EDITORIALES
Estado respalda a familias más pobres
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera se comprometió, desde su campaña electoral, a focalizar recursos hacia familias que sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, producto del abandono al que han sido sometidas durante décadas.
Hoy, el Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de Abelardo Pinto, tiene claridad en la implementación de programas sociales. Uno de estos es el subsidio económico (Bolsa Social), que comenzará a entregarse en los próximos meses. La ayuda no será al azar; se utilizarán investigaciones técnicas para llegar a los núcleos familiares que verdaderamente necesitan un subsidio para sobrevivir.
También, el número de beneficiarios se duplicará de 25 mil a 50 mil, incluyendo a jefes de familia de las áreas urbana y rural. Se cuenta con 150 millones de quetzales, según las autoridades, recursos ya incluidos dentro del presupuesto vigente del Estado.
Lo importante, según lo describe el titular del Mides, es que se priorizará a familias con niños menores de 5 años. El Gobierno se respaldará en el Registro Social de Hogares y, a la vez, para hacerlo transparente, se abrirá el Registro Único de Beneficiarios. Por medio de este portal, cualquier ciudadano podrá verificar quiénes recibirán la ayuda.
De acuerdo con el diseño del programa, se han identificado 114 municipios donde residen las personas adultas y niños con los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
Pero la política social de la actual administración no se limita a la entrega de un alivio económico. También tiene en agenda otro tipo de mecanismos como la reparación de miles de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas.
Se les reemplazarán los pisos de tierra por cemento. Esta iniciativa es parte de la estrategia Mano a Mano, la cual se compone de nueve dimensiones o programas. Adicionalmente, se entregará a estas familias filtros de agua (Ecofiltros) y estufas mejoradas o ahorradoras de leña. Para la subvención, se estudian las vías adecuadas y seguras.
La concepción es uno de los ciclos más maravillosos de los seres humanos. Muy similar a la satisfacción que se siente cuando se cierra la carrera intermedia o la universitaria. Tan ilusionante como la consecución del primer trabajo o la compra de bienes muebles e inmuebles que evidencian el desarrollo y crecimiento propio o ajeno.
Sin embargo, la vida no siempre es justa. Nos dificulta cerrar etapas. A veces golpea con fuerza y nos pone en situaciones complicadas. En desventaja frente a nuestros contemporáneos. En ocasiones, se pierden los derechos y se obliga a adquirir compromisos que no se desean. Para los que no se está preparado.
El embarazo en niñas y adolescentes es uno de esos momentos difíciles, porque obligan a saltarse los procesos naturales de la vida. Complicado entender estas situaciones.
Aunque nos sean familiares. Pese a que podríamos haber sido o ser testigos de estos abusos. Porque hay que decirlo: la gestación de menores es una acción ilícita que debe perseguirse y castigarse. La impunidad torna imposible cerrar ese círculo perverso.
Pero intentemos ponernos en los pies de esas pequeñas y jóvenes de 10 a 17 años que resultan esperando bebé. De esas adolescentes a quienes se les detiene el derecho a realizarse como estudiantes y profesionales que, de repente, dejan de ser niñas y pasan a ser madres. Menores que no pudieron elegir su destino y se ven arrastradas a una convivencia que no quieren ni merecen.
Lamentablemente, Guatemala continúa llevando una carga muy pesada en este sentido. Los registros de embarazos en niñas y adolescentes siguen preocupando. El más reciente reporte del Observatorio de Salud Reproductiva, agosto 2024, consigna 38 mil 488 embarazos y nacimientos, de los cuales 1 mil 298 fueron concebidos por niñas de 10 a 14 años.
Números oficialmente registrados, que reflejan tiempos que hay que revertir. Como lo expresó la presidenta en funciones, Karin Herrera, en su visita a Huehuetenango, el departamento con el segundo mayor índice en este tipo de casos. Este es un compromiso de todos, un problema intolerable. Que obliga a actuar. A tomar acciones urgentes.
La justicia prevalece y permite avanzar en la lucha contra la corrupción. El presidente Bernardo Arévalo ganó la batalla. La Corte de Constitucionalidad (CC) cede y termina dándole la razón, no sin que antes tres de sus magistrados suplentes perdieran el derecho de ingreso a Estados Unidos. El máximo tribunal acepta que el mandatario y su equipo legal estaban en lo cierto.
La resolución de la CC tiene implicaciones que trascienden lo legal. Abarca lo moral y ético. Es, en dos platos, un paso más en el largo y espinoso camino por limpiar las instituciones públicas. Otro avance en la cruzada contra la corrupción impulsada por Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
Recordemos esta historia. El 8 de febrero pasado, el Gobierno decide remover al presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, y a su suplente, Luis Suárez Roldán, señalados de vínculos con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Contra el primero se presentaron pruebas de que había mentido cuando presentó documentos que, supuestamente, justificaban que tenía 10 años de experiencia en el sistema bancario, un requisito indispensable para optar al cargo.
Dieciocho días después, la CC ampara a Mondal y a Suárez y ordena su regreso al Bantrab. El 22 de mayo, el Gobierno vuelve a destituirlos, pero el 11 de julio tres magistrados suplentes de la CC los reinstalan.
En el ínterin, el 22 de agosto, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, anuncia el retiro de la visa a una persona del sector financiero local. El 3 de septiembre de 2024, la administración de Joe Biden cancela los permisos de ingreso a esa nación de tres magistrados suplentes de la Corte.
Aunque en ningún momento las autoridades norteamericanas citan nombres. Basta sumar. Lo que sí quedó claro es la razón de las sanciones: “Socavar la democracia y el Estado de derecho de Guatemala”.
Los nuevos nombramientos en el banco aumentan la esperanza por un futuro prometedor. Muestran que se va por el camino correcto. Pero, también, abren la puerta para descubrir la podredumbre que se gestó en esa institución bancaria. La razón para obstaculizar esta batalla contra el latrocinio.
En su primer discurso como Presidente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bernardo Arévalo habló claro y directo. Valoró el surgimiento de esta nación joven. Creativa. Alegre e inquieta.
Aplaudió a los pueblos mayas, mestizo, garífuna y xinka que no se callan ante las injusticias. Que rechazan y evidencian a los corruptos. Elogió el papel asumido por la ciudadanía, que detuvo el intento de las mafias de irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas.
Durante su intervención, el dignatario alabó los cambios sociales que empiezan a surgir en el país. En especial, después de la batalla emprendida contra el saqueo de fondos públicos. Un sistema perfeccionado por la administración anterior para cooptar al Estado y hundir a Guatemala.
Recordó ese pasado autoritario, represivo, del cual esta nación se está liberando. Un pasado reciente promovido por delincuentes que siguen libres, porque permanecen protegidos por un sistema de justicia tomado, que cuida a los malhechores, pese a las múltiples denuncias que se han presentado. Querellas que señalan nombres, cargos y hasta montos presuntamente hurtados.
El gobernante guatemalteco también renovó sus convicciones sobre migración y medioambiente. La primera relacionada con la protección de los connacionales en el extranjero, pero también de quienes pasan o permanecen en el país. Defendió el derecho de todos a una migración inclusiva. Digna, que prioriza el respeto de sus derechos humanos.
En cuanto al ambiente, vale resumir su creencia de que es el principal desafío global, porque pone en riesgo las presentes y futuras generaciones. Sus pedidos a no olvidar e ignorar los conflictos internacionales también llamaron a la reflexión, en especial, porque afectan la paz y la seguridad mundial.
La disposición del Ejecutivo de resolver, pacíficamente, el diferendo territorial con Belice es otra evidencia del nuevo enfoque de gobernar que impera en el país. Una visión juiciosa, paciente, que suma, que el mundo escucha y respeta.
