NACIONALES
Diputados presentanquerella contrarector de la Usac
Depredación de Bienes de la Usac, así nombró la bancada del Movimiento Semilla el caso presentado el viernes en contra del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.
El diputado Samuel Pérez indicó que accionaron a través de una querella por los delitos de abuso de autoridad y depredación de bienes culturales dado que, como representante legal de la casa de estudios, permitió la alteración de espacios, elementos y arquitectura del campus central.
Luis Ventura, parlamentario oficialista, explicó que en el sitio Guatecompras se detectaron al menos 38 compras directas, en las cuales se detallan trabajos de mantenimiento, remodelación, demoliciones de muros y restauración que se han efectuado sobre diferentes edificios de Rectoría, S-5, S-12, T-7, T-3, entre otros.
“Mazariegos, como rector y representante legal de la Usac, materializó la alteración de espacios, elementos y arquitectura sin haber solicitado la autorización respectiva de conformidad con la ley de la materia, causando grave perjuicio al patrimonio”, dijo.
La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación señala que lo forman los bienes que por declaratoria lo constituyan bienes muebles o inmuebles.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) a través del Acuerdo Ministerial 1199-2011, integró al campus central el 19 de diciembre de 2011.
También, destacó que se tiene conocimiento de que, durante su administración han realizado pinturas sobre murales de importancia y relevancia histórica. Por ello, los dignatarios solicitaron información al MCD, la cual destacó que no existían permisos y de las pocas solicitudes que había aún estaban pendientes de resolver.
Según la Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes culturales protegidos no podrán ser objeto de alteración alguna salvo con autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Cuando se trate de Patrimonio Cultural de la Nación será necesario permiso de la municipalidad correspondiente.
Por último, la dignataria Brenda Mejía recalcó que la querella está debidamente documentada, con lo que se evidencia que no hubo solicitud del rector para ejecutar esas remodelaciones y alteraciones.
Foto: cortesía Ejército de Guatemala
En lo que va del año se han destruido siete pistas clandestinas de aterrizaje en el territorio nacional, informó el Ejército de Guatemala, que por medio del Cuerpo de Ingenieros apoya el bloqueo de
actividades del narcotráfico.
Según la portavoz de la entidad militar, mayor de Infantería Ann Marie Argueta, en Petén se han destruido cuatro; San Marcos, dos, y Escuintla, una. Estos registros muestran un incremento en las acciones contra los cárteles que usan el espacio aéreo guatemalteco para cometer hechos ilegales.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) detalló que en el mismo período de 2023 se habían intervenido cinco pistas no autorizadas.
Este es un trabajo interinstitucional en el que participan el Mingob, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), la cartera de la Defensa Nacional y el Ministerio Público, señaló la vocera.
Luego de la identificación o localización de un campo de aviación ilícito, se informa a las autoridades competentes, que gestionan la autorización judicial para su eliminación. El Cuerpo de Ingenieros construye cráteres sobre la rodadura de estos espacios, con la utilización de explosivos, lo que impide el aterrizaje de aeronaves.
La capital y San Juan Sacatepéquez, Guatemala, así como Ixcán, Quiché, encabezan los 10 municipios donde el Ministerio de Educación (Mineduc) hizo más remozamientos de escuelas, en una primera fase que incluyó 4 mil 101 centros de enseñanza pública en el ámbito nacional.
A las tres primeras regiones se suman Morales, Izabal; Joyabaj, Quiché, y Sololá; Gualán, Zacapa; Purulhá y Salamá, Baja Verapaz, y Mixco, Guatemala. En total, en esos lugares se renovaron 713 planteles, se beneficiaron 113 mil 175 estudiantes y se invirtieron más de 53 millones de quetzales, según el Ministerio de Educación (Mineduc).
“Qué bien que ya cumplieron con la meta de los primeros 4 mil remozamientos anunciados. Se percibe que se ha querido intervenir en los municipios de mayor necesidad”, dijo Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. En relación con la importancia de mejorar los ambientes en donde los alumnos se forman, indicó: “Tienen que ser acogedores para que genere ese clima adecuado para el aprendizaje”.
En marcha
La citada cartera ya empezó a renovar las condiciones de 3 mil centros educativos más y la meta es cerrar el año con 10 mil, con el fin de dignificar las condiciones en la que los alumnos de los niveles de párvulos, preprimaria, primaria y básicos preparan un mejor futuro.
“Es una meta bastante ambiciosa, pero creo que con el gran trabajo que se ha venido realizando se comprueba que sí es factible hacerlo”, agregó Spross. En la primera fase de renovación a los centros de formaciñon públicos se favoreció a 563 mil 864 estudiantes y se invirtieron 306 millones de quetzales.
En lo que va de la época lluviosa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que se han generado daños en 6 mil 548 viviendas, en 31 escuelas y nueve puentes, así como el fallecimiento de 10 personas.
Entre el lunes y ayer se contabilizaron 41 incidentes en toda la república, entre deslaves y otro tipo de eventos; en total, desde la primera quincena de junio van 810 emergencias que han dejado 506 personas
albergadas.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó ayer que los municipios de Chuarrancho, San Raymundo, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Chinautla, en el departamento de Guatemala, presentan un 30 por ciento de saturación del suelo, lo que podría provocar deslizamientos, derrumbes o socavamiento de terrenos.
Las autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas de precaución pertinentes como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas a pie o en vehículo, mantener la mochila de
las 72 horas y estar en apresto a las instrucciones que den las autoridades.
