COLUMNAS
Israel contra Hamás: entre la legítima defensa de un Estado y la proporcionalidad
Gabriela Fajardo
Doctoranda de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho Universidad de Navarra
El Estado de Israel está siendo atacado por el grupo terrorista Hamás, autoridad de facto en la franja de Gaza desde que en 2007 tomó el control del territorio por la fuerza. Desde la zona del conflicto han llegado imágenes de la toma de civiles como rehenes, de familias torturadas y masacradas y de la condena por parte de la comunidad internacional de los delitos más atroces cometidos contra los israelíes.
En respuesta, Israel ha movilizado a más de 300 mil reservistas, ha sido acusado de recurrir a armas de fósforo blanco y ha podido observar el apoyo de su aliado incondicional, los Estados Unidos, que ha movilizado un segundo portaaviones al Mediterráneo y ha asegurado que Israel tendrá todo lo que necesite para defenderse.
Israel declaró la ofensiva total. La respuesta, que debería tener objetivos militares, se ha materializado también en el corte del suministro de agua, comida y electricidad. El ejército israelí ha atacado infraestructuras civiles, causando la muerte de miles de palestinos y el colapso del sistema de salud en Gaza.
” Las respuestas de un Estado se deben ceñir a medidas que afecten lo menos posible a la población
civil.“
Tras la escalada militar de la operación Espadas de Hierro, Israel advirtió a la población de Gaza que tenía 24 horas para abandonar el norte de la franja, mientras la comunidad internacional observaba el avance de la ofensiva y continúa con el temor de que se abra otro frente a manos de Hezbolá desde la frontera con el Líbano. Hasta el momento, más de la mitad de la población del norte de Gaza ha abandonado sus hogares por miedo a los bombardeos.
Una guerra asimétrica.
Ante estos hechos, ¿qué debe exigir la comunidad internacional a Israel que, como Estado soberano, ha recurrido a una respuesta nunca vista para asegurar la supervivencia del Estado en línea con su responsabilidad primordial de proteger a su población? ¿Cómo debe responder un Estado cuando el agresor no respeta los derechos humanos más básicos y arremete contra la población civil de manera
generalizada y sistemática?
Estamos una vez más ante una realidad poco abordada desde el derecho internacional: los conflictos asimétricos, donde los actores no son únicamente los Estados y el agresor, como en este caso, no ostenta el reconocimiento internacional. Eso implica que no se adscribe a las normas básicas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en situación de conflicto.
Mas allá de la legítima defensa de un Estado que le es debida considerando que su soberanía deriva indiscutiblemente –entre otros factores– de su capacidad de proteger a su población, sus acciones defensivas también deben guiarse por la proporcionalidad y el respeto al derecho internacional humanitario que le es vinculante. Pero ¿cuál es el límite cuando el agresor no se ciñe a estos límites y tampoco tiene la intención de ceñirse a ellos?
Encontramos un espacio gris entre, por un lado, los límites infranqueables y debidos a los Estados, que les obligan a respetar el derecho internacional humanitario, y, por otro lado, un agresor cuyas acciones no se van a ver limitadas por el espectro de medidas no coercitivas desarrolladas a lo largo de los últimos años para poner fin a la barbarie.
Cuando delitos atroces son cometidos por grupos terroristas, el comportamiento del agresor es impredecible y conlleva vulneraciones que van en contra de la dignidad humana.
El peligro de equiparar a Hamás con toda la población de Gaza.
No obstante, una respuesta que equipara a Hamás con la población de Gaza debe ser cuestionada por la comunidad internacional. El bloqueo total de una población y el presunto uso de armas prohibidas por parte de un Estado es contrario al derecho internacional humanitario.
Hay que dejar claro que el ataque a civiles y a su infraestructura, limitar los servicios básicos, así como causar hambruna, puede constituir delitos de lesa humanidad. Las respuestas de un Estado se deben ceñir a medidas que afecten lo menos posible a la población civil.
La ofensiva de Israel debe tener como objetivo a los responsables de la comisión de delitos atroces y no a los civiles. Es imperante el establecimiento de corredores humanitarios para permitir la salida de la población civil de la franja de Gaza.
Ana Eva Fraile
Revista Nuestro Tiempo
Desde este puerto inicia su viaje Una tierra prometida y muestra, sobre fondo azul, los álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII. Entre ellos, los cuadernillos L’Anatomie y L’Astronomie de La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, dos dimensiones que ilustran la ambición de la ciencia por desentrañar cualquier área de conocimiento.
Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies.
Con precisión científica trabajaron también los artistas que se embarcaban en las expediciones, numerosas en ese periodo, para levantar acta del horizonte conocido o de nuevas maravillas. Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies, especialmente a raíz de que Carl von Linneo publicara en 1735 Systema naturae, su innovadora propuesta taxonómica para los reinos vegetal, mineral y animal.
En sala se encuentran, por ejemplo, los grabados coloreados a mano de Plantae Selectae, obra de los botánicos Trew y Ehret (que había conocido a Linneo), los dibujos en acuarela incluidos en la enciclopedia Libros ilustrados para niños, los álbumes Plantae officinales de Nees von Esenbeck, que investigó las propiedades médicas de las plantas, las litografías de orquídeas de James Bateman o el trabajo Historia natural de los loros, a los que François Le Vaillant pintó en sus hábitats, un acercamiento novedoso a la realidad.
La siguiente escala en esta travesía traslada al visitante a tierras egipcias, adonde el general Napoleón Bonaparte se dirigió en 1798 con hambre de conquista. A los más de 40 mil soldados se unieron 167 savants, que conformaban la Comisión de Ciencias y Artes.
El cometido de estos ingenieros, científicos y artistas era llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el país. Incluso se fundó el Instituto de Egipto. Aunque la campaña militar fracasó, los miembros de ambas instituciones no regresaron a Francia hasta la capitulación del general Menou, en agosto de 1801.
Solo unos meses después, a principios de 1802, comenzó la aventura editorial.
Continuará…
Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
El Demoledor es una película de 1993 protagonizada por Silvester Stallone, que versa sobre una armónica distopía donde se castigan los garabatos, la dieta es comida molecular y las relaciones sexuales son virtuales. La única disidencia vive en las cloacas a punta de hamburguesas de ratas, y de cuando en cuando sale a la superficie para asestar golpes terroristas. Su líder es Edgar Friendly.
El credo de Edgar Friendly es sencillo: no está dispuesto a que le digan cómo son las cosas, le gusta decir lo que piensa, y elegir cómo carajo vivir su vida, incluso si se trata de estallar de colesterol. Quiere comer carne hasta hartarse, fumar un cigarro “del tamaño de Cincinnati”, y correr empelota leyendo una Playboy, únicamente porque puede. Los malos no son ellos, que hacen lo que pueden por sobrevivir. Los malos son los de arriba, los que imponen su tiranía frígida y bien portada, que abusan del poder y secuestran los beneficios del progreso.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios.
Friendly es un populista libertario. Populista, porque piensa que la sociedad está dividida en dos: la elite atiborrada y el pueblo postergado. No ve posibilidad de acuerdo, solo de conflicto. Lo que viene de arriba es paquete sospechoso. Pero también es libertario: quiere que la autoridad retroceda de su espacio vital, que no amenace su estilo de vida, que no arrebate sus hábitos de consumo.
El populismo libertario que representa Edgar Friendly es uno de los principales obstáculos que hoy enfrenta la lucha contra el cambio climático. Mucha gente le echa la culpa a la industria de combustibles fósiles y su lobby descarado. Pero hay otros factores que trascienden el interés pecuniario.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios. No todo populismo descree del consenso científico en la materia. Algún eco-populismo de izquierda habrá por ahí. No todos los movimientos plebeyos que resisten la agenda verde progresista, descreen de la realidad de la crisis climática. Algunos sencillamente no quieren pagar la cuenta del festín de economía carbonizada que se dieron otros.
Tampoco todo libertarianismo es negacionista. En principio, se puede aceptar la ciencia climática y discrepar de una política climática que implique ensanchar las atribuciones del estado. Más de alguno insistirá en soluciones privadas a los problemas públicos. Autores como Jason Brennan elaboran una justificación libertaria para la obligatoriedad de las vacunas. Del mismo modo, otros sostienen que la reducción de emisiones es un imperativo del principio de no-agresión.
Pero la combinación entre ambas vertientes ideológicas (el populismo libertario) combustiona un tipo distintivo de rechazo a la ciencia climática, que tiene un poder seductor en ascenso. De hecho, gran parte de los partidos de “derecha populista radical”, para utilizar la etiqueta de Cas Mudde, despliega esta narrativa: las elites buenistas y cosmopolitas que tienen sus necesidades materiales satisfechas, y pueden darse el lujo de posar de ciclistas veganos, le imponen al resto de la gente ordinaria una moralina verde tan paternalista como inviable: para moverse a la pega hay que echarle bencina al auto.
Adicionalmente, la sombra de las futuras restricciones toca la fibra de las clases medias y trabajadoras que se han partido el lomo por llegar aquí. Han hecho de sus hábitos de consumo contaminante un proxy de estatus. Y nada se defiende como el estatus. Mientras tanto, las Greta Thunbergs de este mundo amenazan con una distopía de brócolis y viajes de 35 horas en tren.
Aquí entra la seducción del discurso de Edgar Friendly. Su populismo libertario mata dos pájaros de un tiro: sospecho de la agenda climática porque (a) viene de las elites globalistas y (b) arrebata mis libertades.
Mauricio Bravo
Vicedecano de la Facultad de Educación
La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público.
Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce.
Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas.
De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.
Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: “Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles” (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado.
Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.
