ECONÓMICAS
Intervienen empresa por defraudar al erario
Por supuestamente haber defraudado al erario con Q140 millones 796 mil 138.77 durante 2011, la empresa Bellamar Tiquisate, S. A., fue intervenida ayer por la Superintendencia de Administración Tributaria(SAT), en cumplimiento con la orden girada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.
Por supuestamente haber defraudado al erario con Q140 millones 796 mil 138.77 durante 2011, la empresa Bellamar Tiquisate, S. A., fue intervenida ayer por la Superintendencia de Administración Tributaria(SAT), en cumplimiento con la orden girada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.
Adrián Zapata Alamilla, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, explicó que el juez designó a un interventor, 4 auditores y 2 notarios para hacer efectivo el embargo precautorio, que proviene de una denuncia interpuesta en 2014.
“Dentro de las medidas otorgadas está el arraigo de Jesús Elías Higueros, representante legal de la empresa, y el embargo de 109 vehículos”, añadió el funcionario.
Hallazgos
De acuerdo con el Ministerio Público, durante las auditorías se determinaron tres inconsistencias, la primera que la compañía, la cual se dedica a exportar bananos hacia Bahamas, simulaba transferencias de supuestos pagos en exceso para evitar cumplir con sus obligaciones tributarias.
La segunda, por improcedente, es la devolución de Q63 millones 585 mil 824.59 que realizaron a favor de Salenburg Overseas Limited, pues se comprobó que no existen anticipos por parte de esta entidad que estén respaldados con transferencias provenientes del extranjero; y la tercera, que Bellamar efectuó préstamos a la Comercializadora del Oeste, de Panamá, y no presentó documentación que respaldara dicha transacción.
Asimismo, se embargaron las cuentas en los bancos del sistema registradas a nombre de la exportadora y el inmueble a nombre de Agrobelsa, propiedad de la entidad denunciada.
Respaldan acciones
Gabriela García, directora ejecutiva de la Asociación de Productores Independientes de Bananos, dijo que apoyan las medidas de la SAT porque son en beneficio del país. Sobre el caso de Bellamar, subrayó que no responden a intereses de empresas individuales.
Impulsan proceso
La Asociación Guatemalteca de Exportadores realizó ayer el I Congreso de Operador Económico Autorizado, con el propósito de impulsar la certificación de compañías ante la Superintendencia de Administración Tributaria y con ello agilizar la revisión de mercadería, dijo Rolando Paiz, presidente de la gremial.
Werner Ovalle, intendente de Aduanas, dijo que 5 compañías están acreditadas, 6 expedientes están en análisis y 9 empresas han manifestado interés en este proceso.
Pagan Q100 millones
En lo que va de este mes, empresas sindicadas de incumplir con obligaciones fiscales han pagado no menos de Q100 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria, informó Francisco Solórzano Foppa, encargado de esta entidad, al concluir el I Congreso de Operador Económico Autorizado.
“Las compañías que se han acercado a efectuar sus pagos han evitado una intervención, que es una de las últimas medidas que nos da la Ley para recobrar recursos a favor del Estado, y que se toma después de haber agotado todos los procesos”, resaltó el superintendente.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó el tercer foro de vivienda, un encuentro para abordar el déficit habitacional en Latinoamérica, que reunió a autoridades de Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Argentina.
En un panel sobre la materia, la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, dijo que “América Latina y el Caribe tienen un rezago de casas dinámico, que desde el BID calculamos que afecta al 45 por ciento de la población”. Esta cifra es más importante desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, señaló.
“Estimamos que un 95 por ciento, más o menos del total, es de calidad y, además, muy urbano, porque más del 80 por ciento de la población vive en ciudades”.
Erick Hernán Rosales, viceministro de urbanismo del país, lo cifró en un 69 por ciento, mientras que la viceministra de República Dominicana, Vivian Reyes, lo elevó al 70 por ciento y mencionó la difícil burocracia como otro impedimento en la reducción de la falta de residencias.
El Comité de Usuario de Datos Abiertos fue relanzado ayer por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), como un espacio de diálogo social con participación de centros de pensamiento, universidades y medios de comunicación, que utilizan la información que la cartera ofrece.
Esta instancia ya fue establecida legalmente y la idea es que comiencen a activar conversaciones para mejorar la oferta que tienen en datos abiertos. Uno de sus objetivos será que en este semestre se haga un rediseño y actualización del portal, a partir de esa retroalimentación.
Carlos Augusto Melgar, viceministro de Finanzas Públicas, explicó que la oferta de datos del ministerio es variada, pero, principalmente se concentra en presupuesto y ejecución. También hay muchas solicitudes de proyectos de inversión y en contrataciones públicas.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), vio como positivo el retomar este espacio, que se había dejado de convocar a la sociedad civil y destacó que la idea que les manifestaron es tomarles en cuenta sus opiniones y mejorar la auditoria social.
“Algunas de las recomendaciones que se hicieron fueron las que iban en la línea de generar información en espacios que hoy no se incluyen, como las metas físicas y objetivos que se planifican y sobre todo tener una mayor vinculación entre los datos financieros y los resultados”, agregó el académico.
Una de las obligaciones que tiene la cartera es optimizar la disponibilidad de datos en los ámbitos fiscales, para que cualquier persona pueda conocerla, así como organizaciones
sociales, centros de investigación y periodísticas tengan fuentes fidedignas.
ECONÓMICAS
Restaurantes se quejan por alzas
Verduras, lácteos, carnes y frutas son más caras, aseguran los empresarios.
El sector de restaurantes de tenedor, que aporta alrededor de 4.5 por ciento al producto interno bruto, reconoció ayer que no pasa por su mejor momento. Estos negocios se han visto afectados por los incrementos de los insumos que componen sus platos de comida. Al menos, así lo afirmó ayer Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes.
Están molestos por las alzas en vegetales, carnes, lácteos y verduras. Algunos productos
han subido entre un 40 y 50 por ciento. La culpa, dice el empresario, está en los costos del
transporte.
Según Az, el gremio dialoga con la cadena productiva, a fin de ver cómo evitar mayores alzas de sus ingredientes básicos, y no caer en crisis.
Escasez de empleados
Los empresarios manifiestan que, al igual que el sector construcción, en la industria restaurantera también hay déficit de trabajadores. Les cuesta encontrar personal, pues este año ha habido más migración hacia Estados Unidos.
Para suplir el faltante de colaboradores, han hecho alianzas con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para reclutar obreros especializados en esta rama productiva. “Ahora debemos ser más ingeniosos, no podemos trasladarles el costo a los consumidores porque dejarían de llegar. Aún no hay cierres, estamos resistiendo e innovando, pero de mantenerse así, pueden elevarse los costos de ir a comer fuera de casa”, concluyó el presidente de la Gremial.
