El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) tiene previsto invertir Q1.27 millones en 2017, en la efectiva aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, informó Leticia Teleguario, titular de ese despacho.
“En la actualidad, estamos trabajando una estrategia para viabilizar la consulta a los pueblos indígenas y responder a una de las demandas que el país tiene pendiente desde hace años”, explicó la funcionaria, quien agregó que la suma destinada se incluirá en el anteproyecto de presupuesto para 2017, que se debe presentar a más tardar el 15 de julio.
En ese sentido, Rafael Maldonado, director del área Jurídica del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, dijo que además de recursos, se necesita voluntad política para cumplir la ley, por lo que recomendó al Mintrab formular la consulta tomando en consideración los 21 requisitos mínimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El compromiso
Guatemala ratificó el citado acuerdo en 1996, lo cual obliga al Gobierno a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social, refiere la OIT.
“En el proceso de transición y fortalecimiento democrático, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en un elemento fundamental para la construcción de la nación guatemalteca, que desde su carácter unitario refleje la fisonomía plural del país. Consecuencia de ello fue la ratificación del acuerdo”, indicó Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social de Guatemala.
Las implicaciones
Rudolf Jacobs, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala, dijo que después de haberse ratificado el convenio, en 1996, el compromiso nunca fue reglamentado por el Gobierno, lo cual generó un vacío en cuanto a su aplicación, principalmente en lo que corresponde a los proyectos de la industria extractiva.
Derivado de esta situación, el empresario comentó que el sector enfrenta tres problemas, siendo el principal la falta de certeza jurídica y conflictividad, seguido por la suspensión de autorizaciones y licencias mineras.
Recomendación
En relación con lo anterior, Maldonado recomendó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se detenga el otorgamiento de cualquier licencia minera en el territorio nacional, hasta que no se realicen las consultas en cada uno de los municipios donde se vayan a realizar actividades de exploración o explotación minera, y darle cumplimiento a las suspensiones que han emanado de la Corte de Constitucionalidad.
“Somos respetuosos de la ley y hemos ejecutado las órdenes judiciales”, dijo Luis Chang, titular del MEM, al explicar que se suspendieron las operaciones de los proyectos Tajumulco II, Niquegua Montúfar II y Progreso VII Derivada, conocido como La Puya.
Licencias en trámite
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, al 1 de febrero de este año, habían 427 licencias en trámite para exploración de materiales de construcción, y minerales metálicos y no metálicos, mientras que para explotación eran 176.
Respecto del impacto de estos proyectos en la economía, el Banco de Guatemala refiere que en 2015 la inversión extranjera que aportó la agricultura, petróleo, minas y canteras significó US $139.5 millones (Q1 mil 67 millones).
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