Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.

En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.

A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.

De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.

Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.

También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.

En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.

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La salud de la población es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo de un país. Por eso es de suma importancia la atención primaria, por una parte, y el adecuado funcionamiento de los centros asistenciales, por otra.

En ese contexto, la situación calamitosa del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) que opera en Ixcán, Quiché, el cual, además, constituye un componente esencial del sistema de salud nacional, es un aspecto que no puede persistir, ya que desafortunadamente esa unidad asistencial no garantiza la atención satisfactoria para los 120 mil habitantes del área.

Las instalaciones del Caimi han caído en total abandono, tan extremo que las áreas de Ginecología, Maternidad y posparto son insuficientes para atender los requerimientos que plantea la demanda de esos servicios.

Una solución transitoria que han encontrado las autoridades locales es trasladar el Caimi a una propiedad de la municipalidad.

Pero la medida definitiva consistiría en edificar una nueva estructura hospitalaria con equipamiento médico moderno y abastecimiento completo; por ello, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene el reto de asignar los recursos que el Estado debe aportar, en el ejercicio de su función como protector del bien común, lo que le corresponde conforme a la Constitución de la República.

Pero lo más importante es que esas obras de infraestructura básica sean construidas conforme a los estándares de calidad y que los recursos sean ejecutados de acuerdo con las más estrictas normas de probidad.

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Amparados en la impunidad que aún los protege, dado el control que mantienen en las instancias encargadas de la persecución y el castigo penal, los cárteles del crimen que medraron durante el gobierno anterior crearon mecanismos que les permitieron asaltar el erario con un descaro tal que avergonzaría al más despiadado de los corruptos.

La más reciente denuncia presentada por el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), sucedió ayer, cuando la encargada de dicha cartera, Jazmín de la Vega, informó sobre querellas elevadas ante el Ministerio Público (MP), las cuales se relacionan con 14 escuelas Bicentenario, proyecto emblema de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

El detalle de esta nueva corruptela advierte que, trágicamente, las nuevas autoridades no terminan de limpiar las gavetas y, por el contrario, las ratas siguen apareciendo convertidas en negocios sucios. “Estos establecimientos representan un hito en la evolución de la enseñanza en Guatemala”, promovían estos indecentes, quienes vieron en las necesidades de los guatemaltecos la oportunidad para enriquecerse ilícitamente.

De los 14 centros ofrecidos, cuyos valores oscilan entre los 31 millones 457 mil y los 46 millones 819 mil quetzales, 11 registran avances por debajo de los montos trasladados. La información recopilada por el Micivi evidencia los arreglos realizados para que la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, recibiera todos los negocios.

Para ello, Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), exigieron, en las bases para los contratos, que el material a emplearse en los establecimientos fuera Lego PVC, cuyo único proveedor es la compañía citada.

En fin, qué se puede esperar de un desgobierno que fue capaz de aprovecharse de la salud
de los compatriotas, para saquear las finanzas públicas mediante la compra anómala de
vacunas Sputnik.

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