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Ejecutivo presenta nuevo antejuicio contra Porras
Acción fue planteada ante CC porque Fiscal General ha violado la Constitución y ha abusado de su autoridad.
Por violar la Constitución y cometer abuso de autoridad, el Ejecutivo presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
La petición, presentada ayer ante la Corte de Constitucionalidad (CC), obedece a que Porras continúa con acciones que atentan contra el Gobierno y la voluntad del pueblo, expresada libremente en las urnas, anunció el presidente Bernardo Arévalo, quien señaló que la jefa del MP ha evidenciado ser la principal cómplice de una minoría corrupta y actor antidemocrático, decidido a cometer ilegalidad para defender intereses de quienes se sienten amenazados por este proceso de transformación.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera y el Gabinete de Gobierno, aseguró que las “desesperadas declaraciones de la fiscal, el miércoles por la noche, revelan su boicot al Ejecutivo y a sus funcionarios, a quienes les expresamos nuestro total respaldo”.
Arévalo agregó que los cuestionamientos hacia el Gobierno desde la Fiscalía son una señal clara de que a los corruptos les aterra la verdad y la transparencia, así como rendir cuentas, porque no saben hacerlo, pues han vivido traicionando al pueblo. Reafirmó que esta administración cumple con su compromiso de luchar contra la corruptela.
“Es un mandato que recibió del pueblo y eso aterra a quienes viven de la codicia, del engaño y se han alimentado a costa de la gente, al haber cooptado la justicia y las instituciones”, señaló el jefe de Estado. Arévalo recalcó que en su gestión no se tolerará que personajes oscuros violen la Constitución, procurando impunidad como lo ha hecho Porras al buscar protección ante instancias que le han seguido el juego.
Por ello, junto a la Procuraduría General de la Nación (PGN) también “he solicitado a la CC la revocatoria del amparo provisional otorgado el 8 de mayo a favor de la fiscal, considerando que no existe y nunca existió la amenaza de violaciones a la Carta Magna denunciada por la señora Porras”, expresó el dignatario.
El pueblo no la quiere Arévalo manifestó que es evidente el deseo del pueblo de que Porras ya no esté en el cargo de Fiscal General.
“Los ciudadanos lo han manifestado de manera consistente y continua, desde la época electoral, durante la transición y sigue siendo una demanda permanente”, sostuvo.
“Nosotros haremos lo que nos corresponde, en el marco de la ley, para que, efectivamente, ella abandone el puesto en la medida en que se ha convertido en un obstáculo a la justicia”, expresó el dignatario, quien insistió en la amenaza que representa la encargada del Ministerio Público para la democracia.
Ataque
Antes de la conferencia de prensa del mandatario, el Diario de Centro América consutó a analistas políticos y constitucionalistas acerca de los cuestionamientos recientes de la fiscal contra Arévalo, Herrera y otros funcionarios.
Todos coincidieron en que se trata de una medida desesperada, fuera de su competencia, una nueva embestida que busca perjudicar al Gobierno.
Edgar Ortiz, abogado y constitucionalista, criticó la postura de Porras, al señalar que el discurso de la jefa del ente pesquisidor tiene una clara intención de atacar al Ejecutivo.
“Es más propio de un opositor político que de un Fiscal General; incluso, fuera de los márgenes de cualquier código de conducta de un Fiscal”, comentó Ortiz.
Los señalamientos de Porras contra el Presidente y varios funcionarios no tiene validez. “Aquí, el tema está en que, evidentemente, sí hay una intención de la Fiscalía de atacar la figura presidencial, y el trabajo del Ejecutivo”, explicó Ortiz.
Por su parte, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, se mostró crítico con las acciones de Porras, y afirmó que ella no tiene la solvencia para exigir resultados al gobernante. “Está fuera de su ámbito de acción constitucional”, subrayó Marroquín.
Necesario accionar
Marroquín destacó la necesidad de que el Ejecutivo tome medidas ante estos abusos que, a claras luces, violan la ley.
Percibió las actitudes de la jefa del MP hacia el gobernante como una falta de respeto, ataque a la figura presidencial y la intención de desestabilizar al Gobierno.
Por su parte, Renzo Rosal, analista político independiente, señaló que está claro que el Ministerio Público está en una etapa de cacería.
“Creo que lo que buscan es precipitar acciones, una nueva etapa de embestida, que buscaría, inclusive, presionar a la CC, para ver si se pudiera agilizar la salida del mandatario.
Rosal añadió que esta práctica busca utilizar mecanismos “de legalidad” para activar o incrementar el asedio autoritario.
Bajo asedio
Gustavo Berganza, experto en asuntos políticos, manifestó que el gobierno de Arévalo ha sido encerrado por la fiscal y la Corte de Constitucionalidad en un aparente callejón sin salida.
“El régimen no puede ejecutar obra pública, no puede perseguir a acusados de corrupción y, ayer (el pasado miércoles), como guinda la Comisión de Finanzas del Congreso le negó la ampliación presupuestaria, en un anticipo de cómo manipulará el Presupuesto de 2025”, detalló Berganza.
“Agreguen el escandaloso fallo de la CC que mantiene a Jorge Mondal en el Bantrab (Banco de los Trabajadores), es una confirmación de que el statu quo también le niega la posibilidad (al Presidente) de despedir a los corruptos. En cambio, la fiscal exige destituir a quienes le caen mal”, comentó el experto.
Mensajes desesperados
Como débil y desesperado calificó el diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, el mensaje de la fiscal Consuelo Porras, en el cual alude al presidente Bernardo Arévalo en temas que únicamente le competen al Ejecutivo.
“De nuevo intenta abrir un proceso en contra del Gobierno y, en general, el Presidente y funcionarios mediante el uso de tuits. Ese no es un caso que se sostenga y, mucho menos, que pueda tumbar al jefe de Estado, quien fue legítimamente electo. Ya son medidas completamente desesperadas”, afirmó el legislador.
Contra la libertad de expresión
En la petición de debida ejecutoria solicitada por la fiscal general Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad, la funcionaria señala el trabajo del Diario de Centro América y la radio TGW como obstáculo para la averiguación penal.
En el documento se alude directamente a los directores de ambos entes de prensa. De esta misma manera, el Ministerio Público actuó contra el desaparecido elPeriódico y su Presidente Jose Rubén Zamora, lo cual fue considerado por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos como una violación a la libertad de expresión.
La persecución contra periodistas llevó a Zamora a la prisión y a varios más a irse al exilio.
Posturas de funcionarios
La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció ante el video difundido por el Ministerio Público, con mensajes de la fiscal Consuelo Porras, en los que señala al mandatario Bernardo Arévalo. “Como se ha expresado, los organismos son independientes, y cada uno toma sus decisiones de acuerdo con los mandatos de la ley. Y el Presidente ha tomado sus decisiones conforme al mandato que la legislación le otorga”, puntualizó.
En esa misma línea, el ministro de Finanzas, uno de los aludidos en la acción de debida ejecutoria presentada por Porras, afirmó: “El Gobierno y el presidente Bernardo Arévalo luchan para que Guatemala avance hacia el grado de inversión y otros hacen lo posible por convertirnos en un país de incertidumbres. Lamentable”.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia calificó la acción de Porras como absurda y sin sentido. “Una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población. Además, un evidente atentado contra la libertad de expresión”, puntualizó.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
