El coro permanente

“Nacionalizar” la energía eléctrica es una demanda que se repite sin información ni reflexión.

En la capital y en tramos carreteros donde periódicamente se instalan quienes promueven la protesta, nunca faltan la pancarta y el grito que exige “nacionalizar” el servicio de energía eléctrica.

Quejas por el monto facturado y la interrupción del suministro son los argumentos recurrentes para respaldar el requerimiento, sin que esas voces aludan mora, deuda e, incluso, robo del fluido, prácticas que se han vuelto usuales en distintas zonas del país.

Datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica exponen que 61.76 por ciento de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables, y 38.24 por ciento de no renovables, destacando la biomasa, con 32.97, el carbón con 24.40, la hidráulica 23.81 y el bunker, con 13.84.

Para el lapso mayo-julio, ese ente rector mantuvo la tendencia de los años recientes y estableció en Q1.13 el precio del kilovatio/hora-mes para los clientes de la Tarifa No Social de la Empresa Eléctrica, y de Q1.68 y Q1.56 para los de las distribuidoras de Electricidad de Occidente, y de Oriente, respectivamente.

La  Tarifa Social, mientras tanto, se cobra  en Q1.14 para la EEGSA, y Q1.76 y Q1.71 en Deocsa y Deorsa, pero vale indicar que el Instituto Nacional de Electrificación brinda el llamado “Aporte del Inde a la TS”, según 3 rangos de descuentos en que divide a quienes consumen entre 1 y 100 kilovatios/hora-mes.

A lo descrito debe añadirse que para diciembre del año pasado, el registro del Ministerio de Energía y Minas fijaba en 91.96 por ciento la cobertura, con solo Alta Verapaz, 44.09 y Petén, 66.63 mostrando rezagos en relación con el resto del territorio nacional.

Como complemento, Deocsa-Deorsa suman 1.6 millones de clientes dispersos en áreas urbanas y rurales en 20 departamentos, y la EEGSA, 1 millón 150 mil en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Un aspecto relevante de la electricidad es que  el proceso abarca la generación, es decir, la producción; el transporte, el recorrido en alta tensión; y la distribución, la fase final que implica gozar del servicio en una casa, oficina, escuela, hospital, comercio, industria, etcétera.

Generar energía involucra a 76 competidores que confluyen en el llamado Mercado Mayorista, uno de ellos el Inde, único estatal que además participa de la transmisión junto a 2 privados, en tanto que la última etapa es cumplida por las mencionadas en el detalle de usuarios, panorama al que se agrega una docena de ineficientes, endeudadas e improductivas empresas municipales.

Mostrada la fotografía del denominado subsector, es preciso preguntar si cuando se presiona para la “nacionalización”  habrá conciencia del andamiaje referido y por consiguiente, se plantea pasar al Estado las 3 aristas. O la demanda se limita a la tercera, soñando con que la esfera pública actúe como benefactora y cargue con todos los gastos y al margen de a cómo compre la electricidad, la venda barata o la regale.

Obviamente, ambas opciones son inviables si la intención es mejorar, punto en el que es oportuno recordar que bajo la gestión del Estado, durante el siglo veinte nuestro país apenas llegó a un 47 por ciento de electrificación, de manera que un retorno a esta administración sería literalmente un retroceso y echar por la borda el camino recorrido.


Héctor Salvatierra