Como parte del eje relativo al Estado Responsable, Transparente y Efectivo, de la Política General de Gobierno 2020-2024, el Organismo Ejecutivo presentó ayer los resultados obtenidos en torno a la vigilancia de los fondos públicos y su correcta ejecución.
El informe, a cargo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, a cargo de Oscar Miguel Dávila, refiere que durante la actual administración se han presentado 89 denuncias por supuestos malos manejos, de las cuales 43 fueron enviadas al Ministerio Público (MP) y 46 a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Por instrucción del mandatario Alejandro Giammattei, la citada entidad ha tenido la misión de asegurar la correcta gestión de los recursos y de velar porque las instituciones gubernamentales actúen con probidad.
Para evidenciar su compromiso con la integridad, en sus primeros meses de trabajo, el jefe de Estado renovó el Convenio de Cooperación Institucional para la Buena Gobernanza, un instrumento de la Organización de las Naciones Unidas, que contempla 50 metas estratégicas, de las cuales sobresale la consolidación de un Estado responsable, transparente y efectivo.
Desde aquel momento, Giammattei refrendó su deber de garantizar la rectitud personal y de su equipo de trabajo, razón por la cual creó las oficinas de Gobierno Abierto y Contra la Corrupción, que aunaron esfuerzos para reducir los mencionados flagelos en sus áreas de influencia.
Lo cierto es que 3 años y 11 meses después de asumir la dirección del país, se presentan las siguientes acciones penales en las que ha intervenido o impulsado Dávila: 21 órdenes de captura, 1 antejuicio en trámite, 1 concluido y 2 sentencias condenatorias. Además, ante la Contraloría registra 24 fiscalizaciones, 35 hallazgos confirmados y 133 sanciones emitidas, números que ponen en perspectiva la decisión de proteger los aportes de los contribuyentes.
