EDITORIALES
La Fiscal General se encuentra en un callejón sin salida
Es el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en el país. Los amigos de lo ajeno fueron tan cínicos, que buscaban robarse todo; incluso, los impuestos.
En dos platos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tras una exhaustiva investigación, llevó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a un callejón del que solo saldrá evidenciando al pacto de corruptos que cooptó a los principales responsables del régimen de justicia.
Hoy, no habrá espacio para las excusas ni los pretextos. Desestimar el caso le será imposible al MP, así como proteger a quienes se valieron del sistema para saquear el erario.
El propio jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, advirtió que el expediente no solo está sustentado, sino que marca el camino a seguir para llegar a los responsables de los robos.
No hay relatos, son puros hechos. De momento, se identificaron 300 millones de quetzales evadidos, cantidad que puede llegar a 800 millones.
Hay 410 empresas participantes, el 75 por ciento constituido por un mismo notario. El dinero en cuestión supera los 6 mil 440 millones de quetzales, 5 mil 730 millones de estos entre 2021 y 2023, tiempo que coincide con el período gubernamental de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Hoy, vemos que esta acción criminal fue ejecutada por una mafia insaciable, pero torpe y confiada. Ese cártel del crimen pensó que sus atracos no dejarían rastro y, en la peor de las situaciones, que ninguna entidad se atrevería a investigar y que ellos continuarían impunes, derrochando lo robado y adoptando poses que les puedan limpiar la cara.
Se equivocaron. Sus huellas están en papeles y es imposible que todos sus cómplices los encubran.
Además, está claro que el Ejecutivo hará lo propio y continuará las investigaciones dejadas por la SAT. De hecho, el presidente Bernardo Arévalo le ordenó al procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, y al comisionado Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, que defiendan los intereses del Estado y contribuyan con las
averiguaciones que permitan alcanzar a los responsables.
En fin, es indudable que la Fiscal General y sus colaboradores cercanos tienen un expediente que no pueden ocultar, que ya es de conocimiento público y por el cual ellos y sus protegidos tendrán que rendir cuentas.
Desolador. Contundente. Duro, pero cierto. El informe preliminar de los delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observan el proceso para integrar las Cortes, también es repetitivo en cuanto a sus reflexiones.
Como para la mayoría de guatemaltecos, es normal que a ellos les sea frustrante ver candidatos cuya reputación causa más pena que gloria. Que concita mayor rechazo que respaldo. Que genera más temor que esperanza.
El documento que la OEA hizo público ayer defiende el criterio de que las personas que lleguen a los puestos deben ser idóneas, con honorabilidad y un fuerte compromiso con los principios democráticos y el Estado de derecho.
De igual manera, repara en el hecho de que se hayan ignorado los cuestionamientos que pesan sobre varios aspirantes, en especial porque 11 de ellos figuran en la Lista Engel, donde Estados Unidos incluye a quienes considera “actores corruptos y antidemocráticos”.
Los temores de la Misión de la OEA fueron advertidos 24 horas antes por el presidente Bernardo Arévalo. Una selección objetiva y rigurosa pidió el jefe del Ejecutivo. El pacto de inmorales sabe que el tiempo se le termina y quiere conservar su poder real y fáctico en el sistema de justicia.
Está consciente que perdió su dominio en el Organismo Ejecutivo y, con él, su poder absoluto para disponer y repartir el erario. Además, ve que sus influencias en el Congreso mermaron, así que le apuestan a retener la mafia que impera en algunos juzgados y magistraturas.
Eso explica tanto descaro. Tanta desvergüenza. Tan poco pudor. Por eso la insistencia de los delegados de la OEA de pedir candidatos idóneos, honorables. Ajenos a los politiqueros y al crimen organizado. En el informe, la OEA tampoco olvida el papel del Ministerio Público.
Ni de sus persecuciones fantasiosas y recordó que el ente investigador citó a comisionados, aunque no tenían registros ni evidencias que respaldaran la apertura de procesos.
Por todo lo anterior, los observadores encuentran desafíos que representan un riesgo significativo en la selección de Cortes. Por eso, la ciudadanía está a tiempo de evitar la prolongación del pacto de mafiosos.
En el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones. Hay diputados que se resisten a ser instrumentos del pacto de corruptos y se les ve dispuestos a velar por el bien común. En fin, el Parlamento parece reinventarse. Y la ciudadanía lo está notando.
La primera señal puso en su sitio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de legisladores hizo valer su determinación de aumentar la inversión social y volvió a aprobar un decreto anulado por el máximo tribunal del país. Con más votos. Similar ejercicio ocurrió con la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contiene mayores beneficios para los jubilados, en su mayoría personas de la tercera edad.
Hoy, los dignatarios cierran filas a favor de las fuerzas civiles de seguridad. Un sector sobre el que pesa un prejuicio injusto, que ha invisibilizado muchas de sus necesidades y escamoteado sus derechos.
Ahora este organismo encamina una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), creada hace 27 años. Una iniciativa humana, que efectivamente pretende dignificar la labor de los agentes.
Por ejemplo, el anteproyecto contempla cambios en el régimen de Previsión Social Complementario, que incluye apoyo a las viudas e hijos menores de edad que perdieron a su progenitor durante la prestación del servicio. Además, se promueve asistencia especial a personal que haya quedado discapacitado por el cumplimiento de su deber.
De igual manera, proyecta mejoras salariales, un régimen más equitativo de escalafón y pone especial énfasis en el auxilio póstumo, así como maximiza la atención médica, la cual se extiende a padres, cónyuges y descendientes menores de 18 años.
Sin duda, el mundo cambia mucho después de 27 años y nuestras normativas deben estar a la altura, sobre todo en materia se seguridad ciudadana. Lo bueno es que en el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones y el ciudadano lo sabe.
En ocho meses las fuerzas de seguridad del país, comandadas por el Ministerio de Gobernación, han puesto de manifiesto que el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, tiene entre sus prioridades combatir el tráfico de drogas y todo lo relacionado al trasiego de estupefacientes químicos.
Por décadas Guatemala ha sido un territorio frágil para los grandes cárteles que han encontrado en nuestras rutas, vías libres para transitar como Pedro por su casa. Hoy, hay un compromiso implacable de luchar contra este flagelo.
Como muestra es que en pocos meses la actual administración ha doblado esfuerzos por tierra, aire y mar, hasta lograr resultados mucho más contundentes en decomisos. Las cifras proporcionadas por la cartera de Gobernación, dirigida por Francisco Jiménez, dan cuenta que el incremento de las incautaciones ha sido de un 210 por ciento hasta el 8 de septiembre, con respecto a la misma fecha del año pasado.
Desde luego que para conseguir estos resultados ha sido necesaria una articulación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y otras entidades, además de una implementación de programas de capacitación y apoyo contínuo a la Policía Nacional Civil.
Sobre los números, en 2023 se había decomisado 3 mil 474 kilogramos de cocaína, mientras que a 2024, el volumen fue de 10 mil 777.96 kilogramos. En términos de valor, equivale a 1 mil 107 millones, 346 mil 471 quetzales.
Pero no solo este alcaloide ha sido blanco de nuestras fuerzas públicas de seguridad. Los resultados también se ven en metanfetamina, aeronaves y embarcaciones confiscadas, además de armamento y capturas de implicados.
Es oportuno elogiar ese esfuerzo y profesionalismo que los agentes de seguridad han puesto en cada acción que emprenden para evitar que la droga llegue a sus destinos, principalmente Estados Unidos y Europa.
Se han redoblado esfuerzos en todas las líneas fronterizas con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras y México, además de mantener una coordinación muy cercana con los respectivos gobiernos, incluyendo Colombia, desde donde procede la mayor cantidad de la droga que pisa suelo guatemalteco.
