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Gestión antidemocrática trasciende fronteras

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Suiza se convirtió en el último país en sumarse a la condena internacional, que ya suma 42 estados, en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por considerar que ha promovido acciones que debilitan la democracia, el Estado de derecho e intentado impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades presidenciales.

La sanción le impide ingresar a esos países y la congelación de activos, entre otras más. “Es un rechazo a su ética y moral como persona y cuestionan cómo ha usado el desempeño de su profesión para incurrir en esas conductas inmorales, antiéticas que fomentan la corrupción y las prácticas antidemocráticas”, afirmó Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.

Para el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, era de esperarse la condena internacional “dado los niveles de ataques que se encabezaron desde la Fiscalía en el proceso electoral 2023”.

Los expertos coinciden en que las acciones tomadas por las 42 naciones ponen en duda la idoneidad y honorabilidad de la máxima autoridad del ente encargado de la persecución penal. Sin embargo, no la obligan a dejar el puesto.

“A nivel nacional no tienen ningún efecto legal o administrativo. Pero político y moral, sí; pero eso no le impide a ella seguir en el cargo”, enfatizó Ibarra.

“Debilitar el ejercicio de poder, tampoco, porque tiene sus facultades legales. Pero moralmente y en términos de legitimidad, sin duda alguna, el MP está por los suelos”, agregó Ortiz.

Tras la decisión de Suiza, el MP calificó los señalamientos de espurios y tendenciosos, “se evidencia la desbordada intención de querer obstruir el trabajo investigativo del MP, mediante el uso y abuso de las relaciones diplomáticas que debiesen garantizar el respeto de los derechos de los estados parte”, indicó por medio de un comunicado.

Las sanciones internacionales también han incluido a Ángel Pineda, secretario general del MP; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la fiscal Leonor Morales. Así como al juez Fredy Orellana.

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