo gobierno americano. También se organizaron celebraciones solemnes: una misa, salvas de artillería, iluminación y la acuñación de una medalla conmemorativa.

Finalmente, el documento se firmó oficialmente en el edificio que existía en la esquina de la Sexta Avenida y la Octava Calle de la Zona 1, dejando constancia de quiénes participaron en este momento histórico.

¿Cómo se dijo?

El documento evidencia que la decisión de separarse de España respondió más al interés de las élites criollas por resguardar su poder y mantener el control sobre la población que a la intención de construir un Estado verdaderamente autónomo. Esto se refleja en el primer punto del acta, que indica que estas acciones se toman “para prevenir las consecuencias temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

Contradictoriamente, el propio texto reconoce que la separación se declara “siendo la voluntad general del pueblo de Guatemala, i sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse”. Esta fórmula muestra que, aunque se reconocía el deseo popular de independencia, la proclamación era más una formalidad que la creación de un nuevo orden político: la soberanía y la forma de gobierno quedaban supeditadas a un Congreso aún inexistente.

El acta, redactada por José Cecilio del Valle, contempló la elección de diputados, pero sin definir de inmediato el funcionamiento del nuevo Estado ni garantizar una autonomía real. La cita que ordena convocar a representantes “para formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia jeneral i absoluta, i finar, en caso de acordarla, la forma de gobierno i lei fundamental que deba rejir” reflejaba esta falta de definición.

Según Ventura, la independencia real de Guatemala se consolidó muchos años después: “Hay tres independencias: la del 15 de septiembre de 1821 (de España), la del 1 de julio de 1823 (tras separarse de México y de la Federación), y la del 21 de marzo de 1847, cuando se declaró República soberana e independiente. Muchos historiadores consideran esta última como la verdadera independencia”.

Los firmantes buscaban ganar tiempo ante la presión del pueblo y los acontecimientos en otros países. El acta estipula que Gabino Gaínza, funcionario nombrado por la Corona, debía “continuar con el gobierno superior político y militar”. En otras palabras, nada cambió: permaneció al mando el mismo jefe. Además, se creó una “Junta Provisional Consultiva” para respaldar su autoridad. Más que un paso hacia la libertad, esto representó la perpetuación del viejo orden bajo otro nombre. Vélez afirma que “ayer, hoy y siempre, que estos no eran independentistas, y no tenían interés en romper con la metrópoli”. En varios puntos del documento se observa el esfuerzo por mantener el control social. Por ejemplo, el artículo 11 encomienda a las comunidades religiosas garantizar la “paz i sociego” mediante exhortaciones a la fraternidad y a “sofocar pasiones individuales, que dividen los ánimos i producen funestas consecuencias”. Esto revela cómo las expresiones del pueblo eran percibidas como amenazas que podían desestabilizar el poder criollo. Lejos de considerarse un motor legítimo de cambio, se presentaban como problemas a neutralizar. En este contexto, la Iglesia fue instrumentalizada para asegurar obediencia, contención y estabilidad durante la transición política.

La religión se convirtió así en un eje central del nuevo orden: el acta establece que la fe católica debía “conservarse pura e inalterable”, lo que mantenía “vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala”. Esto consolidaba el rol de la iglesia en la vida pública; protegía a sus ministros y propiedades, y reforzando su poder al tiempo que excluía la diversidad espiritual de los pueblos originarios.

La inclusión de la población africana es otro aspecto relevante: se les reconoció participación, aunque no a los pueblos indígenas. Ventura explica que esto obedecía al Plan de Iguala, que promovía independencia, religión y unión social; en ese contexto, era importante posicionarse en contra de la esclavitud, que ya había sido abolida, para cumplir con los requisitos de la anexión a México.

Las tradiciones independentistas continúan. Este análisis no pretende cambiar lo que ya pasó; sin embargo, vale la pena revisar la historia para reconocer los fallos en la construcción de la nación: cómo se priorizó proteger a la élite por encima de las demandas del pueblo.

Con ese reconocimiento, podemos aspirar a un país en el que cada antorcha refleje, de verdad, una independencia compartida y significativa.

El lenguaje del acta

En el Acta de Independencia, septiembre aparece escrito como setiembre, una forma común en la época que reflejaba la pronunciación habitual y que la Real Academia Española consideraba válida.
También se observan diferencias ortográficas del español formal del siglo XIX: la conjunción “y” se escribía como “i” y la distinción entre “u” y “v” no estaba completamente establecida, usándose la “v” al inicio de palabras o sílabas (“Vniversidad” por “Universidad”). Estas convenciones buscaban claridad, fluidez y uniformidad tipográfica

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