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«Ilegales» y «criminales»: la politización de la migración marcará el debate presidencial
EFE
La inmigración tendrá un papel central en el primer cara a cara presidencial de esta campaña entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump, pero la importancia de ese debate podría quedar embarrada con simplificaciones que llaman a «cerrar la frontera» o tachan a todos los migrantes de «criminales», algo que el conservador ha llevado al extremo.
Al encuentro, que será emitido el 27 de junio por CNN, el actual líder estadounidense llega tras emitir una medida de alivio migratorio y después de una orden ejecutiva que limitaba el asilo y, en palabras de la Casa Blanca, «cerraba la frontera». Una de cal y otra de arena, después de fracasar en un intento de obtener un acuerdo bipartidista en el Congreso.
Biden anunció el 4 de junio una orden ejecutiva para restringir las solicitudes de asilo, en lo que supone la medida migratoria más dura en lo que va de su mandato.
La iniciativa, que entró en vigor el mismo día del anuncio, permite a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan con estrictos requerimientos de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias durante un promedio de siete días.
Fin a todas las políticas de Biden
Trump ha sido extremadamente crítico con la política migratoria de Biden y es de esperar que repita sus propuestas como la «deportación masiva» de migrantes o vincule de manera generalizada el crimen con la inmigración.
«Pondré fin a todas y cada una de las políticas de fronteras abiertas de la Administración de Biden», ha prometido el republicano, que también ha avisado que cerrará la frontera con México en su primer día de gobierno y ordenará «la mayor deportación de criminales de la historia».
Poniendo distancia
Es probable que el demócrata nuevamente se aparte de las políticas del expresidente republicano para regular la inmigración. «Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a ellos como un veneno en la sangre de nuestro país», dijo recientemente en referencia a su rival.
En contraste, Trump seguramente utilizará otra vez como caballo de batalla política los casos criminales en los que los sospechosos acusados son extranjeros. En un mitin este fin de semana mencionó el asesinato la semana pasada en Texas de Jocelyn Nungaray, de 12 años, por el que fueron arrestados dos venezolanos, que ingresaron recientemente al país, y además se refirió a otras cuatro investigaciones a las que están vinculados inmigrantes.
Biden ha salido al paso sobre las críticas republicanas. El martes pasado reconoció que la paciencia y buena voluntad del pueblo estadounidense «están siendo puestas a prueba» por sus temores por la frontera, y acusó a Trump de aprovecharse de esas tragedias para deshumanizar a los inmigrantes.
El presidente también espera críticas de su rival por su programa para proteger a cerca de medio millón de indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Pero Biden ya ha practicado su respuesta sobre su propuesta migratoria. «No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración. Estoy interesado en arreglarlo», dijo el martes pasado en la Casa Blanca.
Cambio de postura
En un tono más fuerte, Biden advirtió que Estados Unidos puede «abrazar la inmigración», asegurando la frontera y proporcionando vías legales para los inmigrantes hacia la ciudadanía, algo que lleva una década atascado en el Congreso.
Trump solo ha abandonado las posturas radicales cuando la semana pasada prometió que, de regresar a la Casa Blanca, otorgaría residencia permanente automática (‘green card’) a aquellos inmigrantes que se gradúen en la universidad.
«Lo que quiero hacer y lo que haré es que si te gradúas en una universidad creo que deberías obtener automáticamente, como parte de tu diploma, una ‘tarjeta verde’ para poder permanecer en este país», expresó para el podcast «All-In».
Un sondeo de Gallup en febrero encontró que la inmigración se convirtió en el tema de mayor preocupación de los estadounidenses con un 55 % que dice que «el gran número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos» son una amenaza crítica para los intereses vitales del país. Una encuesta de la Universidad de Florida revelada el mes pasado encontró que el 77 % de los votantes registrados están a favor de más agentes y barreras físicas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
EFE
La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país «es muy alto», tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación «de la maquinaria represiva» del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.
«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales», dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
La Misión presentó hoy su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar -como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.
Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.
Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos «seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración».
A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se ha podido confirmar la muerte de 25 personas, que -con una excepción- fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.
«La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas», indicó Valiñas.
La presidenta de la Misión indicó que se identificó «una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico» entre otros.
La jurista sostuvo que la comunidad internacional «enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia».
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral ha sido generada «por la derecha fascista de Venezuela» que «empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas».
«No fueron protestas pacíficas», señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de «grotesca burla escrita».
Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró «la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia».
Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la «verificación imparcial de los resultados electorales» y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.
EFE
Tras un fuerte operativo en el norteño estado mexicano de Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional detuvieron este jueves a Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como ‘El Piyi’, presunto líder de sicarios relacionados con la fracción del Cartel Sinaloa, Los Chapitos.
Su ficha en el Registro Nacional de Detenciones indicaba que ya se encontraba en traslado, mientras que registros aéreos confirman su llegada por la tarde a la Ciudad de México desde Aeropuerto Internacional de Culiacán.
“Hombre de tez blanca de aproximadamente 1.75 centímetros de estatura, el cual viste playera negra y pantalón café de complexión delgada”, indica la ficha tras su captura.
El operativo por tierra y aire se concentró en el sector Jardines de Santa Fe, en el municipio de Culiacán, en Sinaloa, donde las Fuerzas Armadas mexicanas capturaron a un total de siete personas, entre ellos ‘El Piyi’.
Se presume que esta persona es cercano a Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y quien ahora es el presunto líder de la fracción Los Chapitos, dentro del Cartel de Sinaloa.
También se le ha identificado como supuesto líder de sicarios y sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, capturado en noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos en mayo pasado, en el principal brazo armado de Los Chapitos.
Su apodo ha trascendido a narcocorridos de cantantes y grupos como Los Caimanes de Sinaloa, Larry Hernández, Peso Pluma, Tito Doble P y Luis R. Conríquez.
Además, su detención se da en medio de una ola de violencia en Sinaloa, estado del noroeste del país que suma más de 40 asesinatos en dos semanas, tras la captura del capo Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y de uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López y que ocasionaría una rivalidad por la operación del territorio.
El jueves por la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador atribuyó la pugna interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos al acuerdo de Guzmán López para entregar a Zambada en Estados Unidos el 25 de julio en un avión que aterrizó cerca de El Paso, Texas.
El Cartel de Sinaloa, según EE.UU., es la organización narcotraficante «más poderosa del mundo» y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es «la principal» causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.
EFE
El Tribunal de lo Criminal de Vaucluse decidió este viernes que la prensa tendrá que ausentarse cada vez que se proyecten los vídeos de las violaciones a Gisèle Pelicot, en contra del parecer de la víctima, que quiere que el proceso sirva «para que la vergüenza cambie de bando».
El presidente del tribunal, Roger Arata, anunció su decisión por los poderes que tiene sobre la gestión de las audiencias y lo justificó señalando que «esas imágenes son indecentes y chocantes para el público».
«Estamos protegiendo la indignidad», se quejó Stéphane Babonneau, uno de los abogados de Gisèle Pelicot, que insistió en que «no debemos tener miedo a mostrar las violaciones».
Babonneau recordó, precisamente, que fue su clienta la que había pedido que el juicio no se celebre a puerta cerrada, como podría haberlo solicitado para proteger su intimidad.
«Cuando escuchamos que hay que proteger la dignidad de la señora Pelicot y la dignidad de los acusados cerrando finalmente las puertas de la sala cuando se emitan esos vídeos, en realidad es difícil no sentir que estamos protegiendo la indignidad».
Antoine Camus, otro de sus abogados, añadió que Gisèle Pelicot ha querido que las audiencias fueran públicas «porque a nivel personal no espera nada de este juicio. Su vida está destruida y su ambición ahora es intentar cambiar la sociedad, en particular por el bien de sus nietos».
Fue en la audiencia del jueves cuando los vídeos de las violaciones se proyectaron por primera vez, cuando prestaron declaración dos de los acusados de haberla violado en estado inconsciente bajo los efectos de los ansiolíticos que le administraba su marido, Dominique Pelicot, que durante 10 años la dio a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella.
De entrada ya se había excluido al público en la sala del tribunal en el momento en que se emitían esas grabaciones, que son la base de la acusación, y que se encontraron en un disco duro que guardaba en su casa con miles de vídeos y fotografías de las sesiones de sexo que había organizado con su mujer bajo sumisión química.
Los periodistas, sin embargo, podían estar presentes y contar las escenas, aunque no grabarlas, ya que en Francia está prohibido tomar imágenes o sonido en una sala de audiencias durante el juicio.
El fiscal propuso esta mañana que se proyectaran sistemáticamente los vídeos antes de cada declaración de los acusados, para que se pudieran ver las que son las principales pruebas de la acusación.
Los abogados de la defensa no querían que esas proyecciones fueran sistemáticas. La única excepción fue Béatrice Zavarro, la letrada de Dominique Pelicot, que tras su detención en septiembre de 2020 ha reconocido su responsabilidad, y desde el comienzo del proceso se esfuerza por señalar a los otros 50 hombres que se sientan con él en el banquillo.
La sesión de la mañana, en la que no se proyectó ningún vídeo, estuvo dedicada al caso de uno de ellos, Cyrille D., de 54 años, encausado por haber violado a Gisèle Pelicot en la noche del 2 al 3 de septiembre de 2019.
Este hombre reconoció que no había dudas de que la víctima estaba dormida, pero precisó que lo que sabía es que había tomado medicamentos «para estar relajada».
