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EDITORIALES

El momento es propicio para insistir con el TPS

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Desde el gobierno del binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, hasta la administración de Joe Biden, se ha insistido en afirmar que las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos pasan por uno de los mejores momentos de la historia de ambos países.

Tal circunstancia, que más que discurso es una clara realidad, es propicia para replantearle a la nación norteamericana que conceda el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un beneficio que el exmandatario Álvaro Arzú despreció en 1998, cuando la tormenta tropical Mitch devastó buena parte de los territorios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por cierto, las últimas naciones mencionadas optaron y se les otorgó la concesión.

Lo cierto es que desde finales del siglo pasado hasta 2023, los seis gobiernos guatemaltecos popularmente electos han solicitado el TPS, aunque a ninguno se le confirió. Sin embargo, hoy las condiciones son distintas o parecen serlo, dada la confianza que genera entre demócratas y republicanos el binomio formado por Arévalo y Herrera.

Para tramitar el Estatus, EE. UU. demanda tres condiciones: que el territorio solicitante atraviese por un conflicto armado, haya pasado un desastre natural u otra coyuntura extraordinaria que impida a sus ciudadanos volver a sus hogares.

Cifras oficiales advierten que 2 millones 800 mil compatriotas persiguieron el llamado sueño americano, quienes, en 2023, enviaron 19 mil 804 millones de dólares en concepto de remesas, dinero vital para la estabilidad macroeconómica que pregonan las autoridades monetarias y financieras locales.

En los últimos 10 años, dichos ingresos han ido en aumento, tal como ocurrió en los primeros dos meses de 2024, que superaron los registros de ese lapso del año pasado.

Estadísticas estadounidenses refieren que más de medio millón de ciudadanos de 16 naciones reciben el citado beneficio, por lo que pensar que en el futuro cercano algunos connacionales puedan acceder al TPS es una noticia que despierta esperanza y una prueba de fuego para creer, como se afirma, que los vínculos bilaterales atraviesan sus mejores momentos.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los corruptos muestran la cara para bloquear la gestión del Gobierno

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«Vimos al monstruo de cerca y de frente”. Con esas palabras resumió Félix Alvarado, encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la más reciente mafia descubierta por el actual Gobierno, la cual intentó hacerse de otro millonario negocio a costa del erario.

La intentona corrupta denunciada por el presidente Bernardo Arévalo y el funcionario citado precedió a la decisión de 95 diputados, quienes bloquearon el Estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo, con el cual se agilizarían los trabajos para reparar o reconstruir carreteras y puentes afectados por las intensas lluvias y por las deficiencias en las obras pactadas por el Gabinete de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

La nueva estructura criminal identificada en el CIV, denunciada ayer por Arévalo y Alvarado, evitó que el Gobierno adjudicara, de manera transparente y a precios de mercado, los trabajos para reparar el socavón ocurrido en el kilómetro 44, ruta Palín, Escuintla. Las acciones ilegales y descaradas de esta mafia, que vieron imposible continuar el saqueo del presupuesto, llegaron al colmo de persuadir a uno de los tres integrantes de la Junta Calificadora de ofertas, a fin de que no autorizara las labores para rehabilitar el tramo vial mencionado.

Es evidente que los criminales de cuello blanco y conciencia negra, cual murciélagos, se sacuden al ver que la transparencia y la probidad que alumbran las compras del Estado y hacen lo imposible para evitar que se consolide la nueva primavera, una época que va en contra de sus insanos intereses y sus convicciones de vida.

Ayer, 95 congresistas le dieron la espalda a sus electores, porque, como lo afirmó el mandatario, prefieren la ruina del país a perder sus privilegios y ventajas, las mismas que, consideramos, les permiten lucir relojes, pulseras, cadenas y trajes imposibles de comprar con el salario decente de un trabajador del Estado.

Guatemala seguirá avanzando, pese a la oposición desvergonzada de los hampones, quienes aunque hacen todo por marchitar prematuramente la nueva primavera, no podrán evitar que
esta nación florezca y prospere como lo merecen sus pobladores.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los diputados tienen en sus manos remediar las tragedias del pueblo

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Los congresistas tienen hoy otra cita con la historia y con el país. En sus manos está la aprobación del Estado de Calamidad, decretado por el Organismo Ejecutivo, el cual busca enfrentar los daños que las intensas lluvias han provocado en carreteras y puentes de todo el país.

Muchos de los parlamentarios, que hoy votarán a favor o en contra de la medida, vivieron experiencias similares durante la administración de Alejandro Giammattei, las que respaldaron y decidieron prorrogar como apoyo al Gobierno de turno, que necesitaba recursos monetarios para reparar o reconstruir infraestructura.

De hecho, durante las presidencias legislativas de Allan Rodríguez y Shirley Rivera, del partido Vamos, pasaron cuatro Estados de Emergencia, lo que permitió a Giammattei y su Gabinete desembolsar 3 mil millones de quetzales, el 90.2 por ciento de estos recursos erogados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según datos de Guatecompras.

Con dicho monto, la referida cartera atendió la red vial, supervisó proyectos, volvió a levantar puentes, rehabilitó caminos y remozó escuelas, víctimas del desborde de ríos y derrumbes causados por la saturación de los suelos. Al menos eso justificaron, aunque la calidad y precios de mercado de las construcciones están en entredicho.

El Estado de Calamidad que conocerá hoy el Pleno no es un cheque en blanco y tampoco permite hacer fiesta con los recursos. La iniciativa precisa las entidades que pueden realizar las erogaciones; de hecho, solo son cuatro: los ministerios de Comunicaciones, Salud y Agricultura y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Además, esas inversiones deben concentrarse en atender destrucciones generadas por los aguaceros e imponen condiciones que ayudan a fiscalizar y a rendir cuentas.

El proyecto mencionado recibió el respaldo del presidente de la Asociación Nadional de Municipalidades (Anam), así como de alcaldes que requieren capital para asumir sus compromisos ante los electores. Finalmente, conviene reiterar que la cita de los congresistas es con la vida y el bienestar de los guatemaltecos, quienes esperan que aquellos que en junio de 2023 pidieron su voto hoy sean recíprocos y consecuentes con sus tristezas.

Editor DCA
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EDITORIALES

Similares desastres, las mismas causas, pero cambian los votos

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Durante la administración de Alejandro Giammattei, la bancada oficial y sus aliados políticos aprobaron cinco Estados de Calamidad, cuatro de ellos relacionados con los problemas que las intensas lluvias causaron en hogares e infraestructura. Dichas medidas habían sido implementadas por el Ejecutivo.

En una nota de prensa publicada el 28 de julio de 2020, en la página del Congreso de la República, se advertía que la determinación de los parlamentarios permite crear “medidas de emergencia a nivel nacional, garantiza acciones inmediatas para resguardar a la población, facilita el uso de los recursos bajo parámetros de transparencia, viabiliza e impulsa programas y proyectos de recuperación vial ante los desastres que han causado las lluvias en los últimos días”.

Hoy, algunos dignatarios que en aquellos tiempos justificaron y llegaron a convencer a sus colegas rechazan la propuesta planteada por las actuales autoridades, a pesar de que se trata de desastres similares, que han dejado las mismas consecuencias sociales y económicas en puentes y carreteras.

¿Qué los hace cambiar de parecer? ¿Qué motiva su renuencia a avalar un Estado de Calamidad que permitiría amortiguar eventuales consecuencias generadas por los aguaceros? Y, sobre todo, ¿por qué no se quiere resguardar a la población? Sería bueno escuchar, por ejemplo, a quienes cabildearon a favor de las medidas decretadas por Giammattei, con el fin de que “iluminen” a quienes no entienden estos cambios tan radicales y repentinos.

En aquellos momentos, como ocurre en estos tiempos, el país necesitaba la suma de esfuerzos para afrontar las calamidades dejadas por las condiciones climáticas. Obviando el posible trasfondo que cada congresista tuvo para emitir su sufragio, en esas ocasiones el Gabinete y los gobernadores departamentales contaron con los recursos suficientes para reparar los daños.

De esa cuenta, ¿por qué negarle esa oportunidad a la actual gestión? Así como los entonces funcionarios, los actuales deberán responder por la decencia y probidad con que ejecuten los fondos, así como por los controles que garanticen la calidad de la obra pública pagada con los impuestos.

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