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Llaman a unirse por la seguridad alimentaria
Informe del PMA revela que el 25 por ciento de guatemaltecos tiene dificultades para satisfacer su dieta
En un acto en el que fue evidente la preocupación, debido a los resultados de un análisis sobre seguridad alimentaria en Guatemala, la vicepresidenta Karin Herrera instó a unir esfuerzos para garantizar ese derecho en el país.
La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024 (ESA), presentada ayer y realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), detalla que el 25 por ciento de los ciudadanos enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades de dietas, y estas familias deben decidir si gastar en comida o salud.
La vicegobernante subrayó que Guatemala “arrastra una deuda histórica, especialmente con la niñez y la adolescencia, que deben contar con una buena nutrición”. Por ello, apeló al compromiso de todos los funcionarios del Gobierno para generar cambios reales.
Para obtener estos y otros resultados, el PMA elaboró 6 mil 600 encuestas, que equivalen a más de 3 millones 900 mil hogares. Los departamentos que más enfrentan inseguridad alimentaria son Alta Verapaz, con 47 por ciento; Totonicapán, 39, y Guatemala, 34.
A escala nacional, uno de cada cuatro hogares tiene dificultades para asegurar el consumo de alimentos adecuados. En el ámbito de los pueblos indígenas, uno de cada tres núcleos no cuenta con suficiente dieta, de acuerdo con el informe.
Además, el 4 por ciento de las familias tiene un consumo de comida pobre, el 10 por ciento, limitado(podría pasar a pobre) y el 85 por ciento, con mínimos aceptables.
Datos actualizados
Miguel Barreto, coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, destacó que la ESA proporciona datos actualizados cruciales para la toma de decisiones y el diseño de programas nacionales, como Mano a Mano.
Barreto hizo un llamado a crear una política de Estado que trascienda los gobiernos de cuatro años, la cual incluya consensos entre partidos políticos, sector privado y sociedad civil. Afirmó que la entidad a la que representa está dispuesta a colaborar en la construcción de esta herramienta.
Ante la propuesta, la vicemandataria Herrera dijo estar anuente a buscarle viabilidad y subrayó la necesidad del compromiso de trabajo conjunto entre el Gobierno y todos los actores, a fin de garantizar una mejor calidad de vida de miles de familias que luchan contra la desnutrición y la pobreza.
Tania Goossens, directora y representante en Guatemala del PMA, recalcó que estos números reflejan no solo estadísticas, sino la historia de miles de familias que luchan a diario contra la inseguridad alimentaria.
Goossens detalló que la evaluación incluyó a los cuatro principales grupos étnicos de la nación: mam, q’eqchi’, k`iché` y kaqchikel, con el objetivo de escuchar sus voces y considerar sus necesidades en las intervenciones.
¿Qué hace el Gobierno?
La vicepresidenta afirmó que, entre las acciones del Ejecutivo
para luchar contra el mencionado flagelo están invertir más recursos en el Bono Nutricional, con arriba de 11 millones de quetzales destinados a beneficiar a 7 mil familias.
También, la asistencia alimentaria proporcionada a más de 300 mil hogares, así como proyectos productivos que buscan la prosperidad a largo plazo.
Herrera resaltó la urgencia de reforzar los esfuerzos en comunidades como Alta Verapaz, que enfrenta el mayor índice de pobreza y ha registrado muertes por desnutrición aguda. Dijo que, además de la entrega de alimento a más de 23 mil 800 hogares, se necesita voluntad y compromiso político para asegurar que los connacionales puedan vivir con dignidad.
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Gobierno redobla el resguardo ciudadano en las áreas rurales
Presidente reafirma su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad de los guatemaltecos
“Durante años, la seguridad y estaciones de policía se concentraban en las áreas urbanas, pero eso está cambiando. El resguardo debe llegar a cada rincón de Guatemala”, manifestó ayer el presidente Bernardo Arévalo durante la habilitación de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Arévalo explicó que esta sede es una expresión tangible que tiene el Gobierno con las familias del citado municipio y las comunidades que lo rodean, como parte del plan de fortalecer la vigilancia en las áreas rurales.
“Las administraciones anteriores enfocaban las sedes policiales en zonas urbanas, lo que dejaba a muchas poblaciones recónditas en situación de vulnerabilidad frente a los problemas de inseguridad”, afirmó el gobernante, al ratificar que su gestión buscará llegar a los sitios más lejanos de los
cascos urbanos.
Los 30 agentes asignados a la sede policial deberán responder a los problemas de seguridad y prevenir el delito. “En sus manos está la posibilidad de fortalecer la confianza de las comunidades”, añadió el mandatario.
Más subestaciones
El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, expresó que la subestación de Santa María Ixhuatán representa el compromiso firme con el bienestar de los vecinos. “La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad”, manifestó.
Jiménez explicó que esta sede tuvo un costo de 3.8 millones de quetzales y permitirá una respuesta más efectiva a cualquier emergencia, mientras reforzará la presencia de la ley en la región.
Además, anunció que en las próximas semanas serán inauguradas cinco subestaciones más: colonia Primero de Julio, zona 6 de Mixco; San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y Parcelamiento La Máquina, Suchitepéquez, así como San Vicente Pacaya y Guanagazapa, Escuintla.
De acuerdo con el ministro, la distribución de estos recintos de vigilancia, que responden a las órdenes el jefe del Ejecutivo, se basa en recuperar los espacios que han sido acaparados por las estructuras criminales.
Según datos de la PNC, los hechos ilícitos más denunciados en Santa María Ixhuatán durante 2024 incluyen homicidios y lesiones, hurto y robo de motocicletas, delitos que se combatirán con la presencia de más agentes.
Se recupera el control
El presidente Bernardo Arévalo dijo ayer que el Gobierno recupera el control de las instituciones del Estado y la capacidad de acción de estas, para combatir a las organizaciones criminales.
Administraciones anteriores, por dedicarse a la corrupción, abandonaron los intereses de seguridad del país, porque estaban dispuestos a vendérsela a narcotraficantes y al crimen organizado.
Los logros vistos contra las extorsiones y el descenso en homicidios demuestran el éxito gradual en la recuperación del control de la seguridad, puntualizó. Destacó que una revista de EE. UU. cita a Guatemala como uno de los tres ejemplos en América Latina de cómo se puede avanzar en la lucha contra la inseguridad y la violencia.
Miguelito, el de los Manacales
En julio del presente año, en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, “fue capturado Miguelito Monterroso Cardona, integrante de la banda criminal los Manacales, un grupo dedicado al robo y desmantelamiento de motocicletas, recordó el presidente Bernardo Arévalo durante la inauguración de la subestación de la Policía Nacional Civil en esa localidad.
El mandatario afirmó que “estos actos criminales ponen en peligro la seguridad física y emocional de nuestras comunidades y atentan gravemente contra la integridad de las familias”. Por ello, agregó: “Así como capturamos a Miguelito, seguiremos persiguiendo a todos aquellos que intenten amenazar la paz y tranquilidad”.
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Autoridades revelan anomalías en la DGT
Falta de control en expedientes, discrecionalidad en trámites y uso indebido de recursos son algunos de los hallazgos
En tan solo seis días hábiles al frente de la Dirección General de Transportes (DGT), las nuevas autoridades descubrieron irregularidades que afectan el funcionamiento de la institución.
Ana Elizabeth Velásquez, titular de esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), reveló en conferencia de prensa que entre las anomalías detectadas destacan 6 mil 170 trámites suspendidos, entre ellos la falta de trazabilidad en más de 600; algunos de ellos se remontan a 1996, así como un registro adelantado para 2027, lo que pone en evidencia un descontrol en la gestión documental.
Velásquez subrayó la urgencia de reorganizar la DGT bajo tres pilares fundamentales: procesos, institucionalidad y equipo. La acumulación de 9 mil 900 días de retraso en expedientes atascados es un reflejo del caos, afirmó.
Otra de las situaciones es la discrecionalidad en la gestión de trámites administrativos. Además, se identificaron irregularidades en el uso de vehículos oficiales y en la asignación de combustible.
Impacto negativo
El titular del CIV, Félix Alvarado, destacó el impacto negativo que la corruptela ha tenido en la DGT. Recordó que en 2003 hubo numerosos incidentes de tránsito que involucraron al transporte público no regulado, que dejaron cientos de víctimas. “La omisión de un funcionario público y la corrupción de un particular, por intereses propios, han puesto en riesgo la vida de las personas”, aseveró Alvarado.
Ambas autoridades coincidieron en que la reestructuración de la DGT será un proceso complejo y demandante, pero necesario.
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Congreso elige a magistrados titulares de Cortes de Apelaciones
Diputados, analistas y autoridades indígenas indican que elección fue un ejercicio democrático y transparente, pero lamentan que profesionales probos hayan quedado fuera del proceso
En una extensa jornada de votación, el pleno del Congreso de la República eligió anoche a los 156 magistrados titulares de las 52 Cortes de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría en el ámbito nacional, período 2024-2029.
Al final de la designación, diputados y analistas compartieron su perspectiva. Los legisladores consultados coincidieron que se realizó un ejercicio democrático, mientras que dos analistas y autoridades indígenas lamentaron que profesionales capaces hayan quedado fuera de las votaciones y esperan que los elegidos demuestren que están comprometidos con el país.
Los nuevos togados fueron seleccionados de un listado de 312 aspirantes, presentado al Legislativo por la Comisión de Postulación, liderada por Raúl Arévalo. Para ser electos, los profesionales debían obtener al menos 81 votos.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, destacó la transparencia del proceso, y desestimó las especulaciones sobre posibles alianzas entre bloques legislativos para apoyar a determinados candidatos. “No veo ninguna alianza, lo que veo son diversos bloques tratando de encontrar consensos. Veo un ejercicio democrático, público y transparente”, declaró Ramos.
Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, calificó la elección como un avance hacia la independencia judicial.
“Estamos satisfechos con los resultados. Creo que vamos a tener Salas de Apelaciones independientes, sin presiones ni subordinaciones, lo cual es un gran resultado para el pueblo”, afirmó.
Que cumplan con su deber
Pedro Raymundo Cedillo, de la Alcaldía Indígena Maya Ixil, hizo un llamado a los electos para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional y el Estado de derecho. Cedillo recalcó que el poder conferido es representativo del voto ciudadano, y advirtió que cualquier mal uso de este será recordado en futuras elecciones.
Las Cortes de Apelaciones desempeñan una importante función dentro del proceso judicial, ya que tienen la responsabilidad de revisar las decisiones judiciales emitidas por los tribunales de primera instancia y garantizar el derecho a recurrir de las partes en el proceso legal. Este rol es clave para asegurar que se respeten las garantías procesales y que se haga justicia en casos donde las decisiones de primera instancia puedan ser erróneas o incompletas.
Preocupaciones
“Vemos con cierta preocupación que se descartó a muchos buenos perfiles que esperábamos hubieran tenido una mejor evaluación y resultado” y pasaron “una gran cantidad de personas que, por lo menos, son muy desconocidos”, aseguró Marielos Fuentes, de Guatemala Visible.
Luego remarcó: “Será de esperar que sean los propios magistrados los que demuestren que eran las mejores personas para estos cargos”.
En términos similares se pronunció Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. “Esta votación confirma que la alianza política que dominó el país desde 2017 hasta enero de 2024, y que usualmente se le llama pacto de corruptos, está más viva que nunca”, aseguró Ibarra.
“Creo que pudieron haber hecho una mejor elección de la que hicieron”, concluyó Ibarra. Al cierre de esta información, los parlamentarios votaban por los magistrados suplentes de estas Cortes.
Finaliza cuarta visita de observación
La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vigila y verifica la elección de Cortes en Guatemala, culminó ayer su cuarta visita al país, en coincidencia con el final del proceso.
Los tres integrantes de la instancia de la OEA ya dejaron esta nación, según un comunicado del ente regional, en el que instaron al Congreso a elegir con responsabilidad a los magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA).
La misión, por medio de un informe preliminar, indicó el pasado 18 de septiembre que resultaba preocupante que las postuladora encargada de evaluar y seleccionar a los candidatos haya rechazado todos los señalamientos de corrupción presentados contra los aspirantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las CA.
La designación de jueces estuvo bajo la lupa internacional, debido a que las últimas dos elecciones, en 2014 y 2019, estuvieron manipuladas, de acuerdo con declaraciones y procesos judiciales.
