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COLUMNAS

La voz de las mujeres mayores y el cambio climático

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Sofía Salas Ibarra

Profesora Titular, Centro de Bioética, Facultad de Medicina

En un interesante caso presentado ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la asociación suiza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, agrupación de mujeres mayores que se organizaron para promover e implementar una protección climática efectiva en nombre de sus miembros y, por otro lado, cuatro mujeres mayores de 80 años, todas miembros de la asociación, demandaron al Estado suizo por considerar que no había implementado medidas adecuadas y suficientes para lograr los objetivos de lucha contra el cambio climático.

Las solicitantes señalaron que el Estado demandado no cumplió con sus obligaciones positivas de proteger efectivamente la vida (Artículo 2) y el respeto a la vida privada y familiar y al hogar (Artículo 8), interpretados a la luz del principio de precaución y el principio de equidad intergeneracional, que se encuentran en el derecho internacional ambiental.

Este fallo tiene implicancias para todos los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que es probable que más organizaciones comiencen a demandar a sus países.

También se quejaron, bajo el Artículo 6, de una violación del derecho a acceder a un tribunal, alegando que los tribunales nacionales no respondieron seriamente a sus solicitudes y emitieron decisiones arbitrarias con respecto a sus derechos civiles, en relación con fallos previos de los tribunales suizos, que sistemáticamente fueron adversos.

¿Tienen razón las demandantes? A primera vista, uno diría que no, puesto que revertir o detener el cambio climático va más allá de las obligaciones de un Estado en particular y, además, no es fácil determinar que ellas se hayan visto afectadas en el disfrute de sus derechos amparados por la Convención, por lo que no podrían considerarse víctimas de la inacción del Estado suizo.

Pero, en un fallo considerado histórico, este 9 de abril, el Tribunal Europeo les dio la razón a las demandantes, fundamentado en una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar (Artículo 8) y el acceso a un tribunal (Artículo 6).

El Tribunal determinó que el Artículo 8 del Convenio abarca el derecho a una protección efectiva por parte de las autoridades estatales de los graves efectos adversos del cambio climático en la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida.

El Tribunal sostuvo que las autoridades no habían actuado a tiempo y de manera adecuada para idear, desarrollar e implementar una legislación y medidas relevantes para frenar el cambio climático, aunque consideró que las cuatro solicitantes individuales no tenían el carácter de víctimas, declarando sus quejas como inadmisibles.

En su fundamento, el Tribunal Europeo consideró “que existen indicaciones suficientemente fiables de que el cambio climático antropogénico existe, que representa una amenaza seria actual y futura para el disfrute de los derechos humanos garantizados por el Convenio, que los Estados son conscientes de esto y capaces de tomar medidas para abordarlo de manera efectiva, que los riesgos relevantes se proyectan ser menores si el aumento de la temperatura se limita a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales y si se toman medidas con urgencia”.

Este fallo tiene implicancias para todos los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que es probable que más organizaciones comiencen a demandar a sus países y sólo entonces los gobiernos tomen una actitud más decidida para combatir el cambio climático.

Para algunos, con este fallo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “se ha convertido en un enemigo declarado no solo de la toma de decisiones democráticas, sino también de un buen gobierno”, pero, para otros, por fin alguien levantó la voz para aumentar las exigencias a los países. Si no es ahora,
¡¿cuándo?!

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Premios por trayectoria y aportes al arte guatemalteco

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Fernando Soto, 

Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes 

[email protected]

Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico. 

El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.

El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.

Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.

Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor  creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra  la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.

Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional;  dramaturgos, compositores y coreógrafos que  plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.

Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

La crisis de la verdad: deepfakes y desinformación

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El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados. 

La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.

No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.

Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.

En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.

La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.

Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias  pueden ser tremendas.

Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.  

Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.

A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.  

No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.

Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.

Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Un compromiso municipal con la discapacidad

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Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.

En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.

Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.

Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.

Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.

El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.

En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).

Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.

Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.

Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.

Colaborador DCA
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