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COLUMNAS

Libertad económica (I)

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Gonzalo Villalta
Catedrático de Derecho Internacional Público

En estos tiempos de polarización ideológica vacíos, con imprudente frecuencia, de rigor filosófico y de compromiso formativo, resulta oportuno reflexionar sobre el significado y la importancia de la libertad económica tal como es concebida por el pensamiento liberal clásico anglo-británico, desde John Locke a Friedrich Hayek.

Esta escuela de pensamiento define la libertad económica como la capacidad del ciudadano para trabajar, emprender, realizar transacciones, poseer propiedades y utilizarlas. Presupone el reconocimiento estatal de esos derechos cívicos en pro de la actividad económica autónoma y de la propiedad personal y productiva, ambos garantes de la libertad de producir y distribuir bienes y servicios.

En última instancia, es la libertad conjunta de propiedad privada y de contrato o, más sencillamente, la libertad de elección tanto en propiedad como en contrato.

Así definida, la libertad económica se traduce en la libre agencia económica en el mercado que, a su vez, lleva a la prosperidad y, a través de la prosperidad, a la estabilidad en paz social.

La libertad económica es buena porque favorece al bien común en la prosperidad y
estabilidad.

No solo permite que “la gente buena haga el bien”, como escribió célebremente Milton Friedman junto con su mujer Rose en Libre para eligir, sino que también incentiva a la gente mala a hacer igualmente el bien. La libertad económica es buena porque favorece al bien común en la prosperidad y estabilidad.

Este pensamiento se sostiene en la idea del orden espontáneo, entendiendo que la interacción voluntaria e interesada entre agentes económicos minimiza el desperdicio, maximiza la producción, efectúa una distribución óptima y eficiente de los recursos, promueve la innovación creativa y facilita la interdependencia sociopolítica.

La libertad económica, en definitiva, facilita la felicidad particular en el bien común, principio central e integrador de la ética social que, a su vez, se define como el pleno desarrollo de la personalidad humana, es decir, la realización integral y sostenible tanto para el individuo como para la comunidad.

La libertad económica es, por tanto, un medio para un fin en el sentido de condición necesaria, aunque no suficiente; es parte de la suma de aquellas condiciones de la vida social, como la paz, la justicia, la abundancia, la salud y la seguridad, que permiten a los individuos y a las comunidades un acceso completo y rápido a su propia realización.

Entendida así, la libertad económica no niega que los derechos individuales de propiedad privada, tan importantes para la dignidad humana y su desarrollo, son susceptibles de regulación por parte de la autoridad pública en interés de la comunidad: es más, el Estado tiene una función legítima en la administración de esquemas de justicia distributiva en aras de la equidad en la medida en que no revocan sistemáticamente la libertad económica.

El bien de la comunidad política legitima la regulación de la actividad económica para corregir los monopolios y otras fallas y fraudes del mercado. También la tributación; bien para financiar subvenciones en efectivo, la provisión compasiva (justa, en definitiva) de bienes públicos esenciales (salud, vivienda, educación), o apuntalar la dignidad humana básica, especialmente la de aquellos que, involuntariamente, son incapaces de representar su propia agencia económica.

Tomando de patrón el liberalismo clásico y la economía del laissez-faire, para el constitucionalismo de libre mercado la autoridad pública tiene como obligaciones fundamentales.

Continuará…

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Impulso hacia el desarrollo económico

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Ingeniero Byron Gaitán

Cargo: Gerente General de ZOLIC

Guatemala cuenta con diversos regímenes especiales como Zonas Libres, Zonas Francas y Maquilas, los cuales impulsan el desarrollo económico, la creación de empleo y la diversificación de exportaciones.

Las Zonas Francas, promueven la exportación de bienes y servicios ofreciendo exenciones del Impuesto sobre la Renta, impuestos de importación y del Impuesto al Valor Agregado. Estas zonas permiten que las actividades industriales, comerciales y de servicios prosperen con menos carga fiscal.

El régimen de Maquilas, se enfoca en la producción y ensamblaje de bienes destinados a la exportación. Ofrecen exenciones fiscales, incluyendo el ISR, exenciones arancelarias sobre materias primas, maquinaria y equipos importados, y beneficios de importación temporal bajo el régimen de perfeccionamiento activo.

” Las Zonas de Oportunidad en Guatemala representan mucho más que incentivos fiscales; son catalizadores vitales para el progreso económico y social“.

ZOLIC y las Zonas de Desarrollo Económico Especiales Públicas, están diseñadas para facilitar el comercio internacional en actividades de industria, comercio y servicios, especialmente en la importación, exportación y reexportación de mercancías. Ofreciendo la exención del ISR por 10 años, suspensión temporal del DAI e IVA, exención de timbres fiscales y exoneración del 100% de tasas de importación y exportación.

El debate sobre los regímenes especiales y sus beneficios fiscales es recurrente, pero es crucial entender que estos no implican una exoneración total de tributos, sino un estímulo a la inversión que promueve las exportaciones y, a largo plazo, aumenta la recaudación tributaria.

En 2023, la SAT informó que la recaudación tributaria en el Predio Fiscal de ZOLIC alcanzó Q857.6 millones. En el primer cuatrimestre de 2024, la recaudación es de Q412.3 millones.

El reporte estadístico más reciente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas da cuenta de 800 zonas francas operativas en Iberoamérica y reportó que por cada unidad de moneda local exonerada, se genera un retorno a sus economías de hasta siete veces su valor.

La promoción de Guatemala como un destino para inversiones y nearshoring debe ser una prioridad colectiva. Esto implica no solo continuar fortaleciendo los marcos regulatorios y de certeza jurídica, sino también mejorar la infraestructura y los servicios.

Las Zonas de Oportunidad en Guatemala representan mucho más que incentivos fiscales; son catalizadores vitales para el progreso económico y social.

Es momento de consolidar estos logros y mirar hacia adelante con una visión clara y estratégica, garantizando que cada inversión y cada empleo generado en estas contribuyan al futuro próspero que todos buscamos construir.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Modelo de manejo forestal sostenible

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Consejo Nacional de Áreas Protegidas
[email protected]

El Gobierno de Guatemala a través del Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha implementado un modelo para el aprovechamiento y manejo integral de los recursos naturales renovables denominado “Concesiones de Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales Renovables”, en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya (RBM), en el departamento de Petén, el cual es reconocido a nivel nacional e internacional.   

Con más de dos décadas de implementación y constante mejora, el modelo concesionario ha logrado un balance entre la conservación, el uso sostenible de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de las personas y del país, lo cual se ve reflejado en la conservación de más de 600 mil hectáreas de bosque que resguardan una gran variedad de recursos naturales y culturales que son patrimonio nacional y de la
humanidad.

Las áreas protegidas y la diversidad biológica del país promueven el desarrollo socioeconómico de la presente y futuras generaciones.

Por ello, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente, visitó nuestro país junto a más de 30 líderes campesinos e indígenas, que aportan a la protección de la Amazonía colombiana, quienes fortalecieron sus conocimientos en materia de concesiones forestales, manejo sostenible de los bosques, desarrollo y comercialización de productos maderables y no maderables, entre otros.

Colombia también compartió las experiencias exitosas en la conservación de bosques y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en el que se tiene una meta de contención a la deforestación y contempla la creación de 28 Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB).

Durante la visita se resaltaron los principales servicios que las áreas protegidas concesionadas brindan como el turismo, servicios de regulación climática e hídrica, almacenamiento de gases de efecto invernadero en el que se estima que los bosques mantienen un stock de carbono, sin ser liberado de más de 207 millones de toneladas de dióxido de carbono, además se propicia la protección de patrimonio natural y cultural, la conservación de la diversidad biológica. 

Este modelo consiste en la adjudicación a Unidades de Manejo en Concesión Forestal por un periodo de 25 años, para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables maderables y no maderables, constituyéndose como el ensayo inicial del manejo forestal sostenible en Guatemala a través de una comunidad organizada. A la fecha hay activas 16 Unidades de Manejo.

A  través de las Concesiones Forestales se realiza el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, como el uso de madera, xate, ramón, chicle, pimienta, bayal, entre otros, los cuales por medio de la planificación y ejecución de planes de manejo se logra un uso racional de los recursos naturales, garantizándose su uso y continuidad para la presente y futuras generaciones, permitiendo así el desarrollo integral de las comunidades locales, aumento en el índice de desarrollo humano por medio de la generación de beneficios económicos a través de 150 mil empleos directos e indirectos, apoyo a la salud, educación, infraestructura y saneamiento ambiental.

Además, aportan significativamente al cumplimiento de la Política General de Gobierno y acuerdos internacionales, como a los ODS al 2030. Teniendo en cuenta la restauración que permita garantizar la conservación y la conectividad de ecosistemas estratégicos como parte de las soluciones basadas en la naturaleza y la bioeconomía. 

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Día Internacional de la Juventud (I)

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M.A. Abraam Miguel Tol Ramos

Director General del Consejo Nacional de la Juventud

A nivel global, más de la mitad de las personas en nuestro planeta tienen 30 años o menos. En Guatemala, viven actualmente 6 millones de jóvenes entre 13 y 30 años, representando el 34.38 por ciento del total de la población, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cada año, el 12 de agosto, conmemoramos el Día Internacional y Nacional de la Juventud, una fecha que nos motiva a reflexionar sobre el papel fundamental que ejercen las juventudes en la construcción de un presente y un futuro más próspero.

Una fecha que nos motiva a reflexionar sobre el papel que ejercen las juventudes.

Este año, con el lema La juventud como generación digital, se resalta cómo las juventudes tienen mayor acceso a las tecnologías digitales en comparación con otros grupos demográficos y la importancia de su participación activa en la búsqueda de soluciones innovadoras a desafíos sociales, especialmente los relacionados con el desarrollo sostenible.

Este día nos brinda una oportunidad para destacar las prioridades y estrategias que desde el Consejo Nacional de la Juventud se han identificado: 

1. La importancia de las políticas públicas orientadas hacia las juventudes y su rol esencial en la transformación social.

Sin embargo, para que las juventudes se puedan convertir en verdaderas protagonistas del cambio, es necesario que el Gobierno implemente políticas públicas inclusivas y efectivas que aborden áreas claves como educación, empleo, productividad y emprendimiento, salud, arte, cultura y participación ciudadana, y deben estar diseñadas desde las necesidades de ellas y ellos.

Es por eso que Conjuve ha priorizado junto al con el Ministerio de Desarrollo Social la actualización de la Política Nacional de la Juventud, que constituye  una herramienta fundamental que orienta la gestión pública y reconoce la diversidad de la juventud guatemalteca y aborda las necesidades específicas de diferentes grupos, incluyendo mujeres jóvenes, juventudes indígenas y personas con discapacidad, asegurando que todos puedan contribuir de manera significativa al progreso del país, garantizando así una aplicación más efectiva y vinculante a las políticas locales y  sean incluidos en todo el proceso. 

                  Continuará… 

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