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Laparra renuncia por acoso judicial
En medio del juicio en su contra, en el Tribunal de Sentencia Penal de Quetzaltenango, por supuesta revelación de información confidencial, la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad
(FECI), Virginia Laparra, renunció como fiscal del Ministerio Público (MP).
Mediante una carta pública, Laparra explicó que tomó esta “difícil decisión” debido al continuo esfuerzo de criminalizar su labor, lo que como consecuencia ha tenido una negativa en la posibilidad de reincorporarse a sus labores, “como una especie de pena anticipada”.
La exfiscal aseguró que durante toda su carrera realizó su trabajo con profesionalismo y aprovechó para
solidarizarse con colegas que han sido perseguidos por hacer bien su labor.
MP perdió su función
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el citado proceder es “un acto de dignidad”, especialmente por retirarse de un MP que ha perdido su “función original” y se ha convertido en instrumento de otros poderes para la persecución política”.
Esta semana, también dimitió Patricia Gámez como jueza de Primera Instancia, tras ser informada de su traslado como togada en el municipio de Mixco. “Algunas decisiones son difíciles y no hacer nada resulta a veces cómodo… Cuando de principios y valores se trata, ignorar nos hace cómplices y tolerar nos hace víctimas”, compartió Gámez en X.
Fotos: PNC
Fuerzas antinarcóticas decomisaron 2 mil 212 kilos de cocaína, valorada en más de 227 millones de quetzales, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en sus redes sociales.
La droga se localizó durante una inspección efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en un contenedor en la portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
Dentro del contenedor, procedente de Colombia, supuestamente utilizado para transportar medicamentos veterinarios, se encontraron sacos con polvo blanco a los cuales al realizar la prueba de campo dio positivo para cocaína, detalló la PNC.
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Destinan 4.2 millardos de quetzales a proyectos
Conadur aprueba inversión para desarrollo local en 2025.
Una propuesta de inversión de 4 mil 299 millones 166 mil quetzales para 2025 fueron destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), para financiar obras destinadas a sectores de educación, salud, infraestructura, agua, drenajes y manejo de desechos sólidos.
Esta decisión fue tomada ayer en la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), durante la cual el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, detalló la distribución de los fondos.
La región metropolitana, correspondiente al departamento de Guatemala, recibirá 532 millones 377 mil 830 quetzales; la norte, que incluye Baja Verapaz y Alta Verapaz, obtendrá 402 millones 236 mil 110 quetzales; mientras que la nororiente, integrada por El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, 534 millones 37 mil 613 quetzales.
La suroriente, compuesta por Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, tendrá 467 millones 762 mil 801 quetzales; la central, que incluye Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, 494 millones 179 mil 020 quetzales, y la noroccidente, conformada por Huehuetenango y Quiché, será beneficiada con 555 millones 778 mil 829 quetzales.
La región suroccidente, que comprende Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, obtendrá la mayor asignación, con 1 mil 141 millones 650 mil 892 quetzales. Petén, ubicada en una región individual, recibirá 171 millones 142 mil 905 quetzales.
Avance de proyectos 2024
Paralelamente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(Segeplan) informó sobre el estado de los proyectos de 2024, financiados con 3 mil 392 millones 192 mil quetzales. Enrique Maldonado, subsecretario de Inversión para el Desarrollo, explicó que se presentaron 2 mil 481 proyectos para atender necesidades en agua, saneamiento, transporte, educación y salud. Hasta el 24 de junio, se han aprobado 1 mil 646 proyectos y están pendientes 835.
Ante el retraso en la aprobación de las obras, el presidente Bernardo Arévalo extendió el plazo hasta el 17 de julio, tras una solicitud de los alcaldes, muchos de los cuales están en su primer mandato. Segeplan tendrá del 18 al 31 de julio para evaluar y aprobar estos proyectos antes de la firma de convenios con las gobernaciones departamentales.
Una gobernanza departamental
En su intervención, Arévalo subrayó la importancia del Conadur en la planificación democrática del desarrollo. Además, destacó la implementación de los gobiernos departamentales en 2025, que facilitarán la coordinación entre las gestiones central y locales. Estos espacios integrarán la visión del desarrollo con las realidades territoriales y las necesidades de las comunidades, con la participación de organizaciones comunitarias y pueblos indígenas, añadió.
“El mandato del Conadur es materializar el proceso de planificación democrática del desarrollo y esa es nuestra guía orientadora, cual brújula para un buen destino de la población guatemalteca”, afirmó el mandatario.
Luego de las críticas y el rechazo por parte de sectores sociales y políticos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) decidió dejar sin efecto la Resolución A-068-2024, que establecía la reserva de una serie de información en poder de la entidad que data de hace siete años.
La decisión de revertir la medida la tomó la CGC, en medio de cuestionamientos y la amenaza de diputados de tomar acciones legales.
En un comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos que permitan el acceso a documentos públicos.
Silvio Gramajo, investigador de Información Pública, comentó que “la decisión que se había tomado pudo perjudicar al próximo contralor y su administración, así como ser catalogada como incumplimiento de deberes, ya que ellos están para resguardar la institucionalidad, no su mandato”.
Luego de un análisis, el experto señaló que “había una contradicción en la decisión, porque confundieron la reserva de confidencialidad con la de información pública. Hicieron mal la clasificación y la forma de tratamiento de cada una”.
Horas antes de la reversión mencionada, el parlamentario José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), había anunciado que accionaría para una revisión del asunto ante la Contraloría.
Chic expresó su esperanza de que la entidad pesquisidora de cuentas reconsiderara la medida, calificándola de grave para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
Asimismo, el comisionado Anticorrupción, Santiago Palomo, se pronunció el pasado miércoles, y describió la decisión de la CGC como alarmante y adelantó que presentaría las acciones legales correspondientes como ciudadano.
