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EDITORIALES

Los CAI son un alivio de padres que trabajan

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Esta semana, el Gobierno abrió los Centros de Atención Integral (CAI), programa que se encarga del cuidado y formación de pequeños, cuyos padres trabajan. Estos progenitores no tienen con quién dejar a sus hijos y tampoco poseen recursos para contratar a una niñera.

Dichos centros se han convertido en un verdadero alivio para familias guatemaltecas, puesto que garantizan la seguridad de los infantes, así como la atención integral que requiere un niño de 2 o 3 años de edad. Además de instalaciones dignas y convenientemente equipadas, el Gobierno se ha asegurado de contratar personal con los conocimientos y experiencias que requiere una tarea tan importante y noble.

Lo cierto es que estas instituciones evidencian la solidaridad que debe caracterizar a las autoridades de los Organismos del Estado, quienes tienen la responsabilidad de responder a las necesidades de los ciudadanos que cuentan con menos recursos económicos.

Conviene anotar que los CAI son mucho más que una guardería, porque su misión trasciende el cuidado de los pequeños y se centra en su formación intelectual y en una buena nutrición. De esa cuenta, mes a mes, los padres de familia revalidan su confianza en estos establecimientos, los cuales les permiten alcanzar realizaciones laborales o académicas.

“Los niños aprenden a pensar por medio del juego, a resolver problemas y a ser independientes”, reflexiona una de las autoridades del centro que se ubica en el mercado La Presidenta, uno de los 38 CAI que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) habilitará en todo el país.

“Apostar por nuestros niños es construir un mejor futuro”, es una frase que reiteradamente ha pronunciado el presidente Alejandro Giammattei, quien sabe que el desarrollo y la prosperidad de los pueblos pasa, necesariamente, por la formación integral de los pequeños.

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La emergencia hizo brotar la solidaridad

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”Juntos todo es posible”, es una frase muy arraigada entre los guatemaltecos. El enunciado se ajusta a lo vivido en Guatemala en los últimos dos días, cuando un feroz incendio consumió más de 50 hectáreas y arrasó con la flora y fauna en el volcán de Agua, Sacatepéquez.

La magnitud del evento se vio empequeñecida ante la solidaridad manifiesta de los connacionales, quienes inmediatamente tendieron su mano a los compatriotas afectados y salieron en defensa de los recursos naturales del país, aunque, como fue en realidad, este acto de valentía implicara arriesgar la vida, como lo evidencian las fotografías de quienes debieron ser atendidos tras el esfuerzo realizado.

Lo cierto es que 48 horas después del acontecimiento, la intensidad de las llamas comenzó a descender y la tranquilidad volvió al lugar, gracias al accionar de socorristas, rescatistas, voluntarios y representantes de instituciones públicas y privadas. Para todos ellos, vaya un saludo respetuoso y un reconocimiento.

Como todo contratiempo, este deja lecciones, en especial, en lo relativo a campañas de concienciación que permitan que los ciudadanos reciban mensajes claros y contundentes en torno a la conveniencia de evitar las rozas o denunciar los incendios provocados. Afortunadamente, en esta ocasión no se reportan víctimas ni tampoco existen poblaciones en riesgo, lo cual alivia.

No obstante, sería incorrecto cantar victoria, sobre todo cuando somos una nación susceptible a estas situaciones, lo cual se evidencia con las más de 15 quemas que se contabilizan en el territorio nacional, aunque todas están bajo control, como lo informó anoche la presidenta en funciones, Karin Herrera, quien junto a Bernardo Arévalo lideraron esta batalla.

“Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito”, escribió el expresidente Henry Ford, sin pensar que con sus palabras describiría a los guatemaltecos.

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Avanza la batalla contra el monstruo de mil cabezas

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Los guatemaltecos lo tienen claro y las autoridades también: la corrupción se ha tornado en un monstruo de mil cabezas, que no solo ha penetrado el Estado, sino que se ha enquistado y convive a placer en la mayoría de instituciones que reciben fondos públicos.

La saciedad de los indecentes para enriquecerse no tuvo límites, así como tampoco su imaginación para crear mecanismos que les permitieran robar a manos llenas, con la complicidad de aquellos que optaron por mantener un empleo, aunque ello implicara perder los principios. Lo cierto es que se vea por donde se vea, el despojo del dinero del Estado aparece, existe, aunque la magnitud del acto estriba en la posición del malhechor de turno.

A estas alturas, pareciera que ya no hay nada que inventar en materia de pobredumbre, que ya todo está hecho, organizado y aceitado. Por eso, son plausibles los esfuerzos que emprende el Gobierno para combatir este flagelo y dignificar la función pública.

La más reciente acción sobre el particular la comunicaron ayer la presidenta en funciones, Karin Herrera, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, quienes informaron el impulso de un censo de recursos humanos que permitirá, entre otros objetivos, identificar las plazas fantasma que abundan en las dependencias.

Las limitaciones legales impiden que este inventario de inmoralidades se centre en el Organismo Ejecutivo, cuando se sabe que dichos abusos existen, de manera cínica o solapada, en el Congreso, tribunales, municipalidades y entes descentralizados y autónomos.

Es, en verdad, un engendro que se ha fortalecido gracias a la impunidad que le garantizan las instituciones llamadas a combatirlo y derrotarlo. Pero insistimos, los compatriotas y el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera lo saben: la desvergüenza prevalecerá mientras se le permita y estimule.

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Combate a extorsionistas es inflexible y certero

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Los resultados están a la vista: 182 extorsionistas capturados de enero a la fecha. Dichos registros, producto de una labor estratégicamente coordinada, representan un alivio para ciudadanos y empresarios que invierten esfuerzos y recursos para contribuir en el crecimiento económico del país.

El combate inflexible y certero emprendido desde el Ministerio de Gobernación (Mingob) es una muestra del interés del Gobierno para construir una nación donde prime el Estado de derecho y la seguridad de las personas.

El más reciente golpe a estas estructuras del mal se ejecutó ayer, mediante un megaoperativo que incluyó 8 departamentos, el cual culminó con la detención de 43 presuntos chantajistas, quienes fueron sometidos y conducidos a los tribunales de justicia, con el objetivo de que asuman las consecuencias de sus actos criminales.

Como lo advirtió el ministro del Interior, Francisco Jiménez, en un texto de su red social X: “Hoy, miles de familias dejarán de recibir llamadas de extorsión”, un hecho que se dice fácil, aunque tiene una trascendencia invaluable porque tiene que ver con la tranquilidad de connacionales que son amenazados por el simple hecho de ser ejemplo de productividad y éxito.

Adicionalmente, al éxito que implica la detención de estos supuestos forajidos, los 56 allanamientos ejecutados ayer permitieron la recolección de información que sustentará investigaciones en curso, que terminarán con la identificación y ubicación de más sospechosos.

Ser firmes en la aplicación de la ley, retomar el control de las calles y trabajar para que los

guatemaltecos vivan en paz, es la instrucción girada por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera a las autoridades del Mingob, quienes en menos de 40 días de gestión han evidenciado que se puede ganar la batalla contra las maras, siempre y cuando se cuente con equipos disciplinados, valientes y, sobre todo, comprometidos con la edificación de un Estado en el que la seguridad democrática sea la regla y no la excepción.

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