EN EL PAÍS
Logran disminución en casos de desnutrición aguda
Al 23 de abril, el número de casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años en el país es de 299, lo cual representa 80 menos que en el mismo período del año pasado, es decir, una baja del 21 por ciento, según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).
Al 23 de abril, el número de casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años en el país es de 299, lo cual representa 80 menos que en el mismo período del año pasado, es decir, una baja del 21 por ciento, según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).
Los datos son respaldados por el Sistema de Información Gerencial en Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a la semana epidemiológica 16 y permiten proyectar que el presente año se aceleraría el combate al padecimiento.
Esto con base en que la enfermedad cerró con 13 mil 479 casos en 2015, una disminución del 12.8 por ciento en comparación con los 15 mil 461 de 2014, de acuerdo con el Siinsan.
Labor en conjunto
German González, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) explicó que la baja se debe a que “se trabaja en prevención y en crear conciencia en las madres para que lleven a sus hijos a los centros de salud, donde se asegura su tratamiento en caso de que padezcan desnutrición aguda”.
Estos programas “deben considerar el enfoque de derechos humanos en su diseño, ejecución y evaluación, abordando las causas inmediatas, básicas y subyacentes”, según la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
González reconoció que los avances que se están consiguiendo son resultado de la coordinación multisectorial y resaltó el aporte de Naciones Unidas.
Con el fin de que los niños continúen el ciclo escolar, en espacios dignos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) inauguró dos aulas prefabricadas más, las cuales se acondicionaron en la Escuela Rural Mixta Caserío El Sestiadero, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa.
“Seguimos instalando modulares escolares para suplir los daños por las lluvias”, al tiempo que se atienden remozamientos y necesidades esenciales para un aprendizaje seguro y continuo, expresó Félix Alvarado, titular del CIV, en su cuenta oficial de X.
Informó que la instalación estuvo a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Obra Pública. Según el CIV, en total se adquirieron 35 de estas estructuras, que serán instaladas en escuelas y centros de Salud priorizados en Escuintla, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jalapa, San Marcos, Izabal y Retalhuleu.
Adicionalmente, en los centros de Jalapa se instaló internet de conexión satelital, que tienen una velocidad de 50 a 250 megabits.
La semana pasada, el presidente Bernardo Arévalo recordó que las condiciones climáticas ocurridas en junio y julio afectaron los edificios de enseñanza y de salud. “El Gobierno está respondiendo con acciones oportunas”, manifestó el mandatario.
Medidas para evidenciar y facilitar la fiscalización de las compras de baja cuantía, que en el pasado han sido foco de corrupción y de evasión de impuestos, tal y como se demostró con el caso B410, contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025, entregado por el Gobierno al Congreso de la República para su aprobación.
En el Artículo 33 se obliga a las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y empresas estatales a “publicar, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, un informe sobre el gasto de contrataciones públicas” en la citada modalidad, realizadas en el mes anterior al reporte.
Además, el Artículo 32 indica que las dependencias del Organismo Ejecutivo deberán priorizar el uso del Fondo Rotativo Institucional con Tarjeta de Compras Institucional (TCI). Ello, “con la finalidad de modernizar la administración del régimen de fondos rotativos y fortalecer la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante el uso de medios electrónicos para gastos emergentes de baja cuantía”.
Vigorizan herramienta
Sumado a lo anterior, las normas presupuestarias contenidas en la iniciativa promueven las adquisiciones por contrato abierto, que es una norma ya existente. Sin embargo, “necesitamos que haya un reforzamiento para utilizarlo, porque es un mecanismo más transparente”, afirmó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien se reunió con diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Parlamento, quienes analizan el plan de inversiones para el próximo año.
Para este caso, se han priorizado las áreas de computación y telecomunicaciones; limpieza, fumigación y artículos afines; papelería y utensilios de librería, así como alimentos y semillas, salud e insumos hospitalarios.
Con buenos ojos
Manfredo Marroquín, directivo de Acción Ciudadana (AC), ve positivos los citados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Está bien que se vayan incrementando estas medidas y los candados, porque la administración pública ha sido objeto de saqueos permanentes en los últimos gobiernos. Hay que empezar a cerrar las puertas que facilitan el mal uso de los recursos públicos”, aseguró el entrevistado.
De igual manera, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) “que cumpla con su función fiscalizadora de manera más acuciosa sobre este tipo de gastos en las instituciones” estatales.
Desde inicios de enero al 21 de septiembre pasado, han sido capturados 1 mil 368 extorsionistas, reporta la Policía Nacional Civil (PNC). Una de las principales medidas adoptadas por el actual Gobierno ha sido la creación del Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE), de la PNC.
Este equipo especializado recorre las calles identificando casos de extorsión y deteniendo a los responsables.
Además, ha priorizado las requisas en centros carcelarios, donde, según el Ministerio de Gobernación (Mingob), se coordinan hechos criminales que han cobrado valiosas vidas de guatemaltecos.
Recientes capturas
En la zona 1 capitalina, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) consignaron a Gabriela N, de 21 años, acusada de dicho delito, quien acumula tres órdenes de aprehensión emitidas en junio y agosto del presente año por los juzgados de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Guatemala.
En el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capital, agentes de la Dipanda notificaron de nuevos delitos a las privadas de libertad Eva Noemí Velásquez, de 28 años, e Irma
Noemy Cotzajay, de 37, sindicadas de extorsión y extorsión en grado de complicidad.
