EN EL PAÍS
El magistrado, pieza básica de la organización social
Sus decisiones se basan en el derecho y en el conocimiento del lenguaje.
El magistrado es un miembro del sistema jurídico que desempeña funciones esenciales para el sostenimiento del orden y la cohesión social.
La Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo 13, de 2015, acordó declarar el 3 de marzo de cada año como el Día del Magistrado o Magistrada.
En la siguiente entrevista, Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, abogado y notario de la Universidad de San Carlos, quien ejerció una magistratura en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se refiere a la importancia de las funciones que desempeñan los citados operadores de Justicia.
¿Qué es un magistrado?
Hay que tener en cuenta que el sistema jurídico es un componente esencial del Estado. De acuerdo con la Constitución Política de la República, corresponde al Organismo Judicial la potestad exclusiva de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa potestad, esa función la ejercen los jueces en un primer nivel, y los magistrados en un segundo nivel, que es la segunda instancia. Hay magistrados en el área penal y en el área civil. También en el área del trabajo hay magistrados en tribunales de igual categoría como el de Cuentas y el de lo Contencioso Administrativo.
¿Puede decirse que el magistrado es un juez de un nivel más alto?
Sí. El magistrado interviene a petición de una de las partes, cuando los resultados obtenidos en la primera instancia la dejan insatisfecha.
¿Cuáles son las cualidades que debe tener un magistrado?
Tiene que tener preparación en el ramo que se desempeñen y ser justos e imparciales. Pero, fundamentalmente, tiene que tener una capacidad muy alta de razonamiento, para fundamentar sus decisiones. Eso implica un conocimiento y un ejercicio muy competente del derecho y de la lógica. También supone un conocimiento profundo no solo de la terminología especial del derecho, sino de la gramática del español.
¿Está el magistrado expuesto a los vaivenes de la política?
Sí. Porque el magistrado es elegido por el Congreso de la República, el cual es esencialmente una institución política. La política es el arte y la ciencia de conducir el Estado. Pero lo que es inadmisible es que el magistrado se involucre en lo que llamamos “politiquería”, que es una deformación de la política como ciencia.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
Un Tribunal de Apelación de Ginebra, Suiza, confirmó ayer una condena de 14 años contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen.
La sentencia no implica que el exfuncionario volverá a prisión, pues ya ha pasado once años recluido, incluyendo un período bajo arresto domiciliario, lo que es más de dos tercios de la pena impuesta por su presunta complicidad en la ejecución de siete prisioneros en la cárcel Pavón en 2006.
Esta es la cuarta vez que Sperisen es juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos que se han prolongado por más de 12 años.
El exdirector de la PNC acusó de negligencia a la Justicia de Ginebra y dijo que seguirá luchando por su reputación, “y demostrar que todo lo que esta gente se ha inventado no es cierto”.
Comentó que su interpretación del veredicto de ayer, es que para el tribunal modificar su opinión implicaría reconocer que han hecho las cosas mal.
Florian Baier, uno de los abogados de Sperisen, criticó que el Tribunal juzgó a su cliente, “sin entender ni investigar los hechos en el terreno y sin escuchar a ningún testigo”.
En los primeros juicios, el sentenciado fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero esta pena fue rebajada posteriormente a 15 años en un tercer proceso, en 2018, por considerarlo cómplice y no coautor de los hechos.
La interpelación al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, acerca de asuntos de seguridad, fue suspendida por séptima ocasión en el Congreso de la República, luego de que ayer terminó de responder las 20 preguntas básicas que le realizó la diputada Sandra Jovel.
Aunque la legisladora comenzó las repreguntas, el interrogatorio fue frenado, pues se rompió el cuórum, por lo que el presidente del Legislativo, Nery Ramos, levantó la sesión. El juicio político se retomará el próximo jueves, según lo establecido.
