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Fuerzas de seguridad suman 2 mil 431 agentes
Incorporación de nuevos policías fortalecerá la seguridad y capacidades operativas.
Luis Carrillo y Wendi Villagrán
Redacción
Dos mil 431 agentes, que incluyen a 489 mujeres, se incorporaron a las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC), con el propósito de proteger y servir a la ciudadanía. Los nuevos elementos completaron un entrenamiento de 8 meses en tres academias del país.
De acuerdo con lo informado, hoy, el cuerpo policial guatemalteco cuenta con 43 mil efectivos, lo que fortalecerá sus capacidades operativas y de respuesta ante los desafíos que enfrenta la nación.
En el acto ceremonial, efectuado en el campo de maniobras de la Escuela de Formación de Oficiales de Policía (Esfop), zona 6 capitalina, participó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien reconoció el esfuerzo de los graduandos, su valentía para formar parte de las fuerzas de orden y su espíritu de servicio, así como la determinación que tiene de resguardar a la población y sus bienes.
El ministro Jiménez, quien participó en los actos protocolarios, escribió en su cuenta X que la “transformación de la Policía es irreversible”.
“La transformación de la Policía es irreversible. Vamos con paso firme para recuperar la confianza ciudadana”, escribió Jiménez en su cuenta de X.
Lisandro Acuña, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), calificó de positivo que estos connacionales se preparen dentro de la institución y confió que los asensos sean por meritocracia, lo cual garantiza la equidad en la PNC.
Acuña agregó que Guatemala cuenta con un bajo número de efectivos para dar respuesta a las necesidades de la población. En tal sentido, consideró que el recurso humano que está en formación sea aprovechado para elevar la calidad del servicio.
“No siempre se trata de cantidad, sino de mejor planificación y acciones para hacerle frente a la delincuencia”, enfatizó.
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Se rompe quorum al ingreso de titular del Mingob
Falla primer intento por interpelar a los ministros de Gobernación, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.
Al filo del mediodía y justo cuando el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se preparaba para ser interpelado por la diputada Sandra Jovel, de Valor, el quorum que se había mantenido en el Congreso durante casi cuarenta minutos se rompió.
Poco antes, cuando se sometió a votación la solicitud del funcionario de utilizar audiovisuales que sirvieran de apoyo para responder, había en el Hemiciclo 92 legisladores y luego, cuando se le pidió que ingresara, ese número empezó a bajar hasta llegar a 74, cifra insuficiente para continuar con la sesión extraordinaria.
“Ustedes, que cubren el Congreso, saben mejor que yo los juegos parlamentarios y ahí no tengo yo mayor comentario”, expresó Jiménez cuando se aprestaba a abandonar el Palacio Legislativo.
Las declaraciones las dio desde un podio en el Salón Pasos Perdidos al que llegó con dificultad, debido a la cantidad de periodistas que buscaban entrevistarlo, para ser consultado sobre ese hecho.
El quorum solo alcanzó para alterar el orden del día y juramentar a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Francisco Marroquín y Mariano Gálvez, Arturo Saravia y Luis Ruano, respetivamente, quienes se incorporan a las comisiones de Postulación para cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones.
Empezó con retraso
La sesión extraordinaria estaba programada para las 10:00, pero empezó una hora y 10 minutos tarde. Durante ese tiempo, Jiménez esperó en una sala el inicio del interrogatorio.
“Seguimos trabajando y trasladamos el despacho ministerial al espacio que no se nos ha concedido para estar presentes”, remarcó el titular de la cartera del Interior, tras señalar que estará atento al nuevo llamado para rendir cuentas de su gestión.
Cuando él hablaba con los medios de comunicación, el canciller Carlos Martínez, quien también esperaba ser interpelado, abandonó el Congreso de la República.
Ausentes
De acuerdo con dicho órgano del Estado, a la sesión extraordinaria no se presentaron 52 diputados de los cuales 42, que representan el 80.7 por ciento del total, fueron de Vamos (14), UNE (12), Cabal (8) y Viva (8).
El resto fue independientes (2) y de Elefante, Todos, VOS, Creo, Bien y Nosotros, con uno por bloque.
A pesar de que se anunció una manifestación ciudadana en rechazo al actuar del Legislativo, esta no se concretó. Sin embargo, desde antes de la sesión extraordinaria se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para brindar seguridad al recinto parlamentario, diputados y
personal que labora allí.
En voz de expertos
El analista político Renzo Rosal dijo que no se pudo iniciar con la rendición de cuentas de Jiménez “porque hay varios diputados que se dan cuenta de que quienes están buscando la interpelación, no tienen fundamento; es decir, no hay materia para ello y sí propósitos espurios y políticos particulares que no se justifican”.
Fernando Bon, director ejecutivo de Alianza por un Congreso Eficiente, manifestó que el
quorum se alcanzó inicialmente porque se quería juramentar a los dos integrantes que faltaban en las postuladoras.
Recordó que ellos han sido críticos con las interpelaciones. “En los últimos años se han usado como un medio de presión al Ejecutivo”, agregó.
Los ciudadanos deben exigir que se respete la labor, independencia y seguridad de los integrantes de las comisiones de Postulación de candidatos a magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, así como el cese de la criminalización, indicaron líderes de la sociedad civil y projusticia.
“Estas instancias están siendo objeto de presiones por parte de estructuras paralelas que desean que continúe la impunidad en el país”, expresó Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
“Pedimos a los guatemaltecos estar atentos al desarrollo de estas elecciones de magistrados, por la importancia de la justicia independiente a la paz, democracia y gobernanza”, expresó Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y extogada de la CSJ.
Los activistas, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, recordaron que no es ningún secreto que las postuladoras y algunos decanos han recibido amenazas.
Las estructuras paralelas continúan con presiones contra quienes han destacado por su independencia, dijo Juan Pablo Muñoz, coordinador de Alianza por las Reformas.
Por su parte, la abogada María Eugenia Solís dijo que los procesos de elección pueden ser afectados por el uso excesivo de amparos y ocasionar retrasos como en 2019.
Entre otras entidades que se pronunciaron están Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija´, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Movimiento por la Democracia, Movimiento Projusticia, Otra Guatemala Ya y Red de No Violencia contra la Mujer.
Juramentan a decanos
Las comisiones de Postulación ya están completas, pues el Congreso juramentó ayer a los decanos de Derecho de las universidades Mariano Gálvez (UMG) y Francisco Marroquín (UFM), Luis Ruano y Arturo Saravia, respectivamente.
La ausencia de ambos impedía las sesiones de las postuladoras. “Trabajaremos con independencia y con el compromiso de postular a los mejore perfiles”, dijo Ruano, quien confirmó que el Ministerio Público los investiga.
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Exigen que cesen persecuciones arbitrarias
Organizaciones internacionales se pronuncian ante deterioro de la democracia en el país.
Foto: cortesía CIDH
Hacer un llamado al Estado de Guatemala, principalmente al Ministerio Público (MP), para que cesen de inmediato las persecuciones arbitrarias, así como que se inste a la Corte de Constitucionalidad (CC) a garantizar la elección de magistrados de cortes de manera imparcial e independiente, son parte de los planteamientos que entidades internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos hicieran, por medio de un comunicado, a la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, que realiza una visita, atendiendo una invitación del Gobierno.
En el pronunciamiento, las instancias, entre las que resaltan el Centro de la Justicia por el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), Impunity Watch, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés) y el Centro de Movilización Christar (CMCUS, en inglés), señalaron que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, continúa encubriendo grandes casos de corrupción cometidos por gobiernos pasados.
También, que Porras persigue a defensores humanitarios, periodistas, fiscales, exoperadores de justicia y a quienes integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en represalia por su trabajo anticorrupción.
Como consecuencia de la criminalización, debieron salir al exilio, tienen procesos penales activos en su contra o en riesgo de criminalización, señalaron.
Se recordó que la última en salir de Guatemala fue la exfiscal Virginia Laparra. Lizandro Acuña, experto del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comentó que la Fiscalía, que por mandado constitucional es el ente investigador, con autonomía e independencia, debe basarse en sus principios que le obligan a una persecución penal objetiva en la que prevalezca el debido proceso y respeto a las garantías fundamentales.
Por su parte, el constitucionalista Edgar Ortiz expresó que el pronunciamiento de las instancias subraya el estado precario de la justicia en el país y el hecho innegable de que la persecución a ciertos opositores ha sido la regla en estos años.
Señales que envían el MP, CSJ y CC
- MP pide informes a cuerpos electorales
- Fiscalía persigue a magistrados del TSE
- Constante suspensión de audiencias de periodista Jose Rubén Zamora y exfiscal Stuardo Campo
- Exilio de exfiscal Virginia Laparra condenada dos veces
- Sin avance solicitud de antejuicio contra Fiscal General
- Resoluciones que favorecen a destituidos de cargos por no ser idóneos, como el caso Bantrab
- Investigación a decanos que integran comisiones de postulación
- Averiguaciones contra secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, Santiago Palomo
