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Informe revela actos ilegales en el pasado

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Foto: Congreso

Los procesos de fiscalización realizadas el año pasado en diferentes instituciones públicas generaron 1 mil 267 exámenes especiales de auditoría, los cuales revelaron 1 mil 053 hallazgos, por 7 mil 702 millones 528 mil 793.12 quetzales.

Ello derivó en 1 mil 013 sanciones económicas, 12 formulaciones de cargos y 28 denuncias penales, detalla el informe presentado por la Contraloría General de Cuentas al Congreso de la República.
El análisis corresponde al ejercicio fiscal 2023, el cual revela irregularidades en la administración anterior.

Mejores controles

En el acto de entrega del documento, el contralor Frank Bode Fuentes, informó sobre la implementación de herramientas electrónicas para el fortalecimiento de los controles internos de las instituciones del Estado.

El presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, junto con los Vocales de la Comisión Permanente, Darwin Lucas y César Amézquita, recibieron el informe anual de la Auditoría de Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2023.

Ramos recalcó la importancia de las nacciones de la contraloría para el monitoreo permanente de las instituciones estatales.

Las fiscalizaciones tienen como finalidad erradicar la corrupción en las dependencias que están para atender las necesidades de la ciudadanía y garantizar que los servicios r lleguen a la población guatemalteca.

Giovanni Pérez
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Se han formulado seis iniciativas de desarrollo

Anadie facilita estudios de factibilidad para proyectos en movilidad, transporte y edificación pública.

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En un contexto de creciente demanda de megaproyectos de calidad, autoridades de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) informaron que se han formulado y facilitado análisis y estudios de factibilidad para seis proyectos, uno de los cuales ya fue aprobado.

Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de Anadie, explicó que entre las iniciativas se incluyen la implementación del Metro Riel, para la interconexión vial y transporte urbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, por 1 mil 88 millones de dólares, y el Sistema de transporte público masivo del eje oriente-occidente del área metropolitana, por 333 millones.

Además, se contempla la Vía Exprés, que abarca la edificación, ampliación y mejoramiento del
libramiento a la capital, interconectando la CA-09 Norte y la CA-01 Oriente, por 310 millones de dólares, y la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE), por otros 270 millones.

Adicionalmente, la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, por 125 millones de dólares. Este último proyecto es el único que ha completado el proceso de aprobación y se espera que próximamente se inicie la etapa de construcción.

Nuevo modelo

En relación con la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que encabeza el listado de iniciativas bajo estudio de la Anadie, el presidente Bernardo Arévalo ha propuesto un modelo de capital mixto.

El mandatario ha aclarado que, mediante una intervención público-privada, el Gobierno busca atender las necesidades del AILA. Habló de un sistema en el que el Estado y los inversores privados aporten capital, con la posibilidad de emitir acciones para obtener más fondos.

No es una privatización

Estas obras se proyectan bajo la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Eco-
nómica, un modelo de colaboración entre los sectores oficial y empresarial en beneficio del desarrollo de la nación.

Karla de la Cruz, subdirectora de estructuración y contratación de la Anadie, detalló que las alianzas público-privadas (APP) permiten que el sector privado aporte capital y experiencia en la construcción y operación de obras de infraestructura, manteniendo la propiedad estatal de los activos.

“Las APP ofrecen múltiples beneficios como la eficiencia operativa, innovación tecnológica, transferencia de riesgos y mejora en la calidad de los servicios públicos. Todo esto se lleva a cabo bajo un estricto marco regulatorio que garantiza la transparencia”, especificó.

Por su parte, Mario Catalán, director de fiscalización interino de la citada agencia, destacó que los proyectos pasan por procesos de licitación pública competitiva y están sujetos a auditorías regulares. Además, el Congreso de la República desempeña un papel crucial en la aprobación, pues asegura el escrutinio detallado y alineamiento con los intereses nacionales.

Las autoridades de la Anadie enfatizaron que las alianzas no implican la privatización de los proyectos, ya que la propiedad de los activos permanece en manos del Estado. Los contratos incluyen cláusulas para asegurar la transferencia de estos activos en óptimas condiciones al término del contrato.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, sugirió buscar formas más ágiles de adjudicar obras, mientras que Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), destacó la necesidad de apoyo político y presupuesto para que las APP avancen y generen beneficios significativos para el país.

En tanto, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, y exdirector de la Anadie, resaltó la importancia de viabilizar estas iniciativas, promoviendo el interés de los inversionistas mediante certeza jurídica y reducción de los tiempos de aprobación, con el fin de construir obras que el Estado no tiene capacidad para llevar a cabo, pero que urgen para el crecimiento económico del país.

Los tres consultados coincidieron en que la aprobación de reformas a la ley en la materia podría facilitar la implementación de proyectos autofinanciados sin necesidad de la aprobación legislativa, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de infraestructura crítica en Guatemala.

Luis Carrillo Fotógrafo: Norvin Mendoza
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Ejército apoya inhabilitación de siete pistas clandestinas

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Foto: cortesía Ejército de Guatemala

En lo que va del año se han destruido siete pistas clandestinas de aterrizaje en el territorio nacional, informó el Ejército de Guatemala, que por medio del Cuerpo de Ingenieros apoya el bloqueo de
actividades del narcotráfico.

Según la portavoz de la entidad militar, mayor de Infantería Ann Marie Argueta, en Petén se han destruido cuatro; San Marcos, dos, y Escuintla, una. Estos registros muestran un incremento en las acciones contra los cárteles que usan el espacio aéreo guatemalteco para cometer hechos ilegales.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) detalló que en el mismo período de 2023 se habían intervenido cinco pistas no autorizadas.

Este es un trabajo interinstitucional en el que participan el Mingob, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), la cartera de la Defensa Nacional y el Ministerio Público, señaló la vocera.

Luego de la identificación o localización de un campo de aviación ilícito, se informa a las autoridades competentes, que gestionan la autorización judicial para su eliminación. El Cuerpo de Ingenieros construye cráteres sobre la rodadura de estos espacios, con la utilización de explosivos, lo que impide el aterrizaje de aeronaves.

Giovanni Pérez
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Se intensifica lucha contra el narcotráfico en Guatemala

Aumentan en 153.6 por ciento las incautaciones de cocaína en el primer semestre del año, comparado con el mismo período de 2023.

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La lucha contra el narcotráfico en Guatemala se ha incrementado entre el 1 de enero y el 23 de junio de este año, lo que se refleja en las incautaciones de cocaína que superan en 153.6 por ciento las registradas en el mismo período de 2023, según datos del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Estos números fueron confirmados por Werner Ovalle, viceministro Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza del Mingob, quien agregó que se han intensificado las acciones operativas y preventivas, con saldos positivos en decomisos y capturas.

Ovalle afirmó al Diario de Centro América que en las fechas referidas de 2024 se han incautado 8 mil 373.99 kilogramos de cocaína, más que los 3 mil 301.77 kilos asegurados en el mismo lapso del año anterior.

Otras drogas

Además, se documentaron aumentos significativos en la confiscación de marihuana (53.56 por ciento), crack (52.66 por ciento), y en las erradicaciones de plantas de amapola (123.29 por ciento). Durante este año, 600 personas han sido detenidas por vínculos con estas actividades ilegales, incluyendo siete con fines de extradición a Estados Unidos.

El funcionario destacó que estos éxitos son fruto de un esfuerzo interinstitucional e interagencial, que incluye a la cartera de la Defensa Nacional y al Ministerio Público. Adicionalmente, se resalta el apoyo de naciones aliados como Estados Unidos, México, Colombia y otras de Centroamérica.

El Viceministro aseguró que se llevó a cabo una reunión con autoridades de Honduras y El Salvador, a fin de crear una fuerza de tarea trinacional y abordar esta problemática desde una perspectiva regional.
Finalmente, Ovalle reafirmó el compromiso del Gobierno en el combate al crimen, en el que resalta la voluntad política y el apoyo del presidente Bernardo Arévalo.

El objetivo es proteger a la población, especialmente a los más jóvenes y vulnerables, de los efectos devastadores de los narcóticos.

Acciones de prevención

En relación con las acciones preventivas para evitar el consumo de drogas en la población, Ovalle señaló que la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), promueve talleres para concienciar sobre los peligros del uso de estupefacientes. Se ha llegado a 28 mil 359 personas en 16 departamentos del país.

El pasado domingo se celebró la carrera 5K Yo vivo sin drogas, para fomentar la actividad física y alejar a la ciudadanía de la posesión de sustancias ilícitas. También, se han coordinado capacitaciones con los ministerios de Educación y de Salud Pública, así como con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid), especialmente enfocadas en niños y jóvenes, sobre las consecuencias negativas de consumir alucinógenos.

A su vez, se han fomentado cultivos alternativos para quienes se dedican a la cosecha de plantas prohibidas, ofreciendo opciones legales de sustento.

Archivo
Luis Carrillo Fotógrafo: Mariano Macz
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