EN EL PAÍS
Fortalecen acciones para protección a migrantes y refugiados
En coordinación con la Municipalidad de Esquipulas, el Instituto Guatemalteco de Migración desarrolló un taller de socialización de la Política Migratoria de Guatemala dirigido a la Mesa Técnica Municipal de Protección a Migrantes y Refugiados en Esquipulas, Chiquimula. Esta actividad reunió a 33 participantes, incluyendo representantes de instituciones públicas y agencias de cooperación internacional, quienes se unieron para fortalecer el conocimiento y la implementación de la política migratoria en el ámbito local.
Durante el taller, se resaltó la importancia de los cuatro ejes temáticos de la Política Migratoria de Guatemala, los cuales guían las acciones orientadas a garantizar el respeto a los derechos de los migrantes y a promover su integración y desarrollo en condiciones de dignidad y seguridad:
1. Derechos humanos y grupos vulnerables: enfocado en la protección de los derechos fundamentales de todos los migrantes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
2. Integración y reintegración sostenible de los migrantes: orientado a facilitar la inclusión y adaptación de los migrantes retornados en sus comunidades de origen.
3. Servicios migratorios y gestión integral de fronteras: centrado en la mejora de los servicios migratorios y el control fronterizo para una migración segura y eficiente.
4. Migración y desarrollo sostenible: encaminado a maximizar los beneficios de la migración para el desarrollo de las comunidades guatemaltecas.
El Instituto Guatemalteco de Migración reafirma su compromiso con la promoción de una migración segura, ordenada y regular. Este esfuerzo se materializa mediante la constante socialización de la Política Migratoria en espacios de coordinación en todo el país, con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y el apoyo a las comunidades migrantes y refugiadas en Guatemala.
EFE
El Gobierno de Guatemala, que preside Bernardo Arévalo de León, denunció este lunes un nuevo caso de corrupción que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Electrificación Melvin Quijivix Vega y al exmandatario del país Alejandro Giammattei (2020-2024).
En rueda de prensa, funcionarios del Gobierno de Arévalo de León detallaron que Quijivix Vega recibió entre 2021 y 2023 alrededor de 105.000 dólares como presunto trabajador de otra entidad estatal, autorizado por Giammattei, sin llevar a cabo alguna tarea.
Específicamente, Quijivix contaba con una plaza laboral en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) sin que nadie conociera sus funciones, según señaló este lunes el director de la misma entidad, Carlos Mendoza.
«Su oficina era simplemente una bodega. Entonces todo esto nos llevó a seguir profundizando en el caso», explicó Mendoza.
«Lo más reciente es que todavía tuvo el descaro de ingresar una demanda laboral contra Segeplan porque dice que no le queremos pagar sus prestaciones», añadió.
Quijivix Vega fue sancionado en julio de 2023 por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a la nación norteamericana tras ser señalado de corrupción al frente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), entidad reguladora del servicio de energía eléctrica en Guatemala.
De acuerdo a la acusación de EE.UU., Quijivix Vega utilizó su posición para favorecer a ciertas empresas con contratos asignados de manera corrupta.
Por su parte, el comisionado presidencial contra la corrupción, Julio Flores, aseguró este mismo lunes que el Ministerio Público (Fiscalía) debe solicitar el retiro de inmunidad con el que cuenta Giammattei como diputado del Parlamento Centroamericano y así enfrentar a la justicia por este caso.
Las autoridades guatemaltecas también expusieron este lunes que Quijivix Vega otorgó sin licitación varios contratos por asesorías a empresas donde contaba con vínculos familiares, por poco más de un millón de dólares, lo que también representa un delito.
Desde su investidura en enero pasado, el Gobierno de Arévalo de León ha presentado más de medio centenar de casos de corrupción perpetrados por Administraciones anteriores, especialmente la de Giammattei pero también la de Jimmy Morales (2016-2020).
Sin embargo, como señaló el mismo comisionado presidencial este lunes, la mayoría de denuncias no avanzan en el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada también por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.
Por cuarto mes consecutivo, un equipo multidisciplinario del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se prepara para otorgar emisión prórrogas o nuevos Estatus de Permanencia por razones humanitarias, mexicanos desplazados en Cuilco, Huehuetenango.
En esta ocasión, una parte del equipo se desplaza hasta la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, mientras que otra atenderá a los pobladores mexicanos directamente en Cuilco.
Es importante destacar que, durante la última visita a Huehuetenango, después de las entrevistas y el registro respectivo, fueron emitidas 117 prórrogas de los 175 estatus de permanencia por razones humanitarias otorgados anteriormente, así como 11 nuevos estatus para personas que no estaban en territorio nacional las ocasiones anteriores.
El Instituto Guatemalteco de Migración, en coordinación con otras instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Defensa, continúa comprometido con la atención y protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana.
El Estatus de Permanencia por razones humanitarias se otorgará por 30 días más.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a una mujer de nacionalidad colombiana bajo cargos de lavado de dinero y otros activos.
La mujer, identificada como «Yuli N.», de 38 años, originaria de Medellín fue arrestada en la aldea La Fragua, Zacapa.
El pasado 17 de octubre, otro colombiano, «Juan O.», fue arrestado en Guatemala bajo solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
De igual forma, el 25 de septiembre pasado la Policía dio a conocer la captura de un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras supuestamente ingresar 140 mil dólares al sistema financiero local sin demostrar el origen de los fondos.
El delito de lavado de dinero es castigado en Guatemala con penas de cárcel que van desde 6 hasta 20 años, además de una multa similar al monto de la acusación.
Durante 2023, la Superintendencia de Bancos de Guatemala detectó aproximadamente mil millones de dólares en transacciones sospechosas de estar vinculadas al lavado de dinero, prácticamente el doble que en 2022, de acuerdo a datos oficiales.
