Impunidad y rezagos en educación, lastres del Covid-19

Emilio Reynoso y Ludvin Torres Redacción

Corrupción e impunidad. Falta de medicamentos. Atrasos en la educación. Muertes. Estrés y golpes emocionales. Estas palabras, utilizadas por expertos y analistas consultados por el Diario de Centro América (DCA), recrudecen los malos recuerdos que vienen a la mente de los guatemaltecos cuando toca hablar del tema.

Cinco años después de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el país (13 de marzo de 2020), los entrevistados ven con impotencia cómo las autoridades de turno aprovecharon esos momentos para realizar compras dudosas y descuidar asuntos trascedentales como la enseñanza y la salud de los guatemaltecos.

El rechazo que causa el presunto saqueo de fondos públicos, a expensas de una tragedia mundial, solo es comparable con el reproche que los especialistas manifiestan al comentar la indolencia del Ministerio Público (MP) para indagar lo ocurrido o atender las denuncias que sobre el particular ha recibido.

La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), que forma parte del Organismo Ejecutivo, contabiliza 327 días de haber presentado la querella, sin que, hasta el momento, el MP reporte avances. Este matutino contactó a María José Mansilla, vocera de dicha institución, para saber en qué situación se encuentran las denuncias, pero al cierre de este trabajo no hubo respuesta.

“La brecha es alta y esa generación tendrá dificultades en aprender y conseguir una oportunidad laboral”. María del Carmen Aceña Analista asociada del CIEN

La corrupción no perdonó
Esta primera entrega de una serie que el DCA preparó sobre lo vivido, que incluye el rezago educativo, los efectos en la salud mental y un fotorreportaje sobre aquellos años aciagos. De acuerdo con algunos de los entrevistados, se supuso que el entonces presidente Alejandro Giammattei gestionó la ayuda para enfrentar la pandemia. De hecho, requirió la asistencia de la comunidad internacional, con el fin de asegurar apoyos económicos y vacunas. Sin embargo, la asistencia no llegó con la celeridad requerida.

Adicionalmente, el Congreso de entonces aprobó un presupuesto de 6 mil 600 millones de quetzales para atender la situación y otros 1 mil 500 millones de quetzales para la compra de inyecciones.

Las fuentes concluyen que el dinero aprobado no se reflejó en los servicios y ponen de ejemplo los desabastecimientos en los hospitales, los cuales se saturaron sin ofrecer respuestas adecuadas.

“Lastimosamente, y pese a que la corrupción era obvia, los responsables siguen impunes”, señala Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, quien reitera que, en este momento, el MP no persigue a nadie.

“Hubo y hay denuncias sobre la supuesta compra anómala de vacunas y el saqueo en los hospitales, pero no pasa nada. Es tan burdo y obvio que se busca proteger a quienes saquearon a Guatemala”, refiere.

En 2021, la administración de Giammattei pagó 79.6 millones de dólares por 8 millones de dosis de Sputnik V con Human Vaccine LLC, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa, empresa que intermedió en el arreglo. El contrato era por 16 millones de raciones.

El 4 de abril de 2024, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia, en la que incluyó 11 presuntas ilegalidades en lo suscrito. Anteriormente, se había detectado que cinco millones de inyecciones se vencieron y fueron desperdiciadas.

“La justicia no se ha interesado por reparar el daño causado a las víctimas de la corrupción; entonces, veo improbable pensar que, en un futuro cercano, pueda haber reparaciones”, destaca Marroquín.

Según Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), durante los tiempos más complicados del Covid-19 existió un gasto extraordinario que, si bien no fue el más alto de la región, la efectividad, comparada con naciones centroamericanas, fue muy baja.

Barrientos destaca que el principal problema en materia de transparencia fue la opacidad fiscal con la que se manejaron los gastos, dado que los planes destinados para enfrentar la enfermedad quedaron bajo la administración de entidades descentralizadas.

“Existían programas que no eran ejecutados por entidades de la administración central, sino por entidades autónomas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Prácticamente, lo que se registró en la contabilidad estatal fue el traslado de los recursos”, señala.

Barrientos cita que el Ministerio de Economía (Mineco) registraba como ejecución el traslado de recursos al CHN y, cuando se solicitaba el detalle al sistema de contabilidad estatal sobre los desembolsos, no existían los datos porque el CHN es una entidad autónoma.

“Lamentablemente, también hubo un programa que ejecutó el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que tampoco detalló o brindó información abierta y de acceso público sobre cómo se usaron los fondos trasladados por el gobierno” de Giammattei, concluye.

“Fuimos testigos de préstamos que el Congreso aprobó con el fin de atender la crisis de la enfermedad, pero luego se convirtió en un foco de corrupción”. Sonia Gutiérrez Bancada Winaq

Constató los préstamos

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, recuerda que la administración de Giammattei utilizó la crisis como excusa para hacer mal uso de los fondos públicos.

Gutiérrez añade que la adquisición de las vacunas Sputnik fue fraudulenta y, tristemente, el gasto millonario que se hizo nunca se vio reflejado en bienestar de la población.

“Fuimos testigos de préstamos que el Congreso de la República aprobó, con el fin de atender la crisis de la enfermedad, pero luego se convirtió en un foco de corrupción por la irresponsabilidad que tuvieron las autoridades del gobierno anterior”, subraya.

La diputada destaca que el impacto del mal uso de los recursos fue trágico para las familias. Dice que lo que más lamenta son las pérdidas humanas.

“Hubo muertes de pacientes en hospitales, no estaban los medicamentos necesarios, las vacunas no llegaron a tiempo. Se pudo evitar, pero ese es el resultado del mal destino del dinero”, puntualiza.

La congresista recalca la construcción de los hospitales para atender la emergencia que nunca se habilitaron. Por ello, con la bancada han presentado denuncia ante el MP contra las autoridades de ese entonces; sin embargo, nunca tuvieron respuesta.

“Traduzco que la corrupción, al no invertirse los recursos correcta y responsablemente, dejó consecuencias irremediables” que no deberían quedar impunes, finaliza.

Número de afectados

Hasta el 6 de marzo pasado habían fallecido 20 mil 323 y se estima que 112 padecen la enfermedad. El total de contagios acumulados supera
1 millón 304 mil 578 y los recuperados suman 1 millón 284 mil 143. 

La enseñanza retrocedió

El sistema de enseñanza en general, y el oficial, en particular, fue otro efecto directo de la pandemia. Si bien la educación pública ya adolecía de déficits, durante el Covid-19 estos se incrementaron, lo cual provocó que muchos estudiantes perdieran la oportunidad de formarse.

Según María del Carmen Aceña, exministra de Educación y directiva del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala perdió una gran ocasión para avanzar, puesto que no hubo innovación ni crecimiento digital, lo que provocó rezagos en el aprendizaje. “No aprovechamos. Se tuvo dinero, pero no se invirtió. Ahora, cerrar las brechas va a costar, porque las competencias de esa generación no son buenas y se les va a dificultar el aprendizaje y la búsqueda de una oportunidad laboral”, refiere la experta.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, afirma que los estudiantes no contaron con los materiales didácticos y, como tal, hubo atrasos que dificultaron el estímulo de competencias y destrezas. Sin embargo, resalta que es el momento para buscar avanzar. “Ahora se han creado estrategias para nivelar a los estudiantes que no tienen las habilidades para el grado que cursan. El Ministerio de Educación lanzó una nivelación de aprendizaje en refuerzo de la escritura y lectura, y eso es positivo”, manifiesta.