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Se cumple el segundo aniversario desde que los talibanes impidieron el acceso de mujeres a la educación secundaria y universitaria, una medida que, alegaron, sería temporal, hasta que lograsen adaptar los contenidos a la ley islámica o sharía. Desde la toma de Kabul, se coartaron severamente los derechos de las féminas, apartándolas casi por completo de la vida pública.

Entre la lista de vetos se encuentran trabajar en alguna oenegé, la obligación de salir de casa con el rostro tapado, la segregación por sexos, ir acompañadas de un miembro masculino familiar para realizar trayectos largos. Además, se les ha vetado de los centros de estética y de los parques nacionales, así como de practicar deporte o actuar en películas.

1.2 millones de alumnas cursaban secundaria y en la universidad.

“Los dos últimos años han sido los más difíciles, llenos de tristeza y angustia”, lamentó Sudaba Nazhand, una profesora que en un día como hoy, pero en 2021, se preparaba para volver a la escuela, pero a última hora el grupo talibán le negó la entrada.

Los días pasaron, hasta que el pasado diciembre anunciaron que la educación superior y universitaria también quedaba excluida para dicho sector de la sociedad bajo el mismo pretexto, reduciendo así las esperanzas de millones de afganas por volver a las aulas.

Desde entonces, Afganistán se ha convertido en el único país en el mundo sin educación femenina. De los más de 4 millones de féminas que estudiaban antes de la conquista de Kabul, 1.2 millones eran alumnas de educación secundaria y superior, según datos del Ministerio de Educación.

Redacción DCA

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El Gobierno italiano aprobará la creación de nuevos centros de repatriación de inmigrantes irregulares y la ampliación del tiempo que podrán ser retenidos en ellos, en plena crisis por la llegada a la isla de Lampedusa (sur) de más de 10 mil personas en apenas tres días.

El Consejo de Ministros de la ultraderechista Giorgia Meloni se encontraba ayer reunido para aprobar un decreto-ley que encarga al Ministerio de Defensa la construcción “lo antes posible” de los denominados CPR, centros donde los inmigrantes irregulares esperan su expulsión.

En el país hay una decena de estas instalaciones, repartidas entre Turín, Roma, Bari o Brindisi, pero la intención es fundar uno, al menos, en cada una de las regiones italianas.

Los nuevos CPR estarán en localidades de baja densidad de población que puedan ser fácilmente delimitadas y vigiladas, solicitó Meloni. 

Por otro lado, se aumentará hasta los 18 meses el tiempo en el que los inmigrantes irregulares podrán permanecer en el país antes de su expulsión.

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La coordinadora humanitaria para Libia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Georgette Gagnon, informó ayer que al menos 300 mil menores de edad se han visto afectados por las inundaciones en el noreste de Libia, tanto en la ciudad de Derna como en las áreas cercanas.

Gagnon explicó, además, que una de las prioridades del organismo es reabrir las escuelas, pero muchas se utilizan como refugio para familias desplazadas. 

Sin embargo, en cuanto a las cifras de fallecidos, la coordinadora se mostró algo más conservadora que las autoridades locales, y dijo que el número confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de cerca de 4 mil muertos, con unos 5 mil desaparecidos. Las autoridades libias, por su parte, ubican la cantidad de decesos en torno a los 11 mil.

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