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La cicatriz que dejó el fuego en la selva maya
Movilización de más recursos pudo contribuir a evitar que tragedia de los incendios forestales fuera mayor.
Foto: EFE
La cicatriz de los incendios en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, es enorme y se han dañado ecosistemas fundamentales para la supervivencia de los animales y el ser humano, aseguró Walter Mayorga, jefe de los bomberos forestales que lucharon para apagar los siniestros durante 62 días en esa región.
“En este parque tuvimos más de 100 quemas identificadas y sabemos que el 95 por ciento de estas fueron provocadas por personas que buscan utilizar los bosques como área para agricultura y ganadería”, explicó Mayorga, quien dirige a los bomberos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en la citada jurisdicción.
Aunque las llamas fueron extinguidas, gracias a la llegada de las lluvias en el presente mes, las cicatrices del fuego en la aludida área protegida se traducen en unas 20 mil hectáreas dañadas y una cantidad incalculable de especies muertas, según los datos preliminares.
La zona en resguardo, pero que ha sido objeto de atentados por las quemas ocasionadas de manera intencional, resguarda una enorme biodiversidad de fauna y flora en 13 ecosistemas distintos, según el Conap.
Mayorga expresó que la experiencia más dolorosa de este año fue encontrar animales indefensos y moribundos en busca de agua. “Es una situación dramática que no deberíamos vivir”, añadió el bombero.
Faltó respaldo legislativo
La crisis ambiental de este año es de las más grandes de la historia y, según el entrevistado, solo es comparable con lo sucedido en 1998, cuando los incendios ocasionaron que el humo fuera visible hasta en Estados Unidos y se necesitó de la coordinación internacional para sofocarlos.
El 10 de abril de 2024, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de calamidad con el propósito de enfrentar estos fenómenos de manera más ágil, fortalecer con insumos materiales a las brigadas a través de la compra y movilización, rápida y transparente, de equipo de protección personal y herramientas.
Además, permitía accionar ante la comunidad internacional para solicitar apoyo en maquinaria y naves aéreas a fin de facilitar las tareas.
Sin embargo, la oposición en el Congreso de la República se negó a aprobar la medida, por lo que el Ejecutivo, mediante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se vio en la necesidad de continuar las labores de sofocamiento con los recursos disponibles.
“Se requiere equipamiento, aeronaves de ala fija y rotativa, esenciales para operaciones de supresión de incendios y acceso a áreas remotas”, opinó en su momento el analista Edgar Ortiz.
“Se necesitan flotillas de vehículos adecuados y hay que mejorar los campamentos porque están deteriorados, aunque se intentó que tuvieran las condiciones adecuadas”, agregó el socorrista.
Según Mayorga, se cuenta con un plan nacional de respuesta, se sabe qué hacer, “pero es indispensable el respaldo político y mayor apoyo financiero”.
Resaltó que este año los bomberos que laboran en las selvas de Petén tenían que iniciar sus jornadas desde la madrugada y finalizar antes de las 11:00, debido a que las temperaturas superiores a los 45 grados ponían en riesgo su integridad y complicaba las tareas de combate al fuego.
Fotos: PNC
Fuerzas antinarcóticas decomisaron 2 mil 212 kilos de cocaína, valorada en más de 227 millones de quetzales, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en sus redes sociales.
La droga se localizó durante una inspección efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en un contenedor en la portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
Dentro del contenedor, procedente de Colombia, supuestamente utilizado para transportar medicamentos veterinarios, se encontraron sacos con polvo blanco a los cuales al realizar la prueba de campo dio positivo para cocaína, detalló la PNC.
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Destinan 4.2 millardos de quetzales a proyectos
Conadur aprueba inversión para desarrollo local en 2025.
Una propuesta de inversión de 4 mil 299 millones 166 mil quetzales para 2025 fueron destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), para financiar obras destinadas a sectores de educación, salud, infraestructura, agua, drenajes y manejo de desechos sólidos.
Esta decisión fue tomada ayer en la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), durante la cual el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, detalló la distribución de los fondos.
La región metropolitana, correspondiente al departamento de Guatemala, recibirá 532 millones 377 mil 830 quetzales; la norte, que incluye Baja Verapaz y Alta Verapaz, obtendrá 402 millones 236 mil 110 quetzales; mientras que la nororiente, integrada por El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, 534 millones 37 mil 613 quetzales.
La suroriente, compuesta por Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, tendrá 467 millones 762 mil 801 quetzales; la central, que incluye Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, 494 millones 179 mil 020 quetzales, y la noroccidente, conformada por Huehuetenango y Quiché, será beneficiada con 555 millones 778 mil 829 quetzales.
La región suroccidente, que comprende Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, obtendrá la mayor asignación, con 1 mil 141 millones 650 mil 892 quetzales. Petén, ubicada en una región individual, recibirá 171 millones 142 mil 905 quetzales.
Avance de proyectos 2024
Paralelamente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(Segeplan) informó sobre el estado de los proyectos de 2024, financiados con 3 mil 392 millones 192 mil quetzales. Enrique Maldonado, subsecretario de Inversión para el Desarrollo, explicó que se presentaron 2 mil 481 proyectos para atender necesidades en agua, saneamiento, transporte, educación y salud. Hasta el 24 de junio, se han aprobado 1 mil 646 proyectos y están pendientes 835.
Ante el retraso en la aprobación de las obras, el presidente Bernardo Arévalo extendió el plazo hasta el 17 de julio, tras una solicitud de los alcaldes, muchos de los cuales están en su primer mandato. Segeplan tendrá del 18 al 31 de julio para evaluar y aprobar estos proyectos antes de la firma de convenios con las gobernaciones departamentales.
Una gobernanza departamental
En su intervención, Arévalo subrayó la importancia del Conadur en la planificación democrática del desarrollo. Además, destacó la implementación de los gobiernos departamentales en 2025, que facilitarán la coordinación entre las gestiones central y locales. Estos espacios integrarán la visión del desarrollo con las realidades territoriales y las necesidades de las comunidades, con la participación de organizaciones comunitarias y pueblos indígenas, añadió.
“El mandato del Conadur es materializar el proceso de planificación democrática del desarrollo y esa es nuestra guía orientadora, cual brújula para un buen destino de la población guatemalteca”, afirmó el mandatario.
Luego de las críticas y el rechazo por parte de sectores sociales y políticos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) decidió dejar sin efecto la Resolución A-068-2024, que establecía la reserva de una serie de información en poder de la entidad que data de hace siete años.
La decisión de revertir la medida la tomó la CGC, en medio de cuestionamientos y la amenaza de diputados de tomar acciones legales.
En un comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos que permitan el acceso a documentos públicos.
Silvio Gramajo, investigador de Información Pública, comentó que “la decisión que se había tomado pudo perjudicar al próximo contralor y su administración, así como ser catalogada como incumplimiento de deberes, ya que ellos están para resguardar la institucionalidad, no su mandato”.
Luego de un análisis, el experto señaló que “había una contradicción en la decisión, porque confundieron la reserva de confidencialidad con la de información pública. Hicieron mal la clasificación y la forma de tratamiento de cada una”.
Horas antes de la reversión mencionada, el parlamentario José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), había anunciado que accionaría para una revisión del asunto ante la Contraloría.
Chic expresó su esperanza de que la entidad pesquisidora de cuentas reconsiderara la medida, calificándola de grave para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
Asimismo, el comisionado Anticorrupción, Santiago Palomo, se pronunció el pasado miércoles, y describió la decisión de la CGC como alarmante y adelantó que presentaría las acciones legales correspondientes como ciudadano.
