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OPINIÓN

El coro permanente

“Nacionalizar” la energía eléctrica es una demanda que se repite sin información ni reflexión.

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“Nacionalizar” la energía eléctrica es una demanda que se repite sin información ni reflexión.

En la capital y en tramos carreteros donde periódicamente se instalan quienes promueven la protesta, nunca faltan la pancarta y el grito que exige “nacionalizar” el servicio de energía eléctrica.

Quejas por el monto facturado y la interrupción del suministro son los argumentos recurrentes para respaldar el requerimiento, sin que esas voces aludan mora, deuda e, incluso, robo del fluido, prácticas que se han vuelto usuales en distintas zonas del país.

Datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica exponen que 61.76 por ciento de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables, y 38.24 por ciento de no renovables, destacando la biomasa, con 32.97, el carbón con 24.40, la hidráulica 23.81 y el bunker, con 13.84.

Para el lapso mayo-julio, ese ente rector mantuvo la tendencia de los años recientes y estableció en Q1.13 el precio del kilovatio/hora-mes para los clientes de la Tarifa No Social de la Empresa Eléctrica, y de Q1.68 y Q1.56 para los de las distribuidoras de Electricidad de Occidente, y de Oriente, respectivamente.

La  Tarifa Social, mientras tanto, se cobra  en Q1.14 para la EEGSA, y Q1.76 y Q1.71 en Deocsa y Deorsa, pero vale indicar que el Instituto Nacional de Electrificación brinda el llamado “Aporte del Inde a la TS”, según 3 rangos de descuentos en que divide a quienes consumen entre 1 y 100 kilovatios/hora-mes.

A lo descrito debe añadirse que para diciembre del año pasado, el registro del Ministerio de Energía y Minas fijaba en 91.96 por ciento la cobertura, con solo Alta Verapaz, 44.09 y Petén, 66.63 mostrando rezagos en relación con el resto del territorio nacional.

Como complemento, Deocsa-Deorsa suman 1.6 millones de clientes dispersos en áreas urbanas y rurales en 20 departamentos, y la EEGSA, 1 millón 150 mil en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Un aspecto relevante de la electricidad es que  el proceso abarca la generación, es decir, la producción; el transporte, el recorrido en alta tensión; y la distribución, la fase final que implica gozar del servicio en una casa, oficina, escuela, hospital, comercio, industria, etcétera.

Generar energía involucra a 76 competidores que confluyen en el llamado Mercado Mayorista, uno de ellos el Inde, único estatal que además participa de la transmisión junto a 2 privados, en tanto que la última etapa es cumplida por las mencionadas en el detalle de usuarios, panorama al que se agrega una docena de ineficientes, endeudadas e improductivas empresas municipales.

Mostrada la fotografía del denominado subsector, es preciso preguntar si cuando se presiona para la “nacionalización”  habrá conciencia del andamiaje referido y por consiguiente, se plantea pasar al Estado las 3 aristas. O la demanda se limita a la tercera, soñando con que la esfera pública actúe como benefactora y cargue con todos los gastos y al margen de a cómo compre la electricidad, la venda barata o la regale.

Obviamente, ambas opciones son inviables si la intención es mejorar, punto en el que es oportuno recordar que bajo la gestión del Estado, durante el siglo veinte nuestro país apenas llegó a un 47 por ciento de electrificación, de manera que un retorno a esta administración sería literalmente un retroceso y echar por la borda el camino recorrido.


Héctor Salvatierra
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EDITORIALES

Todo listo para que gane el mejor

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El banderazo de salida para la contienda electoral ya se dio. Y para esta oportunidad hay reglas nuevas que deberán ser observadas por los partidos políticos que apuestan por ganar puestos de elección popular, ya que tendrán poco tiempo y poco espacio para hacer ver los colores de sus banderas acompañadas de sus promesas para mejorar este país.

Un total de 27 organizaciones políticas cuentan con la personería jurídica para participar en estas elecciones, en las que se definirá quiénes serán las próximas autoridades en la Presidencia de la República, las curules del Congreso, del Parlamento Centroamericano y en las corporaciones muncipales de todo el país.

Dos metas deberán ser conquistadas: la primera se cumple el 16 de junio, con la primera vuelta electoral, en la que quedará claro quiénes serán los ganadores en la elección para diputados, alcaldes y corporaciones municipales; pero para la elección de Presidente y Vicepresidente hay una fecha más: si no se da la mayoría absoluta, los contendientes deberán prepararse para la recta final que está programa para el 11 de agosto.

De la nuevas reglas a observar en esta contienda cabe señalar el tema de los gastos de campaña. Cada organización política podrá disponer de un tope de gastos, que debe ser de Q29,649,285.74. Y los ingresos para alcanzar esa cifra, o menos, serán fiscalizados por el TSE.

La propaganda también tendrá un límite de tiempo para su desarrollo. Todas las campañas proselitistas deberán programarse para iniciar el 18 de marzo y terminar el 14 de junio y, además, se tienen prohibiciones para las pintas y colocación de materiales propagandísticos que afecten el ornato de caminos, pueblos y ciudades.

El mayor porcentaje de electores se ubica entre las edades de 26 y 30 años, que suma 1 millón 122 mil 748 y significa el 15 por ciento del padrón electoral, que contrasta con el grupo de entre 66 y 70 años, que suma 301,011 electores y representan el 4 por ciento del padrón electoral.

Poco menos de 9 millones de guatematecos tendrá la oportunidad de elegir autoridades para los próximos 4 años, incluyendo, esta vez, a los connacionales radicados en Estados Unidos que se hayan empadronado antes de la fecha de cierre que marca el TSE. Todos listos para la fiesta cívica.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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Gobierno de Guatemala

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