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Denuncian fraude en construcción de escuelas Bicentenario

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Escasez de alumnos en los lugares de construcción, bases de licitaciones arregladas para beneficiar a un solo proveedor y trabajos inconclusos fueron denunciados ayer en relación con la edificación de 14 escuelas Bicentenario.

Por estos hechos, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) presentaron acciones penales contra Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), por fraude en la aprobación del concurso de 11 eventos relacionados con 14 de estos planteles.

Jazmín de la Vega, titular del Micivi, informó que la medida, interpuesta en el Ministerio Público (MP), fue porque los aludidos beneficiaron a un único proveedor: la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, que edificaría los establecimientos con material de Lego PVC.

De la Vega detalló que la denuncia debería dirigirse, por parte del MP, contra cualquier persona individual o jurídica que haya participado en la ejecución del citado contrato, según derive de la investigación penal.
La funcionaria explicó que, de las 14 escuelas, tres tienen un avance de entre el 80 y 90 por ciento. En tal sentido, se continuará con la edificación de estas, con la evaluación pertinente para que los edificios sean de calidad.

Las 11 restantes serán desistidas y se analizará con el Ministerio de Educación (Mineduc) un nuevo modelo. “No compartimos la corrupción ni las malas prácticas en el Gobierno”, puntualizó.

Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, lamentó que cada vez más aparecen hechos anómalos y aseguró que las acciones penales son parte del saneamiento institucional. También, exigió al MP una acción oportuna.

Palomo dijo que está por concluir un tablero sistematizado que contará con las querellas presentadas por todos los ministerios y unidades ejecutoras, el cual se develará antes de los 100 días de Gobierno.

Según Lizandro Acuña, especialista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Código Penal obliga a los funcionarios públicos a presentar denuncias al encontrar anomalías en sus fiscalizaciones.

Bajo ese contexto, consideró oportuna la acción, ya que si no se hace, se cae en el delito de omisión. “Ahora, corresponde al MP realizar las investigaciones y trabajar con base en su objetividad, independientemente de quién pueda estar involucrado en los hechos”, concluyó.

Destituciones

Por entorpecer todos los procesos administrativos, al no facilitar material informativo, fueron despedidos el subdirector administrativo, jefe de contabilidad, directora de Recursos Humanos, secretario general y la asesora jurídica de la Dirección General de Caminos. Se analizará interponer denuncias contra estas personas ante el Ministerio Público, indicó Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz
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Combate al crimen dejó ayer 36 capturas

Operativos contra extorsiones y recuperación de vehículos fue ejecutado en nueve departamentos.

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Foto: PNC

Los 88 allanamientos ejecutados ayer por las fuerzas de seguridad, en el marco de los planes No más Extorsiones y Recuperación de Vehículos Transnacional, dejaron como resultado la captura de 36 supuestos criminales.

Los operativos, a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), desarrollados en nueve departamentos, fueron en seguimiento a casos de chantaje bajo amenaza, robo y hurto de automotores, según la información oficial.

En la capital y el interior

Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), de la PNC, por medio de las divisiones Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), incursionaron en colonias y barrios de las cabeceras departamentales y municipios para cumplir las órdenes de juez.

Los allanamientos contra las extorsiones se realizaron en las zonas 6, 7, 12, 13, 18 y 21 de la capital, así como en Chinautla, Villa Nueva y Mixco, Guatemala. Además, en Jalapa, El Progreso, Santa Rosa, Escuintla, Izabal, Sacatepéquez y Suchitepéquez.

Estas acciones forman parte de una estrategia para combatir las extorsiones, las cuales se agudizaron en las administraciones anteriores y son dirigidas contra la Mara 18 y grupos de imitadores, de acuerdo con las autoridades.

Las diligencias se cumplieron en seguimiento a investigaciones por delitos de extorsión contra transportistas, comerciantes y residentes, quienes han sido forzados a hacer depósitos dinerarios bajo amenazas.

Robo de carros

Para ubicar a supuestos autores de despojo de autos, la DEIC y la Sección Contra Robo y Hurto de Vehículos ejecutaron redadas en Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán y la capital. Asimismo, en Izabal, San Marcos, Escuintla y El Progreso.

Estas diligencias resultaron en nueve capturas por delitos de conspiración para la comercialización de carros robados, asociación ilícita y uso de documentos falsos.

Edgar Morales, fiscal especializado contra las extorsiones, destacó la importancia de la operación que se inició el lunes y subrayó la necesidad de desmantelar organizaciones criminales dedicadas a la coacción, principalmente relacionadas con la Mara 18 y sus clicas.

Rubelsy Pimentel
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Reajuste de gasto contempla 26.6% para inversión y empleo

Aumento al presupuesto de la nación 2024 será financiado con ingresos tributarios y saldos de caja.

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Rodrigo Pérez/Giovanni Pérez
Redacción

La ampliación del plan de gastos de la nación solicitada por el Gobierno al Congreso incrementa en 5 mil 410.9 millones de quetzales lo destinado para la inversión y generación de empleo en el país, lo que representa un 26.6 por ciento más de lo que actualmente está contemplado en el presupuesto de ingresos y egresos vigente para el presente año.

La reforma incluye recursos económicos para el fomento del bienestar social y fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia. En total, asciende a 14 mil 451.7 millones de quetzales.

En cuanto a inversión, esta se destinaría, por ejemplo, para obras de agua y saneamiento, drenajes y caminos rurales a cargo de los consejos departamentales de desarrollo (Codedes). También, para financiar el acceso a vivienda a familias que carecen de ella, con un ingreso menor a cuatro salarios mínimos, y fortalecer el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), entre otros.

“No estamos pidiendo un cheque en blanco. Solicitamos la posibilidad de transformar los ingresos tributarios que tiene el país este año en recursos que puedan convertirse en inversiones públicas, fomento del empleo y esfuerzos en materia de bienestar social”, afirmó Jonathan Menkos, ministro de Finanzas.

Entre lo social y seguridad

En lo relativo al bienestar social se contemplan 1 mil 841.6 millones y los destinos serían, entre otros, para cumplir con la Ley de Atención Integral del Cáncer, abastecimiento de insumos y equipo médico-quirúrgico, productos farmacéuticos y salud escolar.

Además, 1 mil 364.3 millones de quetzales para remozamientos de escuelas y cobertura educativa, 320 millones para el pago de beneficiarios del Programa del Adulto Mayor y aumentar la cobertura en 40 mil personas de la tercera edad.

En seguridad, defensa y justicia se consideran 370.4 millones de quetzales para robustecer la presencia policial y bajar la violencia.

Ejecución es la más alta de los últimos 5 años

A la fecha, la ejecución de las entidades del Ejecutivo promedia el 34.3 por ciento del total del presupuesto y ese es el más alto en comparación con el mismo lapso de los últimos cinco años, indicó el ministro Menkos. “Aquí hay algunos retos.

Tenemos que acelerar la capacidad del Micivi y tenemos que hacer algunos ajustes en el Ministerio de Energía y Minas (MEM)”, agregó el funcionario. Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera, explicó que la baja ejecución que refleja el MEM tiene que ver con que este año rige el presupuesto del 2023.

“En ese sentido hay asignaciones en ese ministerio de 150 millones de quetzales para un subsidio para el gas propano, situación que, efectivamente, no se está utilizando en este ejercicio fiscal y que hace que el desembolso sea menor”, aseguró.

En cuanto al Micivi, dijo que el desempeño presupuestario “está influenciado por las revisiones y auditorías que se están haciendo a las obras y que ha ido pausando la ejecución”.

Analizarán propuesta de ampliación

Con la llegada de la iniciativa para la ampliación presupuestaria al Congreso de la República, los parlamentarios iniciarán con los análisis correspondientes y se encuentran a la espera de que sea presentada ante el Pleno durante una sesión extraordinaria.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, indicó que podrán analizarla hasta que llegue a la Sala Legislativa, luego de leerla en el hemiciclo, pero se preparan para hacer una invitación al ministro de Finanzas la próxima semana y a las diferentes carteras y secretarías.

“Vamos a conocerla y discutirla; la aprobación puede darse en junio o julio, le pondremos agilidad”, agregó el dignatario. Asimismo, algunas bancadas también se pronunciaron por la propuesta.

Jorge Castro, de VIVA, reconoció que hay necesidades importantes y que el presupuesto vigente no se adapta a los problemas que enfrenta el Ejecutivo, por lo que verán cada rubro, plantearán sus dudas y la respaldarán si está fundamentado.

Jairo Flores, de VOS, comentó que como bloque evaluarán de manera técnica la iniciativa, debido a que ven que es una ampliación principalmente por la vía del gasto.

Redacción DCA
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Plantean soluciones conjuntas a necesidades

Ejecutivo y alcaldes definen agenda de trabajo para el desarrollo.

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Foto: SCSPR

Acciones conjuntas y colaboración mutua para solucionar los problemas y necesidades de la población fueron abordados por el presidente Bernardo Arévalo y alcaldes de El Progreso y Jutiapa.

El mandatario realizó ayer una gira de trabajo en ambos lugares, con los cuales completó 20 jurisdicciones visitadas, a fin de formular junto a los jefes ediles una agenda de acciones para el desarrollo.

De acuerdo con información oficial, publicada por la Agencia Guatemalteca de Noticias, el mandatario destacó la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo y los gobiernos locales para lograr el desarrollo municipal.

“Aquí tenemos un equipo de alcaldes que lo que está buscando es cómo trabajamos juntos para sacar adelante las tareas de desarrollo de sus distritos”, afirmó Arévalo.

Encuentro productivo

Entre los temas abordados en la reunión de El Progreso, la cual se llevó a cabo en Guastatoya, destacan el tratamiento de desechos sólidos y líquidos, la necesidad de fortalecer el desarrollo social, con énfasis en las áreas de salud y educación. Los alcaldes expresaron la urgencia de mejorar estos servicios esenciales, a fin de garantizar un mejor futuro para sus pobladores.

Además, se requirió apoyo en la infraestructura vial y productiva y se discutieron necesidades específicas como la mejora de carreteras, caminos naturales y secundarios.

En Jutiapa, la junta con los alcaldes se dio en los mismos términos que en la anterior localidad. El Presidente afirmó: “Tenemos que cambiar la forma en la que hemos venido trabajando y por ello les invito a conocer nuestra nueva visión de hacer gestión. Vamos a implementar el Gobierno Departamental que va a identificar cuáles son sus planes y objetivos de desarrollo”.

También, les explicó a los alcaldes de Jutiapa sobre la implementación del gabinete departamental. En este trabajarán los delegados de las instituciones de forma conjunta para alcanzar los objetivos del desarrollo departamental y sobre el papel fundamental que tendrá la gobernadora o gobernador.

Redacción DCA
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