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El huracán Ernesto dejó hasta 30 centímetros de lluvia en Puerto Rico

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Fotos: EFE

Los totales de lluvia estimados asociados al paso de la tormenta tropical y ahora huracán Ernesto por Puerto Rico fueron de hasta 12 pulgadas (30 centímetros), en un periodo de 48 horas.

Así lo informó este jueves en sus redes sociales el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) tras analizar estimados de radar y de varias estaciones.

La zona montañosa central fue la que más acumulados de lluvia recibió, entre 10 y 12 pulgadas (25-30 centímetros) en algunas áreas, según el mapa publicado por el SNM.

Otras partes de la cordillera central, así como de la sierra de Luquillo, registraron entre 8 y 10 pulgadas (20-25 centímetros) de lluvia acumulada.

En cuanto a las islas municipios de Vieques y Culebra, que estuvieron bajo alerta de huracán, estas recibieron entre 6 y 8 pulgadas (15-20 centímetros).

Las lluvias comenzaron el martes y se intensificaron ayer, miércoles, causando inundaciones y desbordamientos de varios ríos.

Decenas de carreteras quedaron bloqueadas debido a las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la caída de árboles y postes del tendido eléctrico.

Las lluvias y las ráfagas de viento tuvieron también su efecto en la débil red eléctrica de la isla, donde este jueves siguen sin luz 433.116 clientes, el 29,50 % del total

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió este jueves una alerta de huracán para el sábado en las Islas Bermudas, hacia dónde se dirige Ernesto.

Redacción DCA
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Operativo contra pornografía infantil

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La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, en coordinación de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan una diligencia de allanamiento en inmueble ubicado en San Sebastián, Retalhuleu, en seguimiento a una denuncia por distribución de pornografía infantil.

Redacción DCA
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Nicaragua autoriza a la Policía hacer vigilancia electrónica y congelar cuentas bancarias

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EFE

La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó el Código Procesal Penal con el que facultan a la Policía Nacional a tener autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación, sin necesidad de una orden judicial.

La reforma procesal penal, propuesta por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue aprobada por 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento.

La iniciativa reformó 8 artículos del Código Procesal Penal, entre ellos uno que autoriza a la Policía requerir a la empresa de telefonía «información de los titulares de lineas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, la ubicación de antenas emisoras y receptoras».

También el «número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas”.

Policía podrá realizar allanamientos sin orden judicial

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, podrá además «realizar registros, allanamientos y requisas que sean necesarios”, y podrán extraer y acceder a información de sistemas electrónicos e informáticos.

Todas esas acciones las podrán hacer sin una orden judicial en “casos de urgencia” y tendrá un plazo de tres días hábiles para la “convalidación del acto ante la autoridad judicial”, según el texto.

Asimismo, la reforma mandata al director general de la Policía a pedirle a las instituciones financieras públicas y privadas información sobre las transacciones de las personas naturales o jurídicas que estén siendo investigadas.

Asimismo, “incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias».

También podrá suspender operaciones o transacciones financieras. Todas esas medidas podrán hacerse sin que la persona investigada sea informada.

«Todas las personas que tengan acceso a esta información deberán guardar absoluta reserva de su contenido. Los funcionarios públicos que violen esta disposición podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades”, señala la reforma.

La enmienda establece que aún en declaración de rebeldía, el proceso en contra de la persona no se suspenderá y si ya comenzó un juicio “el acusado será representado por un defensor” público.

El nuevo paquete de leyes

La Policía y la Fiscalía tendrán esa facultad para perseguir delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación, crimen organizado, contra la administración pública, contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua conforme a los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.

El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en el pleno que esa reforma otorga «mayor fortaleza de actuación a las instituciones del sistema de justicia», debido a que «se perfeccionan las formas de dirección, gestión y administración del sistema penal».

De igual forma, «se otorga un conjunto de herramientas que constituyen un verdadero blindaje a las instituciones que investigan, persiguen y juzgan los delitos del crimen organizado».

Sostuvo, además, que esa enmienda constituye un avance armónico con la política de seguridad del Estado y la estrategia de cero tolerancia a los crímenes transnacionales.

La legisladora oficialista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que estas reformas están en coherencia con las enmiendas hechas la semana pasada al Código Penal, a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, y a la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo.

Eddy Castillo
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Nicaragüense en Guatemala al perder su nacionalidad: Es «una espada atravesando mi pecho»

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EFE

Uno de los 135 excarcelados nicaragüenses privados este martes de su nacionalidad por las autoridades de Nicaragua recibió la noticia con sorpresa, «un dolor inmenso» por una decisión a la que se sumó además la congelación de los bienes de ese grupo de exiliados acogidos desde el pasado 5 de septiembre en Guatemala.

«Se siente como una espada atravesando mi pecho», dijo a EFE el excarcelado Pedro José Gutiérrez, que recibió la noticia de que oficialmente había perdido la nacionalidad nicaragüense mientras se encontraba en un hospital de la Ciudad de Guatemala recibiendo atención médica por problemas en su columna.

Gutiérrez, que es mecánico industrial y activista, asegura que es «un dolor inmenso que nuestros hermanos de lucha han sido desterrados y se hayan perdido nuestros bienes, es una gran impotencia porque no podemos hacer nada estando en medio de un proceso de refugio».

La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución en la que ordenó «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional».

Gutiérrez estuvo preso 18 meses desde 2022 hasta el pasado 5 de septiembre, luego de criticar abiertamente en redes sociales y en acciones públicas al presidente Daniel Ortega por el apresamiento de opositores, activistas o artistas, entre otras personas.

Antes de ser liberado y llegar a Guatemala, Gutiérrez asegura que fue golpeado, torturado y además pasó 90 días en una celda pequeña esposado de manos las 24 horas.

En 2018, Gutiérrez también fue detenido durante las manifestaciones de abril de ese año que se realizaron en rechazo a diversas reformas políticas, así como el incendio de la reserva natural de Indio Maíz.

«Esta decisión de Ortega nos va a afectar a todos sin excepción, nadie puede decir que puede regresar a Nicaragua, nadie se libra de perder sus bienes», lamenta el excarcelado.

El nicaragüense buscará concentrarse por ahora en seguir los procedimientos fijados por las autoridades de Estados Unidos y Guatemala para regularizar su situación migratoria, pero indica que seguirá denunciando a distancia su preocupación por «los presos políticos actuales que no pudieron» acompañarles.

Esos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».

Eddy Castillo
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