Ley Orgánica de la PGN, hito en la defensa social y estatal

De “hito” calificó el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, la recién aprobada Ley Orgánica que regirá dicha institución. Su explicación permite entender el adjetivo y la trascendencia de saldar una deuda legal de 32 años, la cual se remonta a la separación de esta entidad y del Ministerio Público (MP) en 1994. En términos prácticos, la ley le permitirá a la Procuraduría General de la Nación (PGN) organizarse y ejercer sus funciones de manera más ágil e independiente, sobre todo en lo relativo a la defensa del Estado, tan vulnerable ante la actual cooptación del sistema de justicia. Además, el decreto, cuya vigencia depende de la elaboración del reglamento, a cargo de la Procuraduría, abre las puertas a una reestructuración administrativa y esclarecimiento de las obligaciones y acciones a cargo de la PGN.

Pero hay elementos de mayor peso social, que rubrican lo histórico de la decisión parlamentaria. La normativa ofrece las herramientas jurídicas para la protección y resguardo de la niñez y adolescencia, así como de apoyo a los guatemaltecos sin representación legal. En este sentido, los menores o personas incapacitadas con conflictos familiares podrán acudir a la PGN para hacer valer su garantía a la réplica. El ejercicio de ese derecho implicará consolidar el bienestar y el desarrollo integral de los menores y asegurar su reencausamiento en caso sea preciso y oportuno.

Como era de esperarse, en las siguientes semanas y meses, la Procuraduría enfrentará el reto de revisar y rediseñar su estructura orgánica, con el fin de ponerle más alma y corazón a la entidad responsable de procurarle equidad a los más desposeídos y evitar que los connacionales continúen siendo víctimas de abusos y engaños. Está claro que la aprobación de la Ley Orgánica de la PGN es un hito para Guatemala y otro progreso en el fortalecimiento de la institucionalidad y la justicia real y objetiva en el país, méritos que se completan mediante el impulso de procesos transparentes y la disposición para la rendición de cuentas, requisitos ligados a sistemas verdaderamente democráticos, ajenos a intereses criminales y faltos de ética y pudor como el que tristemente vemos en algunas dependencias públicas, en especial del sector justicia.