COLUMNAS
La pobreza se combate con educación
MSc. Elsie Sierra [email protected]
Un país próspero, con oportunidades para sus habitantes, es un país educado donde la ignorancia no le gana a la salud, al conocimiento y al desarrollo económico y social. En la historia de la humanidad, diversos estudios han demostrado que existe una importante relación entre el nivel de desarrollo de los países y sus sistemas educativos, que comprende desde la investigación científica hasta los avances tecnológicos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre el 4 % y el 7 % (Perspectivas Económicas para América Latina, 2009).
Sin embargo, es preocupante que, según datos de un informe de la Cepal, Panorama 2018, la pobreza en América Latina hasta 2017 se mantenía en números estables pero, en 2018, se incrementaron de forma alarmante. Con ello se confirma que alrededor de 182 millones de latinoamericanos viven en la pobreza, pero 63 millones se encuentran en la extrema pobreza. Es importante acotar que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios adecuados de vida sostenible, según lo señala el mismo Banco Mundial. Sus manifestaciones son diversas, que van desde el hambre, la desnutrición, la necesidad de una vivienda, así como la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud.
Es entonces cuando surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo combatir todos estos problemas, que al final se relacionan con el tema de Derechos Humanos? Ante el anterior cuestionamiento, considero que los gobiernos de los países latinoamericanos deben centrar sus planes y políticas en crear mejoras en temas de salud, educación y apertura de oportunidades laborales, que les ayuden a sus habitantes a sufragar lo más elemental en su subsistencia. Por ende, es imprescindible apostar a la educación como medio para que los niños, jóvenes y las personas en general obtengan una mejor capacitación y generación de conocimientos, con el objetivo de promover el acceso al surgimiento de nuevas ideas para la búsqueda de soluciones a estos problemas que afrontan los países.
La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, lograr la reducción de las desigualdades económicas y sociales, promover mejores niveles de empleo, impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; ayudando así al fortalecimiento de las democracias y evolución de los Estados. Es necesario acotar que la educación ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, en el que se vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como el acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. En las economías modernas, el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes del desarrollo económico y productivo. Las sociedades que más han avanzado en estos aspectos son aquellas preocupadas en el progreso del conocimiento de sus habitantes, y esto se refleja desde la escolarización, hasta en los procesos de investigación y tecnificación.
De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones y de los seres humanos que las conforman. Aquellos países que no adecúen las políticas educativas a estándares de calidad y los contenidos programáticos a las necesidades actuales de productividad y económicas del mundo globalizado, pueden afectar el desarrollo evolutivo y la mejora de la calidad de vida de la población, lo que al final se sintetiza en falta de oportunidades y pobreza.
Atrás quedaron los tiempos en que se consideraban las aportaciones en la educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. Se puede entonces afirmar que la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y posiblemente equitativas. Por lo que se debe considerar como un bien social, que haga más libres a los seres humanos.
Ana Eva Fraile
Revista Nuestro Tiempo
Desde este puerto inicia su viaje Una tierra prometida y muestra, sobre fondo azul, los álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII. Entre ellos, los cuadernillos L’Anatomie y L’Astronomie de La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, dos dimensiones que ilustran la ambición de la ciencia por desentrañar cualquier área de conocimiento.
Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies.
Con precisión científica trabajaron también los artistas que se embarcaban en las expediciones, numerosas en ese periodo, para levantar acta del horizonte conocido o de nuevas maravillas. Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies, especialmente a raíz de que Carl von Linneo publicara en 1735 Systema naturae, su innovadora propuesta taxonómica para los reinos vegetal, mineral y animal.
En sala se encuentran, por ejemplo, los grabados coloreados a mano de Plantae Selectae, obra de los botánicos Trew y Ehret (que había conocido a Linneo), los dibujos en acuarela incluidos en la enciclopedia Libros ilustrados para niños, los álbumes Plantae officinales de Nees von Esenbeck, que investigó las propiedades médicas de las plantas, las litografías de orquídeas de James Bateman o el trabajo Historia natural de los loros, a los que François Le Vaillant pintó en sus hábitats, un acercamiento novedoso a la realidad.
La siguiente escala en esta travesía traslada al visitante a tierras egipcias, adonde el general Napoleón Bonaparte se dirigió en 1798 con hambre de conquista. A los más de 40 mil soldados se unieron 167 savants, que conformaban la Comisión de Ciencias y Artes.
El cometido de estos ingenieros, científicos y artistas era llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el país. Incluso se fundó el Instituto de Egipto. Aunque la campaña militar fracasó, los miembros de ambas instituciones no regresaron a Francia hasta la capitulación del general Menou, en agosto de 1801.
Solo unos meses después, a principios de 1802, comenzó la aventura editorial.
Continuará…
Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
El Demoledor es una película de 1993 protagonizada por Silvester Stallone, que versa sobre una armónica distopía donde se castigan los garabatos, la dieta es comida molecular y las relaciones sexuales son virtuales. La única disidencia vive en las cloacas a punta de hamburguesas de ratas, y de cuando en cuando sale a la superficie para asestar golpes terroristas. Su líder es Edgar Friendly.
El credo de Edgar Friendly es sencillo: no está dispuesto a que le digan cómo son las cosas, le gusta decir lo que piensa, y elegir cómo carajo vivir su vida, incluso si se trata de estallar de colesterol. Quiere comer carne hasta hartarse, fumar un cigarro “del tamaño de Cincinnati”, y correr empelota leyendo una Playboy, únicamente porque puede. Los malos no son ellos, que hacen lo que pueden por sobrevivir. Los malos son los de arriba, los que imponen su tiranía frígida y bien portada, que abusan del poder y secuestran los beneficios del progreso.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios.
Friendly es un populista libertario. Populista, porque piensa que la sociedad está dividida en dos: la elite atiborrada y el pueblo postergado. No ve posibilidad de acuerdo, solo de conflicto. Lo que viene de arriba es paquete sospechoso. Pero también es libertario: quiere que la autoridad retroceda de su espacio vital, que no amenace su estilo de vida, que no arrebate sus hábitos de consumo.
El populismo libertario que representa Edgar Friendly es uno de los principales obstáculos que hoy enfrenta la lucha contra el cambio climático. Mucha gente le echa la culpa a la industria de combustibles fósiles y su lobby descarado. Pero hay otros factores que trascienden el interés pecuniario.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios. No todo populismo descree del consenso científico en la materia. Algún eco-populismo de izquierda habrá por ahí. No todos los movimientos plebeyos que resisten la agenda verde progresista, descreen de la realidad de la crisis climática. Algunos sencillamente no quieren pagar la cuenta del festín de economía carbonizada que se dieron otros.
Tampoco todo libertarianismo es negacionista. En principio, se puede aceptar la ciencia climática y discrepar de una política climática que implique ensanchar las atribuciones del estado. Más de alguno insistirá en soluciones privadas a los problemas públicos. Autores como Jason Brennan elaboran una justificación libertaria para la obligatoriedad de las vacunas. Del mismo modo, otros sostienen que la reducción de emisiones es un imperativo del principio de no-agresión.
Pero la combinación entre ambas vertientes ideológicas (el populismo libertario) combustiona un tipo distintivo de rechazo a la ciencia climática, que tiene un poder seductor en ascenso. De hecho, gran parte de los partidos de “derecha populista radical”, para utilizar la etiqueta de Cas Mudde, despliega esta narrativa: las elites buenistas y cosmopolitas que tienen sus necesidades materiales satisfechas, y pueden darse el lujo de posar de ciclistas veganos, le imponen al resto de la gente ordinaria una moralina verde tan paternalista como inviable: para moverse a la pega hay que echarle bencina al auto.
Adicionalmente, la sombra de las futuras restricciones toca la fibra de las clases medias y trabajadoras que se han partido el lomo por llegar aquí. Han hecho de sus hábitos de consumo contaminante un proxy de estatus. Y nada se defiende como el estatus. Mientras tanto, las Greta Thunbergs de este mundo amenazan con una distopía de brócolis y viajes de 35 horas en tren.
Aquí entra la seducción del discurso de Edgar Friendly. Su populismo libertario mata dos pájaros de un tiro: sospecho de la agenda climática porque (a) viene de las elites globalistas y (b) arrebata mis libertades.
Mauricio Bravo
Vicedecano de la Facultad de Educación
La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público.
Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce.
Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas.
De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.
Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: “Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles” (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado.
Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.
