Destacado
Denuncian daños en el Parque Nacional Tikal
Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) denunciaron en el Ministerio Público los hechos delictivos que ocurrieron recientemente en el Parque Nacional Tikal, Petén, entre estos los incendios provocados y la quema, ayer, del quiosco de información y atención al público ubicados en el ingreso a las instalaciones.
Según informó en un comunicado el MCD, el personal de vigilancia del parque encontró a un grupo de hombres que presuntamente habrían cometido las acciones antes mencionadas. Asimismo, añade que los acusados intentaron incendiar la garita de ingreso número 2.
“Estos hechos atentan contra el patrimonio arqueológico y Reserva de la Biosfera Maya. Derivado de lo sucedido se ha solicitado el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en la región. Condenamos estos actos y esperamos se investiguen”, cita el pronunciamiento.
El MCD reiteró su compromiso con el cuidado de la flora, fauna y vestigios prehispánicos de la cultura maya ancestral, los cuales tienen un gran valor para el país y la historia mundial.
El reporte del (Insivumeh), por el paso de la onda del este número 22, informa que se presentarán nublados parciales a totales y lluvias durante la tarde y noche de este viernes 6 de agosto y el fin de semana.
El reporte del Insivumeh detalla que actualmente se presenta abundante nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, totalmente nublado con lluvias en Petén e Izabal, y debido al paso de la onda del este número 22 se estarán presentando nublados parciales a totales con lluvias y lloviznas intermitentes en la mayor parte del país.
Además, se espera actividad eléctrica por la tarde o noche y se prevé que los mayores acumulados de lluvias se presenten sobre las regiones de occidente, altiplano central, valles de riente, Caribe y Petén.
EFE
Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «la captura y detención inmediata» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
«Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela», dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.
Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
«Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero», destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.
Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de «terrorismo de Estado».
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.
En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
El «núcleo» del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.
«Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar», señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es «directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional», así como los demás cargos, ya que «la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones».
«Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República», sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir «evidencias, pruebas, respaldo legal» para que pueda actuar «rápido» en la causa contra Venezuela.
En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso «llamar la atención de lo que estaba pasando» en el país y de la «preocupación» por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es «muy frágil», así como de los «más de 1.200 detenidos políticos». EFE
EFE
La cárcel en Nicaragua fue un «martirio» y un «sufrimiento», según aseguraron dos de los 135 presos políticos acogidos por Guatemala bajo el respaldo de Estados Unidos.
Jeffrey José Ortega Orozco dijo: «Para una persona que está ahí, se sufre a diario», expresó, al recordar que eran torturados de manera sicológica por los guardias penitenciarios.
De igual forma, otro de los nicaragüenses que recobraron su libertad, Sergio Mena Amador, también manifestó su satisfacción por salir de la cárcel.
«Ha sido algo duro para nosotros. Tengo de estar allá preso 30 meses», contó Mena Amador el jueves por la noche.
«Todavía hay personas que quedaron (como presos políticos). Le pedimos a la población nicaragüense que siempre los sigan apoyando», añadió.
Los nicaragüenses arribaron por la vía aérea este jueves de madrugada a Guatemala, de manera sorpresiva, después de varios meses de negociación entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua.
El subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Eric Jacobstein, confirmó la buena salud de los refugiados, a la espera de revisiones médicas, durante una rueda de prensa en la tarde de este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
Por el momento, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas han indicado que no se divulgará el listado de los 135 presos políticos acogidos por el país centroamericano, debido a restricciones legales y de seguridad.
Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Martínez, aseveró que en el listado hay líderes «religiosos, académicos, de organizaciones no gubernamentales, políticos, defensores y protectores de los derechos humanos».
La única confirmación al respecto es que en el listado se encuentran 13 integrantes de la organización Mountain Gateway, aunque ya han sido confirmados otros nombres como los de Ortega Orozco y Mena Amador.
«Este es el resultado de meses de presión pública y privada por parte de Estados Unidos para que Ortega-Murillo (presidente y vicepresidenta de Nicaragua) liberen a las personas detenidas injustamente», había apuntado Jacobstein anteriormente durante este jueves en una llamada telefónica.
De hecho, aseguró, «el régimen nicaragüense no obtuvo nada» a cambio por la liberación de los 135 presos que fueron trasladados a Guatemala, sino que fue «una acción unilateral» del Gobierno nicaragüense.
Al menos 151 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encontraban en las cárceles del país, según denunció el pasado 6 de agosto el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los 135 presos políticos liberados estarán en Guatemala durante los próximos 90 días previo a definir su destino final en el exilio, incluida la posibilidad de radicarse en Estados Unidos.
