Institucionalidad y propuestas democráticas

La principal función de los gobiernos es la garantía de los derechos.

Impulsar propuestas para la garantía de derechos, como el derecho a la seguridad ciudadana y la justicia, son acciones orientadas a fortalecer el régimen democrático del Estado, debido a que no puede consolidarse la democracia de un país sin la existencia de una institucionalidad pública propia de este régimen y garante de la protección de garantías y derechos constitucionales, tampoco sin la existencia de gobiernos que proyecten su gestión hacia el fortalecimiento del  Estado de derecho propiciando acciones orientadas a que las instituciones públicas cumplan con el fin para el cual han sido establecidas e impulsen políticas con la finalidad de superar la problemática nacional.

Las propuestas político-institucionales a nivel gubernamental, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y garantizar sus derechos, tales como políticas, planes, y otros deben fundarse en principios democráticos, como el mantener esfuerzos entre los poderes del Estado, como lo establece el poseer una forma de gobierno republicano, democrático y representativo, basadas en un actuar independiente entre sí, pero coordinado no solamente entre los organismos del Estado, sino  con la sociedad, lo cual les otorga ese carácter de políticas democráticas.

Las propuestas de gestión gubernamental deben democratizarse para que gocen de legitimidad y los resultados esperados sean consecuentes con los objetivos gubernamentales. Actualmente, como una positiva iniciativa, se presenta la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035, como propuesta para que las instituciones públicas, y la sociedad civil, puedan orientar esfuerzos en búsqueda de disminuir los índices de criminalidad. Derivado de la presente política, se instala una Comisión Nacional integrada por los presidentes de los organismos del Estado, y se pretende crear una normativa para hacer vinculante y positiva la presente política. Esta iniciativa se suma a otras ya planteadas durante la presente gestión de gobierno, como la instalación de mesas técnicas y acciones estratégicas planteadas en la Política General de Gobierno, todas con el fin de garantizar los bienes jurídicos tutelados de la población.