Gabriel Estuardo García Luna, designado fiscal general por el presidente Bernardo Arévalo para el período 2026 2030, se reunió ayer en la sede del Ministerio Público (MP) con las autoridades salientes, que dejarán el cargo el próximo 17 de mayo.
El encuentro, que ocurre a tres días de que Consuelo Porras, jefa del MP, abandone el puesto, marca el inicio del proceso de traslado del poder.
“El objetivo primordial de la cita fue establecer las bases para una transición ordenada, transparente y estrictamente técnica, en cumplimiento de la legislación aplicable”, informó el MP en sus redes sociales, que no dio acceso a los medios de comunicación a la cita. Ni antes, durante ni tampoco al finalizar esta.
Agregó que durante la reunión “fue solicitada por parte del equipo de transición una serie de informes que garantizan el proceso y la continuidad en la prestación de los servicios” que dicha institución presta a la población guatemalteca.
En la actividad participaron Porras y personal administrativo y fiscales, así como García Luna y su equipo designado para el relevo.
Negativa y aceptación
Tras la elección de García Luna hecha por el jefe de Estado el 5 de mayo, de una nómina de seis candidatos elaborada por la Comisión de Postulación, la actual administración del ente encargado de la persecución penal se negó a empezar con el traspaso del mando con el argumento de que primero se debía publicar en el diario oficial el nombre del nuevo fiscal general.
El acercamiento entre Porras y García Luna ocurre luego de que el Gobierno remitió al MP, el 12 de mayo, el acuerdo de nombramiento y de que explicó que la designación no se divulgaba en Diario de Centro América por ser un acuerdo administrativo.
De hecho, se demostró que el nombramiento de Porras para su segundo período al frente de la referida entidad no se dio a conocer en el diario oficial.
En voz de expertos
Es lógico que una parte de la reunión sea privada porque algunos de los temas que se discuten ahí son bastante delicados por tratarse de cuestiones de investigaciones penales. Sin embargo, debió haber una parte pública, por lo menos al inicio o al final, en donde se dieran declaraciones conjuntas y se especificara más o menos qué es lo que se va a hacer”, señaló Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg).
También hizo falta, agregó Rodríguez, “informar si van a continuar los encuentros. Pero en términos generales, se ve como un punto positivo, no solo por eso, sino porque ya ha aceptado que tiene que entregar el cargo”.
Edgar Ortiz, abogado experto en temas constitucionales, no le dio mucha importancia a la cita porque es casi una deferencia institucional, “donde se tocan temas administrativos y de gestión. Surge un poco tarde, pero efectivamente se hace”.
Marco Antonio Canteo, experto en política criminal, consideró que no debería ser una novedad que la fiscal saliente y el fiscal entrante se reúnan. “Esto obedece a las tensiones permanentes que han existido dentro del MP y los demás poderes constituidos”.
Renzo Rosal, analista político, comentó que estas citas “son simbólicas y protocolarias, con poca utilidad real de fondo, dado que solo buscan proyectar que la fiscal saliente no está saboteando al nuevo fiscal, intentando dejar como último acto una imagen de institucionalidad”.
La actividad se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público.
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