EDITORIALES
Imposible no detectar la desmedida corrupción del gobierno anterior
Con justa razón, los ciudadanos se preguntan dónde estaban los responsables de dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) cuando ministros y secretarios del régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez asaltaban, de manera desenfrenada, el erario.
Sobre todo, llama la atención la forma tan burda y descarada con la que actuaban.
Por esa razón, las pruebas mostradas por el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son tan apabullantes. Es más, como se ha constatado en las múltiples y recientes denuncias de robo, estos pícaros recurrían al mismo y perverso patrón: asignar contratos a sus cómplices (con quienes sobrevaloraban los costos), para luego autorizar pagos superiores al 90 por ciento de obras, cuyos avances físicos eran inferiores al 50 por ciento.
Lo peor de esta embestida criminal es que muchas de las construcciones y programas fueron abandonados ante la mirada complaciente de estos bribones de cuello blanco y de los órganos contralores que tenían y tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Por eso no extraña comprobar cómo exfuncionarios y contratistas deambulan, campantemente, y lucen en sus redes sociales la vida de millonarios que ellos y su parentela se recetaron a costa del dolor y sufrimiento de un país que tuvo la mala suerte de ver, impotente, el actuar de semejantes pillos.
Las querellas que presentaron ayer el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, relativas a una carretera por la que se abonó el 96.2 por ciento, pero se ejecutó el 57 por ciento, y la sobrevaloración de alimentos, pilas, kits de limpieza, tubos PVC, etcétera, se suman a las incontables fechorías identificadas, que pasaron desapercibidas por el MP y la Contraloría.
Estas situaciones vividas lloran sangre, pero es peor que en un amago por querer limpiar cara ante la opinión pública, estas instituciones finjan pesquisas que buscan proteger a los responsables y perseguir a los inocentes, como parece ocurrir en el caso de las vacunas Sputnik.
Dudas, retos y prejuicios. Eso cargan en sus espaldas los nuevos magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras la elección efectuada por los congresistas nadie quemó cuetes. Tampoco hubo ovaciones. Más bien hay un sentimiento de pragmatismo, que roza el optimismo. Un alivio que impone retos.
Como es de esperar, el mayor nivel de esperanza está del lado de quienes los eligieron, entre los que figuran representantes del Partido Movimiento Semilla, el grupo cercano al Gobierno. Sus argumentos pueden ser válidos. Por ejemplo, advierten que la CSJ quedó integrada con el aval de la mayoría de bloques, lo cual se respalda con los siguientes datos: de los 13 magistrados solo una no alcanzó la mayoría absoluta (107 votos) y siete rebasaron de 150 apoyos.
El otro argumento que exponen es el balance que caracteriza a la nueva Corte. Una particularidad que no los deja bien parados, porque supone que debieron incluir a candidatos poco idóneos o vinculados a las mafias, como también lo advierten, principalmente, quienes han sido perseguidos por razones políticas.
Pero más allá de la defensa de los parlamentarios, conviene reparar en comentarios que hacen algunos expertos que han seguido de cerca el proceso. El más contundente advierte que se logró depurar la CSJ, y aunque con sus grises y sombras, el cuerpo colegiado tiene en sus manos mucho del futuro democrático del país.
En un mensaje divulgado en X, el presidente Bernardo Arévalo les recuerda algunos de los compromisos que tienen ante los guatemaltecos. El primero, aunque no necesariamente el más importante, pasa por rescatar la credibilidad ciudadana en la justicia y en el respeto de los derechos humanos. El otro se relaciona con el fin de la impunidad, sobre todo contra aquellos que han saqueado, insaciablemente el erario.
Conviene insistir sobre la desconfianza justificada que tiene la ciudadanía sobre las nuevas autoridades del Organismo Judicial. Dudas que los próximos magistrados podrán resolver si actúan con decencia y alejados de ese cártel de corruptos que, poco a poco, se va quedando solo e indefenso.
Las comparaciones no siempre son buenas, aunque, a veces, necesarias. Son las analogías las que permiten ver las diferencias. Buenas o malas. Si confrontamos, fácilmente, podemos medir avances o retrocesos. Calidades o deficiencias. Honradez o corrupción.
Entremos al punto. Diez meses atrás, Guatemala era una nación paria. Con autoridades desprestigiadas, ligadas a redes criminales que saquearon el erario. El Estado era una especie de red criminal que encubría a los delincuentes. Existía un pacto de corruptos, debilitado pero vigente, cuyo lema parecía ser: No te acuso, no te persigo y tampoco te juzgo.
Hoy, ese círculo vicioso comienza a romperse. El mundo nos mira con respeto. Nota los cambios. Jefes de Estado y de Gobierno le tienden la mano y se toman selfis con nuestros mandatarios.
Apenas ayer, valga el sentido figurado, las anteriores autoridades del Ejecutivo llenaban los listados de funcionarios censurados por Estados Unidos, dados sus evidentes vínculos con el descarado robo de los fondos públicos. Ellos, así como ministros, fiscales, jueces, empresarios y magistrados tienen cerradas las puertas de, en el peor de los casos, 40 naciones democráticas. No los quieren. Repudian la elasticidad de su moral.
En la actualidad, el propio Joe Biden y su esposa se acercan al presidente Bernardo Arévalo y a la primera dama, Lucrecia Peinado. Inmortalizan el saludo con una imagen que, seguramente, le duele a quienes fracasaron en sus intentos de abrirse las puertas en ese alto mundo de la política mundial.
En estos momentos en el país se desarrolla un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, un caso inédito en la historia reciente. Al evento asisten representantes de la administración estadounidense que repudiaron y promovieron la repulsa contra ese pacto de mafiosos.
El desprecio cambió por sonrisas amigables, por saludos respetuosos y con la certeza de que se crearán estrategias que combatirán a los cárteles del crimen. Por supuesto, también aparecieron las comparaciones. En la gestión de Arévalo se ha incautado el doble de drogas que en la de su antecesor. Un hecho que marca un antes y un después. Una evidencia que pone al país en el lado correcto de la historia.
El exitoso operativo ejecutado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC) evidencia algunas prioridades del Gobierno. El combate indiscriminado a la corrupción es una de ellas. No criminalizar a las personas migrantes, es otra.
Además, desarticular esa banda que traficaba seres humanos muestra la concordancia entre la teoría y la práctica que caracterizan el desempeño del binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como el del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Acostumbrados a discursos incendiarios venidos de mandatarios, magistrados, jueces y fiscales que reprenden los saqueos y a las mafias, los cuales contrastan con acciones que protegen, miman o encubren a los delincuentes de cuello blanco y conciencia negra, los guatemaltecos observan hoy la coherencia entre el dicho y el hecho.
Hay que recordar lo siguiente. En todos los foros, nacionales y externos, en los que han participado los gobernantes e integrantes del Gabinete, el principal reto asumido es el de imponer un Estado donde prime la decencia. Una administración que vele por depurar las instituciones y evite el robo del erario.
Pero también existe un compromiso por respetar los derechos humanos de los indocumentados y combatir, con rigor y fuerza, a las redes que se aprovechan de las necesidades humanas. Eliminar las bandas que lucran con quienes, por necesidad, abandonan sus países en busca de mejores oportunidades.
Grupos que comercializan con los sueños y esperanzas de centroamericanos, caribeños o sudamericanos, por citar ejemplos. Delincuentes sin escrúpulos que prostituyen a niños y adultos, causantes, incluso, del tráfico de órganos.
Esta es la importancia del golpe propinado por el Ministerio de Gobernación (Mingob) a esta estructura de trata de personas. Un cártel en el que participaban 23 policías y otros dos agentes que estaban de baja, más 11 civiles.
Finalmente, conviene resaltar el mensaje que el Gobierno envía a la mayoría de integrantes de la PNC que desempeña un papel honroso y valiente. Un recado que advierte que la honestidad será premiada, mientras que a la indecencia se le perseguirá, sin importar uniformes ni cargos.
