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Los bosques prohibidos de Todos Santos
Es mediodía, y pese a estar en pleno resplandor, como es habitual en otros lugares, los rayos del sol no penetran este verde espesor.
Nos encontramos en lo más alto de los bosques prohibidos de Todos Santos, Huehuetenango. Aquí es plena naturaleza, gracias a la protección de las 23 comunidades mayas, descendientes de la etnia Mam, que habitan ahí.
Ellos cuidan, sirven y comparten momentos memorables en este bosque milenario.
Es una extensión de 7 mil 255.40 hectáreas, y cada lider comunitario tiene un área asignada para cuidarla. Es prohibido cortar alguna especie, porque han sido heredados por generaciones.
Su labor de proteger los bosques ha hecho que instituciones, como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), apoyen la causa, transfiriendo recursos económicos para proyectos enfocados en fortalecer la administración de las áreas y al desarrollo de las comunidades.
No obstante, ellos cuidan este bosque de Todos Santos, conscientes de que este ecosistema les provee oxígeno, agua, recursos energéticos, para su supervivencia.
EFE
Un tribunal de apelación de Ginebra, Suiza confirmó este jueves una condena de 14 años contra el exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, quien a la salida de la audiencia dijo a EFE que volverá a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apelar esta decisión.
La condena no implica que el antiguo responsable policial volverá a prisión, puesto que ya ha pasado once años recluido (incluyendo un periodo en prisión domiciliaria), lo que implica más de dos tercios de la pena impuesta por su supuesta complicidad en la ejecución de siete prisioneros en el contexto de un motín en la cárcel de Pavón en 2006.
Esta es la cuarta vez que Sperisen ha sido juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos judiciales que se han prolongado durante más de doce años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizan 11 allanamientos en inmuebles relacionado con el caso B410 que facturaron venta de Bienes o prestación de servicios al Estado.
Las 11 diligencias de allanamiento, Inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles relacionadas con las 9 entidades que forman parte del grupo B410 que le facturan venta de bienes o prestación de servicios a entidades de Gobierno.
Los operativos se realizan con el objeto de recabar indicios que contribuyan al fortalecimiento de investigaciones en curso para lograr la captura de los defraudadores.
EFE
La Red Sin Violencia LGTBI, que hoy publicó un informe sobre la violencia homicida contra personas LGTBI en América Latina y el Caribe en 2023, propone que los Gobiernos de la región incorporen enfoques diferenciales por identidad de género y orientación sexual en las políticas de seguridad, así como la creación de programas que protejan a las personas LGTBI defensoras de derechos humanos y participantes en procesos electorales.
La Red Sin Violencia LGBTI -que agrupa a organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGTBI en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana- hace hincapié en la necesidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia intrafamiliar contra personas LGTBI y capacitar a los operadores de justicia para mejorar su atención a estas víctimas.
Para El Salvador y Guatemala, la ONG recomienda la implementación de campañas de comunicación social que promuevan los derechos humanos de la población LGTBI y la revisión de leyes, como la Ley de Identidad de Género en El Salvador. En ambos países insiste en la necesidad de protocolos de atención integral para las víctimas de violencia.
Asimismo, hace un llamado a garantizar que las políticas públicas contra la violencia de género también incluyan a las mujeres trans y a recolectar datos estadísticos desagregados sobre la violencia LGTBI para implementar políticas efectivas basadas en evidencia.
En cuanto a Colombia y Ecuador, la Red Sin Violencia sugiere la creación de protocolos específicos para la investigación de crímenes contra personas LGTBI y el fortalecimiento de mesas interinstitucionales que atiendan la violencia de manera urgente. También propone la sensibilización social para combatir los imaginarios negativos hacia las personas LGTBI.
En Nicaragua y Honduras, la Red Sin Violencia hace hincapié en la capacitación de los operadores de justicia para garantizar investigaciones adecuadas y en la derogación de normativas discriminatorias. Asimismo, pide que se promuevan campañas que contrarresten los discursos discriminatorios, especialmente en contextos políticos.
México y Perú deben fortalecer la capacitación de policías y fiscales para atender casos de violencia contra personas LGTBI y garantizar que las protecciones legales frente a la violencia de género incluyan a las mujeres trans. Además, se recomienda desarrollar sistemas de información para registrar la violencia ejercida contra personas LGTBI.
Finalmente, en la República Dominicana debe aprobarse un nuevo Código Penal que contemple protecciones contra la violencia basada en prejuicios y promover campañas de sensibilización para prevenir actos de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género.
