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Gobierno abierto para la democracia en Guatemala (I)

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Maylin María Amparo Gómez Grijalva

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Guatemala está viviendo un momento crucial donde la población espera cambios y mejoras de vida individuales y colectivas.El gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera plantean un compromiso de lucha contra la corrupción, iniciar un proceso de rescatar la democracia y el país del abandono; es un desafío muy grande, sobre todo cuando la voluntad de sacudir los escombros y reconstruir este país es escasa en los otros dos poderes del Estado; aun así, es innegable que nuestro país sí atraviesa de alguna manera una sacudida y muchos cambios se están dando desde que asumió un nuevo gobierno, el pasado 14 de enero. 

Si lo plantemos desde otra perspectiva, el nuevo gobierno logró asumir como resultado de una serie de sacudidas que fueron propiciadas desde el seno de la misma población. No fue el partido oficial quien lideró las protestas contra el intento de golpe de Estado, fue la misma población la que decidió atender la convocatoria de las autoridades ancestrales en torno a la defensa de la democracia al exigir respeto por la voluntad soberana expresada en las urnas durante el proceso electoral de 2023 y la que puso un alto al intento de golpe de Estado. 

Para vivir en democracia es vital que un gobierno atienda y escuche, pero también una población que exija y participe.

Fue la población la que decidió participar en las protestas de 2015 y 2023, fue la población la que exigió la renuncia de un binomio presidencial corrupto en 2015, la que pide respeto a la democracia aún en 2024 y la que exige que los gobiernos dejen de robarse el país y lo que es del país. Es la población la que está empujando y exigiendo cambios en Guatemala. Es un hecho. 

La población dejó de estar conforme con la mediocridad, la negligencia y la corrupción gubernamental que han generado abandono y atropello a la dignidad individual y colectiva por décadas. Esta participación debe seguir y debe ampliarse en calidad y cantidad, la población no debe acomodarse ni fiarse de la buena voluntad de un gobierno nunca. 

En democracia la población siempre puede estar informada sobre cómo el Gobierno administra lo público y de verificar cómo sus autoridades están decidiendo la forma en que se ejecutan los impuestos que paga año con año, debería poder opinar y exigirle cuentas a sus gobernantes sin que esto implique ningún tipo de censura o persecución judicial en su contra.

              Continuará... 

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